Comunicado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 24 de mayo de 2012
COMUNICADO DE PRENSA
DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2012
No hay desangre de los recursos públicos en la rama judicial
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informa que no hay un desangre de recursos públicos en la rama judicial, aunque reconoce que existen casos aislados de corrupción, que no tienen tampoco la virtualidad de manchar la gestión de un gran grupo humano comprometido con la administración de justicia y con la ética pública.
La columna de hoy en un periódico, que informa lo contrario, es de todos modos bienvenida, en el sentido que da cuenta del interés de la comunidad y de la opinión pública por participar en el sector justicia.
De paso se destaca que la nota periodística se refiere a un informe de diciembre pasado de la Contraloría General de la República, ampliamente difundido por la prensa nacional el 28 de diciembre; reiterado en el pasado 16 de abril en El Tiempo y El Espectador, justo el día del quinto debate de la reforma; y reproducido de nuevo hoy, al momento de elaborarse la ponencia para el séptimo debate de la reforma. No sería de extrañar verlo repetido por cuarta vez la próxima semana, al momento de la votación de dicha reforma.
De todos modos la Sala Administrativa se encuentra en el deber de dar otra opinión sobre los hechos denunciados por la prensa, tan legítima como la opinión de ésta, en los siguientes términos:
En primer lugar, el carrusel de pensiones, tal como lo he venido yo denunciando desde hace varios meses, es un hecho éticamente reprochable, socialmente injusto, jurídicamente cuestionable y económicamente ruinoso. Por tanto debo reiterar que aquí no hay solidaridad de cuerpo con los ilícitos y que los responsables deben responder a título personal. Y también debo insistir una vez más que apoyo la valiente investigación de la Señora Contralora, Sandra Morelli, que esperamos llegue hasta sus últimas consecuencias.
En segundo lugar, el gasto de funcionamiento del presupuesto de la rama judicial fue de 1.8 billones de pesos, que corresponde al 90.4% del presupuesto total. No se trata de una “lluvia de plata” sino de escasos recursos, que corresponden apenas al 10% del presupuesto anual del sector defensa. Y es normal que casi todos los recursos se destinen a funcionamiento, pues la función de la justicia es contar con jueces y empleados que prestan el servicio público de la administración de justicia. En la rama judicial trabajamos 23.500 servidores públicos, de los cuales 4.600 son jueces o magistrados. Y el pago de esa nómina es el que genera el gasto de funcionamiento. De otra parte, es natural que con un incremento de la demanda de justicia, que en el periodo 1993 – 2011 ha sido del 205%, el presupuesto para atender estos casos deba incrementarse. Y en todo caso, no debe perderse de vista que no solamente el incremento se ha presentado en el presupuesto, sino también en la productividad de los despachos judiciales, al pasar de 566.827 procesos en 1993 a 2.711.840 procesos en 2011, con un aumento del 378%.
En tercer lugar, los recursos del orden de $490 mil millones de pesos en el período 2009 – 2011 asignados para la ejecución del Plan Nacional de Descongestión fueron bien invertidos y no se perdieron.
En términos generales los resultados de esas medidas se pueden resumir así:
- Reducción de inventario: una importante reducción del inventario de procesos, correspondiente a 781.520 casos en esos tres años. Esta reducción representa el 26% de la totalidad de procesos que tenía la rama judicial al inicio del año 2009.
- Egresos superiores a los ingresos: en el año 2008, antes de la estructuración del Plan Nacional de Descongestión, los despachos judiciales evacuaban solo el 93% de los procesos demandados en el año. En el 2011, gracias a las medidas de descongestión, se logró evacuar el 119% de los procesos que ingresaron en el año, con lo cual se logra reducir el inventario en 19 casos por cada 100 procesos nuevos.
- Reducción del costo por proceso: se logró la reducción del 82.2% en el costo unitario por proceso de descongestión, pues mientras en el año 2007 la evacuación de un proceso de descongestión le costaba a los colombianos $3.477.622 en promedio, en el año 2011 la evacuación de ese proceso le costó al erario $619.208 en promedio.
- Disminución de la duración de los procesos: se logró la disminución del tiempo de atención a los procesos en 132 días. En 2006 el tiempo procesal se cuantificó en 732 días en promedio. En 2010 se estableció un tiempo procesal de 600 días, que representa una reducción temporal del 18%.
- Implementación de la oralidad: las medidas de descongestión contribuyeron a la implementación de la oralidad en todas las jurisdicciones, ya que los jueces se liberaron de carga de trabajo para poder entrar a operar el nuevo sistema. Y la oralidad tuvo un impacto en la reducción de los tiempos procesales, así: de un año y 194 días para los procesos penales; de un año y 66 días en los procesos laborales; y de un año y 101 días en los procesos donde se sancionan los delitos de los adolescentes.
En conclusión, si bien la congestión y demora judicial en el país continúa, los recursos invertidos en descongestión “no se perdieron”, como se afirma, sino que fueron bien invertidos, pues permitieron logar los cinco resultados que se acaban de mencionar. Y de sostenerse e intensificarse esta política, antes de cinco años la justicia colombiana estaría al día.
En cuarto lugar, los créditos extranjeros, de escasa cuantía para ser ejecutados en tres años, no se destinan a descongestión sino a otros rubros, de manera que no van a parar a ningún “barril sin fondo”. Al contrario, el otorgamiento de estos empréstitos por el Banco Mundial y el BID debe leerse como un voto de confianza de estos organismos internacionales en la rama judicial de Colombia.
En quinto lugar, la construcción de los palacios de justicia en Manizales, Cali, Yopal y Mocoa, entre otros, ha sido en términos generales bien gestionada y no ha habido sobrecostos ni “derroche”, pero si incremento del plazo de entrega de las obras, debido a que el Gobierno Nacional asigna anualmente un rubro muy limitado para adelantar los complejos procesos contractuales.
Y se afirma que la gestión ha sido correcta, por lo siguiente:
- El palacio de justicia de Manizales reconstruyó 22.000 mt2 a un valor de $1.6 millones de pesos por metro cuadrado. Hoy en día es el edificio más bonito de la ciudad y el más moderno palacio de justicia de Latinoamérica.
- El palacio de justicia de Cali, afectado por un atentado terrorista de las Farc, absorberá este año $18.000 millones de pesos, que corresponden al 18% del total de los recursos de inversión de este año en infraestructura. Allí está previsto entregar en diciembre la Torre B, que es de 18 pisos, para que los juzgados se empiecen a trasladar. En total se piensa rehabilitar 33.000 mt2 cuadrados a un costo de $2.1 millones de pesos por metro cuadrado. Vale la pena destacar que la Alcaldía de Cali aportó sólo seiscientos millones de pesos, la Gobernación del Valle apenas quinientos millones y el Gobierno Nacional nada, pues el año pasado prometió dar $3.000 millones que nunca llegaron y este año $15.000 millones que tampoco se han visto. En otras palabras, la rama judicial, con su escaso presupuesto, ha tenido que enfrentar casi sola la financiación de esta obra.
- El palacio de justicia de Yopal es de apenas 6.500 mt2 y el costo es de $1.7 millones de pesos por metro cuadrado.
- El palacio de justicia de Mocoa es de 4.600 mt2 y su costo es de $2.6 millones de pesos por metro cuadrado.
En síntesis, la construcción de palacios de justicia se ha adelantado a unos costos muy razonables y no ha habido ninguna malversación. Pero, se reitera, en todos los casos ha habido ciertamente demora en la entrega de las obras, debido a que la contratación estatal exige que se asignen recursos por vigencia anual y que esos recursos se ejecuten en esa misma vigencia. Para ello se deben realizar trámites de asignación de recursos, licitación publica, obtención de licencias, entre otras, que en tiempo afectan sustancialmente el desarrollo continuo de la obra, además de los atrasos por razones técnicas. Es decir, la obra total se hace “por cuotas”, pues el Gobierno no nos destina todos los recursos de una vez, sino a cuentagotas, lo que impacta la planificación y el tiempo de entrega de la obra.
En sexto lugar, fue bien invertido el gasto de $93.000 millones de pesos en arrendamientos, adecuación de locales, alquiler de equipos de cómputo, sistemas, redes de comunicaciones y contratos de seguridad y aseo. No se trata de ningún “perjuicio adicional”, sino que la creación de siete mil cargos de descongestión, adicionales a la planta básica, exige obviamente contar con espacios y dotación adicionales, que cuestan dinero.
Y en séptimo lugar, la Sala Administrativa ha entregado cuentas claras a la Contraloría. De hecho el pasado fin de semana la Señora Contralora informó en la prensa que “con la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura últimamente hemos podido trabajar con más coordinación”. Nuestros archivos son un libro abierto y tenemos toda la voluntad de cooperación para facilitar la gestión fiscal.
En resumen de todo lo anterior, la gestión de la Sala Administrativa no es “turbia” como un chocolate sino que simplemente no se ha informado toda la verdad a la opinión pública.
Por último, en mi calidad de Presidente de la Sala Administrativa, cuya extinción avanza en el proyecto de reforma a la justicia, quisiera expresar que no es necesario acabar con la honra ajena para ambientar una reforma. Si nos quieren suprimir, que nos supriman, que nosotros estamos dispuestos a morir de pie, como lo afirmé esta semana en el Congreso, pero que eso no sea un motivo para inventar desangres que no hemos cometido.
Néstor Raúl Correa Henao
Presidente
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