Judicatura seguirá garantizando transparencia en conflictos entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria
Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2013.- La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura señaló que seguirá brindando todas las garantías procesales a los miembros de la Fuerza Pública y a la ciudadanía en general, en los conflictos de jurisdicción que dirime entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Penal Ordinaria.
El presidente de la Sala, magistrado Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que ante la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el acto legislativo que establecía reformas contitucionales al fuero militar, la Sala Disciplinaria seguirá garantizando la transparencia en los procesos de colisiones de competencia, los cuales son definidos con apego a la Constitución y la Ley.
Con la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2012 por parte de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, seguirá conociendo de los conflictos suscitados para procesar a militares y policías que estén siendo investigados por hechos presuntamente cometidos en el servicio activo.
Esas funciones fueron otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura por el artículo 256, numeral 6, de la Constitución Política de 1991 y el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, funciones que la Corporación viene desempeñando con toda la transparencia que la Administración de Justicia y la ciudadanía requiere.
Durante el presente año, de los conflictos puestos a consideración de la Judicatura, entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria, el 50 por ciento de esos casos han sido remitidos para que sea la Justicia Ordinaria la que conozca de los asuntos, mientras que el 43 por ciento fueron enviados a la Justicia Penal militar, en los otros asuntos la Sala Disciplinaria se abstuvo de dirimirlos.
Para el magistrado Ruiz Orejuela, la determinación de la Corte Constitucional frente a la reforma al fuero militar no cambia en nada la labor que ha venido desempeñando el Consejo Superior de la Judicatura, la cual se ha hecho con apego a los preceptos legales y respetando el debido proceso que es una garantía establecida por la Constitución Política.
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