Para Barrer al Corrupto por Enrique Santos Molano. Editorial diario El tiempo
Para Barrer al Corrupto
Por: Enrique Santos Molano
20 de Septiembre del 2012
Eurípides pone en boca de la nodriza Fedra ('Hipólito', 428 a. C.) esta cogitación: "Hace ya largo tiempo que una noche reflexioné en las causas de la corrupción humana". Las conclusiones de esa meditación las desarrolla el gran trágico griego a lo largo de sus 19 tragedias, y pueden resumirse así: el elemento más corrupto y corruptible de los que existen en la Tierra es el ser humano; no todos los humanos son corruptos, ni siquiera lo es la mayoría, pero todos son susceptibles de corromperse. Las leyes nada pueden contra la corrupción. Las más de las veces están elaboradas por legisladores corruptos, y sirven a los propósitos de una sociedad corrupta. Los únicos que pueden combatir la acción de los corruptos son los honestos. Cuando una sociedad es gobernada por personas honradas, unas pocas leyes (o incluso ninguna) bastan para hacer la felicidad colectiva. Cuando gobiernan los corruptos, todas las leyes imaginables solo aprovecharán a los que mandan, y harán la infelicidad del común de los asociados.
Las actuaciones, justamente criticadas, de algunos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fueron el pretexto para el escandaloso proyecto de reforma de la justicia, que indignó a la nación y que por fortuna se hundió, y el cual incluía, como supuesto elemento depurador, la eliminación del Consejo Superior, sin tener en cuenta que la Sala Administrativa ha sido, es, y se propone seguir siéndolo, un ejemplo de magistrados probos que velan por el funcionamiento adecuado de la rama judicial, inspirados, al parecer, por la sabiduría de Eurípides en cuanto a la necesidad de poner a personas honestas en el manejo de la cosa pública y, sobre todo, de la Justicia.
Hay que barrer al funcionario corrupto de todos los cargos públicos, si queremos un país viable. No será el disparatado estatuto anticorrupción (Ley 1474 del 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, y la efectividad del control de la gestión pública") el que ponga coto a la corrupción ni vuelva honrados a funcionarios que no lo son. Es la selección rigurosa, inexorable, la honestidad comprobada de cada funcionario que se escoja para el servicio público, de cada senador, representante, diputado o concejal que se elija por el voto popular, y que son los llamados a servirle al país de modelo de conducta, lo único que podrá frenar la corrupción y limpiar de corruptelas la burocracia. Con el Estatuto Anticorrupción harán los corruptos lo mismo que hacemos todos con el papel higiénico.
Un buen ejemplo de selección de funcionarios honestos, de magistrados verdaderamente honorables, nos lo suministra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo presidente, Néstor Raúl Correa Henao, propuso a la magistrada auxiliar Olga Yineth Merchán, de antecedentes intachables en todo sentido, como reemplazo temporal del magistrado Francisco Escobar Henríquez, mientras la Corte Suprema le elige el sustituto en propiedad. El magistrado Ricardo Monroy Church postuló para esa elección a uno de los juristas más acreditados del país, el doctor Eduardo Suescún, persona de honestidad cristalina, que ejerció con grande acierto y aplauso general el Ministerio de Justicia en la administración del presidente Virgilio Barco, de quien fue también embajador en Suiza y Hungría.
El magistrado José Agustín Suárez Alba coadyuvó a la postulación del doctor Suescún, y en la última Sala Plena Administrativa propuso también a la Sala Disciplinaria proceder con el mismo criterio riguroso a la selección de quien vayan a postular como reemplazo, así mismo temporal, del magistrado Jorge Armando Otálora, elegido Defensor del Pueblo, y adujo a manera de ejemplo los nombres de los exdirectores del Departamento Nacional de Planeación, doctora Cecilia Montaño y doctor Esteban Piedrahíta Uribe (de sobra conocidos por su formación humanística asentada en una honestidad irreducible), a quienes visitó para ofrecerles la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no pudieron aceptar por compromisos ya adquiridos.
Así, nivelando con estatura moral, académica, profesional y ética, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura abordó esos temas de la integración o renovación de sus miembros, tanto en su propia Sala como en sesión plenaria del Consejo -y en la visita oficial que hizo a las cortes la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el pasado trece de septiembre-, para solicitarles a los nominadores fijar altos niveles (como los que puse de ejemplo) a la hora de proveer los reemplazos de Magistrados, y en el momento de integrar la terna de donde se habrá de elegir al Director Ejecutivo de la Rama Judicial.
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No mucho tengo que añadir a las objeciones críticas, recias y contundentes, que la prensa y la opinión han hecho contra la forma, entre ilegal e indelicada, como el Procurador General ha sido ternado para aspirar a su reelección; pero pienso que un jefe del Ministerio Público que ha perseguido en forma incansable a la senadora Piedad Córdoba, destituyéndola reiteradamente sin razón ni justicia (o sí, con mucha razón y justicia, pues no contaría con el voto de la senadora Córdoba para ser reelegido, sino con su oposición), y que no ha movido un dedo para sancionar al senador Eduardo Merlano por su mala conducta en el episodio del borrachímetro (el voto del senador Merlano está asegurado para reelegir al Procurador), no es persona que inspire confianza en el proceder imparcial que debe caracterizar a un funcionario de magna importancia como el Procurador General de la República.
Amenaza el 'orangután' de la reforma a la justicia
REVISTA SEMANA 27-10-2012
En vista de que la reforma a la justicia se cayó, algunos magistrados parecen querer hacerla a su manera: unos buscan ser 'reelegidos' y otros se atornillan al puesto a pesar de que les llegó la edad de retiro forzoso.
Cuando el orangután de la reforma a la justicia se cayó se propagó un chiste entre las altas cortes que decía que "algunos magistrados no habían podido hacer aprobar el artículo 1270". Se mofaban de los togados que habían dado su brazo a torcer y habían aceptado finalmente el proyecto de reforma a la justicia del gobierno y el Congreso porque en él les daban dos gabelas: que el período de magistrado se extendiera a 12 años y la edad de retiro a los 70. De ahí, el 1270.
Sin embargo, con lo que no se contaba es que algunos de los magistrados, ante el fracaso del acto legislativo decidieran hacer la reforma a su manera. O se dieron las gabelas a su manera.
Por un lado, como no les extendieron el periodo, algunos magistrados están intentando saltar a otra corte. Y el intento se está dando justo ahora. Resulta que hay dos vacantes en el Consejo Superior de la Judicatura y para sorpresa de muchos los aspirantes a sucederlos son tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es posible, aunque difícil, que en algunos países a uno que otro magistrado le dé por terminar en una Corte y seguir en otra. Pero lo que tal vez no ha ocurrido en ninguna parte es que para reemplazar a dos magistrados de una corte los candidatos sean tres magistrados de otra corte.
Y eso puede suceder porque es la Corte Suprema la encargada de elegir a los juristas para llenar las dos vacantes. Pues entonces, la sala civil de la corte ternó a Francisco Ricaurte, la penal a Pedro Munar y la laboral a Sigifredo Espinosa. Como se recordará Espinosa fue quien en pleno trámite de la reforma a la justicia mandó una curiosa carta de renuncia en la que reconocía que su periodo finalizaba pero aclaraba que si el acto legislativo se aprobaba y este se extendía, él no se retiraba. Y, como se recordará también, Ricaurte fue criticado porque promovió en su casa encuentros con los congresistas para arreglar la reforma a la justicia. Y Munar fue el que tuvo una palomita de unos días como presidente de la Corte, como parte de los acuerdos burocráticos a los que llegaron en la propia Corte Suprema para destrabar, en ese entonces, la elección de Vivian Morales como Fiscal.
El otro frente de batalla de algunos magistrados es extender la edad de retiro forzoso a los 70 años. De hecho, hay dos del Consejo de Estado que están hoy dando largas a su salida. Se trata de Víctor Alvarado y William Giraldo. Ambos ya cumplieron los 65 años pero no se han retirado.
Giraldo cumplió la edad de retiro forzoso a finales del año pasado pero pidió permanecer en el Consejo de Estado. Puso una tutela y un tribunal le negó su aspiración, pero luego la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura le dio la razón "hasta que el congreso expida la normatividad sobre la materia", es decir la reforma que estaba en curso. La decisión ni siquiera fue tomada por un magistrado en propiedad, sino por una encargada, María Constanza Rivera, quien ocupaba temporalmente el despacho de Henry Villarraga. La Corte Constitucional decidió elegir esa tutela para estudio. Hay un antecedente de una tutela que le negó una petición similar al magistrado del Consejo de Estado Jaime Moreno y al Fiscal Gustavo de Greiff lo sacaron del cargo con ese argumento.
Este ha sido un punto de discusión de tiempo atrás pues la Constitución de 1991 estableció que los togados pueden permanecer en su cargo hasta la edad de "retiro forzoso", pero no estableció cuál era. Sin embargo, la interpretación que ha hecho carrera es que debe aplicarse un decreto de 1978 que dice que es a los 65 años.
Sin embargo, hay quienes alegan que ese decreto solo puede aplicarse a las cortes que existían en esa fecha (la Suprema y el Consejo de Estado) y otros que dicen que como algunos magistrados de la Corte Constitucional (Marco Gerardo Monroy y Fabio Morón) ocuparon ese cargo superando los 65 años, todas las cortes deberían igualarse al retiro forzoso a los 70.
Que los magistrados se retiren a los 70 años no tiene nada de malo. Hay lugares como Estados Unidos en los que los altos cargos de la rama judicial incluso son vitalicios. Lo que no huele bien es que sean los mismos magistrados quienes estén empujando fallos a nombre propio.
Ambos frentes, la reelección de los magistrados y el fallo de la tutela, se deben resolver esta semana. Y entonces se sabrá si el fantasma del orangután de la reforma a la justicia regresó o se enterró definitivamente.
A CASTA SUPERIOR
Salud Hernandez
27 de Octubre del 2012 EL TIEMPO.COM
Es un cincuentón de aspecto campesino. A veces viste camuflado y otras, camisa, poncho y carriel para confundirse entre la población. Instaló un campo de concentración permanente en Venezuela, frente a Arauca, y ha hecho del secuestro un negocio muy lucrativo. 'Brazo de reina', alias que puede responder a una larga cicatriz en su codo derecho, suele exigir cantidades astronómicas a cambio de libertad y, aunque luego las rebaja, obtiene jugosas ganancias. Con unos pocos cautivos puede ingresar más de mil millones, cifra nada desdeñable para una banda armada que posa de política y de menos virulenta que sus primos farianos. De hecho, varias voces llevan semanas clamando por que abran campo al Eln en las negociaciones de paz.
El sábado pasado, 'Brazo de reina' marcó al celular de un joven pariente de Alberto Alvarado -topógrafo de 62 años que se hizo supervisor de obras y llevaba cuarenta años ejerciendo con honradez ese oficio hasta que lo secuestraron meses atrás-. Por su libertad ya habían pagado setenta millones, recogidos entre amigos porque la familia carece de recursos. Pero el comandante quería más y el pariente no lograba reunir el dinero.
"La próxima llamada es para avisarle que lo recoja muerto. Y no se compre un cajón sino dos porque usted me va a pagar con su vida la plata que falta", advirtió embravecido.
Al día siguiente cumplió parte de su amenaza. El empleado de una funeraria recogió el cuerpo cosido a balazos de don Alberto. Ninguna autoridad pudo levantar el cadáver porque en el lugar donde lo botaron mandan los elenos.
Al margen de la canallada de segar la vida de un hombre bueno, amante de su hogar, apreciado y respetado en su gremio, la preocupación ahora es el riesgo que corre el pariente (no puedo dar su nombre) porque 'Brazo de reina' quiere matarlo.
Buscando seguridad para él, conocí que yo, como periodista, pertenezco a una casta superior, sujeta de privilegios. Si me amenaza la guerrilla, la Agencia Nacional de Protección me da carro y escoltas. Lo mismo si soy sindicalista, exsecuestrada política, miembro de una ONG fuerte o política retirada con apellido y conexiones. Pero si no encajo en ninguno de esos perfiles, mi vida adquiere categoría de paria.
"Más bien le recomiendo que le diga a la Policía que detengan a los secuestradores", me recomendó un funcionario cuando le hablé del señor. "El problema -le respondí- es que tendría que pedírselo usted a la ministra Holguín porque los protege Chávez."
La percepción para los gobiernos y muchos ciudadanos es que si se trata de un secuestrado extorsivo, tiene plata para pagar guardaespaldas y carro blindado. Por lo tanto, su seguridad es problema exclusivo suyo. Además, si lo asesinan, ningún congresista gringo ni ONG foránea señalarán al Gobierno como responsable, ni habrá escándalo mediático, así que no es prioridad para nadie. Además, no nos engañemos, es más preciada para cualquier gobierno la vida de un exguerrillero como Francisco Galán, la de un líder de la Marcha Patriótica, la de un periodista conocido, así magnifique o invente amenazas, y la de alguien con apellido ilustre y rosca, que la de un colombiano del común. Triste e injusto, pero cierto.
Para lo que sirva, desde ya lanzo la alerta temprana de que la persona a quien el comandante amenazó necesita seguridad y no tiene cómo pagarla.
NOTA. Otra alerta, esta contra la corrupción: los exmagistrados de la Corte Suprema Tarquino, Ricaurte, Munar y Espinosa pretenden conservar sus gabelas, ahora desde el Consejo Superior de la Judicatura. Si sus colegas actúan con decencia, no pueden elegirlos. La Sala Administrativa del CSJ está trabajando duro por eliminar las manzanas podridas.
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