Consejo de Estado se margina del debate sobre la reforma a la justicia porque afecta el Estado Social de Derecho

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La Sala Plena del Consejo de Estado comunica que la Corporación ha resuelto marginarse de las deliberaciones que se adelantan en el Congreso de la República en torno al proyecto de reforma constitucional a la administración de justicia por las siguientes razones:

 

1.      La reforma que se está adoptando exhibe una evidente incoherencia entre lo inicialmente anunciado y propuesto, y lo que viene resultando como consecuencia de una precipitada deliberación legislativa, que parece fuera de control.

2.      El texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, como son la congestión de los despachos judiciales, la garantía del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo.

3.      Algunas de las disposiciones aprobadas debilitan la autonomía de la Rama Judicial y los principios de separación y equilibrio de las ramas del poder público.

4.      Las funciones exorbitantes que el proyecto atribuye a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deterioran la autonomía y la gobernabilidad de la Rama,  ignoran graves cuestionamientos públicos que afectan la dignidad de la justicia, pasan por alto autorizadas críticas al equivocado diseño institucional de ese organismo y aniquilan el equilibrio de los poderes públicos.

5.      El Consejo de Estado, con base en la confianza que le merecen las instituciones democráticas, elaboró con seriedad y responsabilidad un proyecto de reforma constitucional a la justicia que, luego de un amplio debate interno, presentó al Congreso de la República. Sin embargo, su consideración quedó reducida a un plano meramente formal y protocolario.

6.      Advierte  el Consejo de Estado, con preocupación, que  los textos hasta ahora aprobados no se concilian, en algunos aspectos, con los postulados del Estado Social de Derecho, la prevalencia del interés general y el derecho que asiste a todas las personas residentes en Colombia de acceder a una justicia independiente, pronta y eficaz.

 

El Consejo de Estado reafirma su compromiso institucional con la administración de justicia y ratifica su determinación de perseverar en la defensa de los derechos constitucionales y democráticos.

 

 

Bogotá, D.C., noviembre 23 de 2011

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