La reforma a la Justicia y el papel preponderante del Consejo Superior de la Judicatura en la modernización del poder Judicial
La reforma a la justicia que cursa en el Congreso pretende mayor eficiencia y eficacia en la administración de justicia. Para lograr el consenso de los diferentes actores políticos, sociales y económicos así como el compromiso de la élite judicial local en la implementar los cambios que necesita el sistema judicial, se requiere no sólo de mayores recursos económicos sino también de un órgano independiente y autónomo al interior del poder judicial que demuestre su compromiso en el reclutamiento de jueces y magistrados, y su dedicación para lograr mantener el cuerpo judicial actualizado y preparado para los retos de un mundo globalizado. Y ello, porque es este grupo de operarios de la justicia el que deberá garantizar, en últimas, la calidad de las decisiones y la seguridad jurídica.
Ese organismo ya existe y es el Consejo Superior de
Aunque el texto del proyecto inicial, hubiere planteado la desaparición de
En este sentido no se puede desconocer los avances hasta hoy logrados por
1. Se han realizado 62 convocatorias públicas con 332 mil inscritos, logrando un efectivo reclutamiento de empleados y funcionarios judiciales, lo cual se ha venido haciendo a través del concurso de méritos con transparencia y celeridad.
2. Para cumplir con su labor de potencializar el talento humano del poder judicial,
3. Así mismo se cuenta con un sistema de evaluación y rendición de cuentas que avanza hacia la transparencia, por cuanto pretende involucrar además de los aspectos individuales sancionatorios de la calificación insatisfactoria para los funcionarios, criterios de evaluación de resultados colectivos de acceso a la justicia, con el fin de permitir a los ciudadanos ejercer un control sobre los resultados esperados. Hay indicadores que permiten actualmente medir el desempeño, además se están diseñando indicadores que medirán los resultados esperados en términos de realización de derechos fundamentales, seguridad jurídica medible a partir de la aplicación de precedentes judiciales obligatorios de altas cortes, porcentajes de acceso a la justicia por estrato social y tiempos razonables para la solución de conflictos, entre otros temas. Esto solo lo hace un ente especializado como la sala administrativa.
4. Antes de exigir esta clase de resultados,
5. Las reformas al CCA y al Código general del proceso permitirán unificar la jurisprudencia de las altas cortes y su aplicación en sede administrativa, homogeneizar los procedimientos y reducir la complejidad procesal, lo que a su vez redundará en la descongestión judicial, pero lograr estos resultados esperados se requiere, sin lugar a dudas y en primer lugar, capacitar el talento humano e incentivar a los funcionarios que obtengan los primeros lugares en calidad de sentencia y aplicación de precedentes nacionales e internacionales, así como los que tengan los mejores porcentajes y las mejores prácticas en productividad judicial.
Se deberá premiar además a quienes contribuyan con sus ideas para acelerar la modernización de la rama judicial, a través por ejemplo de la implementación efectiva de las TICs, tareas que ya viene cumpliendo
En conclusión, si se quiere avanzar en el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública para la justicia en el país, el Congreso deberá fortalecer
ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
Presidente Tribunal Administrativo del Magdalena
VIVIANA LOPEZ RAMOS
Coordinadora Jueces Administrativos de Santa Marta
Suscrito por todos los Jueces y Magistrados de
