Palabras del Presidente de la Sala Administrativa Néstor Raúl Correa Henao ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
Bogotá, D.C., 23 de mayo de 2012
Honorables Representantes:
En mi calidad de Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura me permito intervenir en este debate sobre la reforma a la justicia, atendiendo la gentil invitación que nos hiciera la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Sea lo primero señalar que el ideal habría sido que este proyecto de reforma a la justicia se hubiese archivado, para elaborar un texto más técnico, participativo y pausado, pues de todas maneras el sector justicia amerita ser repensado.
En su conjunto, el proyecto, más que una reforma a la justicia, hace entrar en línea de cuenta un campo de batalla para delimitar las fronteras entre las ramas del poder, en un marco no muy claro de la vida política nacional. Se trata de redefinir las cercas del predio de la justicia. En ese debate, que es legítimo, la rama judicial ve desplazar una parte de su poder hacia la rama ejecutiva y otra al sector privado, de manera que es la gran damnificada con la reforma. Y en la orilla contraria, con el proyecto gana la clase política, cuyo juzgamiento se rodea de mayores garantías.
En general, la idea de fondo pareciera ser crear las condiciones que posibilitan el mejoramiento de la situación de los parlamentarios investigados y la situación de los inversionistas, antes que las de las víctimas y demás usuarios del servicio público de justicia.
Pero ya que el proyecto de reforma pareciera abrirse paso, la Sala Administrativa quiere hoy aquí contribuir con unos aportes para que el Honorable Congreso de la República los tenga en su consideración.
Estos aportes buscan corregir el proyecto de reforma, en el sentido de que expresan las ideas que mejor encuadran con los principios de derecho de acceso igualitario a la justicia, autonomía judicial e independencia de los jueces, valores éstos que se constituyen en el norte ético de esta intervención.
Dividiré la presentación en dos partes: primero me referiré al proyecto en su conjunto y luego al gobierno de la rama judicial en particular, así:
En primer lugar, respecto del proyecto de Acto Legislativo en su conjunto, destacaría ocho puntos, a saber:
1. Derechos humanos: el proyecto es regresivo, porque permite las retenciones administrativas y las restricciones a los derechos sin orden judicial por parte de la Fiscalía.
2. Delegación de funciones judiciales a particulares: el proyecto privatiza algunas funciones judiciales en abogados particulares, notarios y centros de conciliación y arbitraje, que no son funcionarios de carrera, no han sido formados por la Escuela Judicial y además deberán cobrar por sus servicios, con lo cual se introduce una tasa judicial que va a afectar el acceso a la justicia de los estratos uno y dos. La solución, si hay congestión judicial, consiste simplemente en incrementar la oferta de jueces.
3. Presupuesto de la rama judicial: se establece que la rama ejecutiva podrá condicionar el giro de aportes adicionales a la justicia, del orden de dos billones de pesos en seis años, al logro de “ciertos resultados” del agrado del gobernante, amén de que esos aportes se realizan en bienes y servicios, no en dinero. Por esta vía el gobierno adquiere el poder de someter a la justicia, con lo cual se afecta la autonomía judicial.
4. Sobre la prórroga del período y edad de retiro forzoso de los magistrados: ello debería consagrarse únicamente para los futuros magistrados, no para los que hoy ejercen el cargo.
5. Sobre el ordenamiento territorial de la administración de justicia: el proyecto guarda silencio sobre este punto. Debería aprovecharse la oportunidad para disponer que los departamentos, distritos y municipios podrán celebrar convenios interadministrativos con la Sala Administrativa, orientados a cofinanciar proyectos de justicia, tales como palacios de justicia, tecnología y desconcentración territorial, entre otros.
6. Sobre el régimen de transición de la reforma: tampoco se prevé en el proyecto de reforma un régimen de transición en materia administrativa y disciplinaria para el nivel nacional, de manera que los primeros meses habría ruptura en la continuidad de la prestación de un servicio público, lo cual es grave y debe ser corregido en los debates que restan.
7. Sobre el costo de la nueva institucionalidad: menos aún se ha estudiado el impacto fiscal de la nueva arquitectura judicial. Aquí lo suministro: en el proyecto se crean nueve plazas de magistrado en la Corte Suprema de Justicia, nueve en el Consejo Nacional de Disciplina Judicial y tres delegados en la Sala Ejecutiva de Administración Judicial, para un total de 21 plazas nuevas. Paralelamente se suprimen 13 cargos de magistrado, que corresponden a los siete de la Sala Disciplinaria y seis de la Sala Administrativa, el mío incluido. Por consiguiente hay un plus de 8 cargos nuevos, que tendrán un costo anual de trece mil millones de pesos.
En segundo lugar, respecto del Consejo Superior de la Judicatura, en particular, es mi deseo subrayar lo siguiente:
Es necesario diferenciar tres instituciones, así: el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y la Sala Administrativa.
En primer término, el Consejo Superior de la Judicatura es una institución que se divide en dos Salas y a él se referirá aquí el Presidente del mismo.
En segundo término, respecto de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el proyecto de reforma se mantiene la autonomía de la función disciplinaria para los jueces, o sea separada del Ejecutivo y del Ministerio Público, pero se cambia el origen de la postulación para ser magistrado del nuevo ente que asume la función. En otras palabras, sólo se trata de la sustitución de un organismo por otro, con diferente origen. Esa propuesta, en mi sentir, configura un avance, pues refuerza y profundiza la autonomía judicial, en el sentido de que desplaza de la rama ejecutiva a la rama judicial la función de postulación de las ternas de candidatos a magistrado. Sin embargo no se ve necesario que este nuevo ente esté integrado por nueve magistrados sino que con cinco bastaría, máxime si se le va a quitar el conocimiento de tutelas y más delante el juzgamiento de los abogados independientes, cuando se cree la colegiatura, que es también una gran idea.
En tercer término, respecto de la Sala Administrativa, en el proyecto de reforma se cambia una estructura de dos niveles por una de tres niveles, en la medida en que la actual Sala Administrativa se reemplaza por dos órganos, a saber: una “Sala de Gobierno Judicial” y una “Sala Ejecutiva de Administración Judicial”, al tiempo que se mantiene y fortalece la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Pero las funciones actuales de la Sala Administrativa se dispersan entre los tres órganos que se piensa establecer.
Siendo yo el Presidente de la Sala Administrativa, es función mía referirme entonces a este punto, en los siguientes términos:
La nueva institucionalidad para el gobierno de la rama judicial que contempla el proyecto de Acto Legislativo es aparatosa, imbricada, discontinua y sin gobernabilidad ni autonomía.
En particular es posible identificar las siguientes falencias:
1. Las presidencias de las Altas Cortes son anuales, de manera que la Sala de Gobierno Judicial, encargada, entre otras, de elaborar el plan sectorial de desarrollo, va a cambiar de políticas cada año. La inestabilidad de las políticas, planes, programas y proyectos será total. De una Sala permanente se pasa a un modelo precario, atomizado, inestable y sin visión de futuro.
2. Los delegados de la Sala Ejecutiva de Administración Judicial son de libre nombramiento y remoción, de manera que, cambiando cada año su nominador, es natural que también cada año los cambien. También así se verá afectada la continuidad en el sector, como se acaba de señalar.
3. El Director Ejecutivo de Administración Judicial pasa a ser un auténtico dictador de la rama judicial, pues a sus funciones actuales se le adiciona el manejo de la Escuela Judicial, de la carrera judicial y de las estadísticas, todos ellos temas de alto gobierno y no de simple ejecución. Se trata de una mezcla informe y peligrosa de competencias de distinta naturaleza.
4. El Director Ejecutivo de Administración Judicial es nombrado por la Sala de Gobierno pero trabaja bajo las directrices de la Sala Ejecutiva, que no es su nominador, con lo cual se compromete la gobernabilidad.
5. Los requisitos para ser Director Ejecutivo de Administración Judicial deberían eliminarse, para en su lugar consagrar un concurso público de méritos que permita elegir a una persona de alto perfil gerencial.
6. La Sala Ejecutiva llevaría el control de gestión, pero el Director Ejecutivo llevaría el control de rendimiento, con otra batería de indicadores, de manera que es probable que el resultado del sector conduzca a conclusiones contradictorias. Esta duplicidad funcional debe evitarse.
7. También hay duplicidad en la ubicación y redistribución de los despachos judiciales, competencia que se asigna al mismo tiempo a las dos Salas que se crean.
8. Igualmente se establece una duplicidad para crear Consejos Seccionales de Disciplina Judicial, pues en dos ocasiones el texto otorga simultáneamente la competencia al legislador y a la Sala de Gobierno Judicial.
9. Se elimina la elaboración de listas de candidatos a Alta Corte por parte de la Sala Administrativa, para regresar al sistema de cooptación pura, explícitamente combatido en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, por considerar que podía conducir al corporativismo judicial y al anquilosamiento de la jurisprudencia.
En suma, el nuevo aparato institucional debe ser remodelado. Es por ello que me permito proponer lo siguiente fórmula, que recoge los consensos de la reforma con las bondades de lo que hoy opera, así:
Que se mantenga la actual Sala Administrativa, enriquecida con la presencia de los presidentes de las tres Altas Cortes y con un representante de los funcionarios y otro de los empleados, mientras el legislador no disponga otra cosa.
Esta propuesta tiene las siguientes ventajas:
De un lado, la actual Sala Administrativa viene haciendo bien la tarea y merece un voto de confianza. En los últimos seis meses la Sala ha logrado lo siguiente:
1. Creó juzgados en los 135 municipios que carecían de oferta judicial. Desde mayo están operando 73 de esos despachos, en junio entrarán otros 40 en operación y el resto en el mes de julio.
2. Creó los cargos de jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, en coordinación con la Unidad de Restitución y el Ministerio de Agricultura. Son 22 jueces y 15 magistrados para este año, los cuales ya están todos nombrados y capacitados.
3. Implementó las condiciones para el ingreso a la oralidad de todas las jurisdicciones y especialidades. Para ello ha construido centenares de salas de audiencias con equipos de grabación, ha impartido cursos de formación y ha elaborado modelos de gestión, todo ello con escasos recursos.
4. Puso en ejecución una política de descongestión, que le permitió el año pasado evacuar más de dos millones de expedientes. Lo que pasa es que el inventario de procesos acumulados disminuye a una velocidad inferior a la deseada, porque, por ejemplo, en el año pasado se tramitaron 518.000 acciones de tutela, la mitad de ellas en dos instancias, más sus incidentes de desacato, algunos de éstos también en doble instancia, para un total de más de ochocientas mil decisiones constitucionales. Hay que señalar que el 90% de esas tutelas es por el mal funcionamiento de la rama ejecutiva, en sus diferentes niveles territoriales. En otras palabras, la congestión que persiste en la rama judicial se debe a la negligencia de los gobernantes, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los jueces y magistrados.
5. Estableció desde enero un concurso de méritos para la elaboración de candidatos a las Altas Cortes. Hoy en día el proceso tiene publicidad, transparencia, participación de la comunidad y además se decide en audiencia pública transmitida en directo.
6. Estableció también en este año un concurso de méritos para la elaboración de ternas de candidatos a Director Ejecutivo Seccional, que tiene las mismas características anteriores.
7. Publicó en la página Web de la rama judicial las estadísticas que tiene, los viajes de los servidores judiciales y próximamente hará una rendición de cuentas, todo ello inscrito en el marco de los principios de transparencia y publicidad.
Y, de otro lado, reforzar la Sala Administrativa con los presidentes de las Altas Cortes y los representantes de los funcionarios y empleados, como lo propone la reforma que nos ocupa, le confiere mayor legitimidad a la Sala.
Como se aprecia, hoy en día estamos haciendo bien la tarea y podemos enriquecernos con la presencia de las personas que en el proyecto de reforma se prevé para integrar la Sala de Gobierno Judicial. Ello permitiría fusionar lo bueno de hoy con las virtudes de la reforma, al tiempo que evitaría los traumas de la transición. Y, paralelamente, se propone que este esquema se mantenga mientras el legislador no disponga otra cosa, para desconstitucionalizar el tema y permitir una evaluación pausada sobre el sector que, no lo desconocemos, está pendiente por hacer.
En conclusión, el esquema institucional propuesto en la reforma es un salto al vacío, lo cual no da cuenta de una actitud responsable. La administración de justicia es un asunto serio, muy serio, demasiado serio para ponerse a improvisar alegremente.
Por último, me autorizo a decirles lo siguiente: yo soy Néstor Raúl Correa Henao, Presidente de la Sala Administrativa, que es el actual órgano de gobierno de la rama judicial de la República de Colombia, y quiero dar testimonio de la silenciosa dignidad que ha caracterizado la actuación de la Sala en los últimos meses, la cual ha preferido ver cómo le pasan una ruidosa aplanadora por encima, antes que entrar en componendas con terceros. Moriremos de pie.
Muchas gracias,
Néstor Raúl Correa Henao
Presidente
Sala Administrativa
'
