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Comisión Interinstitucional de la Justicia y Presidente de la República en apertura del Año Judicial
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Los Presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, H. Magistrado Ricardo Monroy Church; de la Corte Suprema de Justicia, H. Magistrado. Javier de Jesús Zapata Ortiz; de la Corte Constitucional, H. Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y del Consejo de Estado, H. Magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y la Fiscal General de la Nación (e) Doctora Martha Lucia Zamora Ávila dieron apertura del año judicial correspondiente al 2012 acto solemne que contó con la intervención del Presidente de la República Doctor Juan Manuel Santos Calderón.
Luego de presentar los balances de las jurisdicciones y de la Fiscalía que tocaron aspectos relacionados con la independencia y autonomía de la Rama Judicial, el presupuesto, la evacuación de procesos judiciales, la descongestión y la tecnología se hace un enérgico rechazo al proyecto de Reforma a la Justicia que se tramita en el Congreso de la República.
Los problemas de la justicia no se le pueden atribuir a las Cortes porque son los Jueces de la República los que han aumentado su efectividad a niveles superiores del cien por ciento a pesar de que el presupuesto sigue siendo el mismo, fue una de las principales conclusiones del encuentro realizado en el hotel Tequendama de Bogota. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de igual forma demanda la utilización de este escenario fundamental de colaboración y diálogo entre los órganos públicos y ven conveniente el retiro del proyecto de Reforma a la Justicia, por considerar que no responde a los intereses de la ciudadanía.
Por su parte, el Presidente de la Republica, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, hizo un relato de todos los proyectos que cursan en el Congreso de la República y que buscan transformar la Administración de Justicia en su integridad.
“Como lo dije desde un principio, apreciados amigos de la Justicia, y lo reiteré en la reunión que tuvimos en Anapoima, el proyecto que se debate en el Legislativo –en lo que a nosotros respecta – no está escrito en piedra ni con tinta imborrable. Nadie en este proyecto puede tener puntos de honor, y en el Gobierno NO los tenemos. Todo es susceptible de ser discutido, modificado o excluido, si se decide que es la mejor alternativa para lograr la descongestión judicial y el mayor acceso a la justicia. Vamos por la mitad del camino; restan cuatro de ocho debates y todos los artículos son objeto de análisis exhaustivo por todos los interesados en este sector y por los ciudadanos del común.”, sostuvo el Jefe del Estado.
Igualmente, el Jefe de Estado sostuvo que de acuerdo con el informe “Doing Business 2012” del Banco Mundial, Colombia ocupa el deshonroso puesto 149 entre 183 países analizados en términos de percepción de eficiencia en la resolución judicial de controversias contractuales.
“Ocupamos el puesto 177 de 183 en el sub-indicador de celeridad, lo que nos sitúa como la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. Nos demoramos el doble del promedio de los países latinoamericanos, caribeños y africanos en resolver judicialmente el proceso tipo del Doing Business”, precisó el Presidente Santos.
Al respecto el presidente de la Comisión Interinstitucional de Justicia Doctor Ricardo Monroy Church, dijo que los datos suministrados por el Presidente de la Republica fueron extraídos de una encuesta de percepción que se hace a un grupo de oficina de abogados, por lo que esa cifra es producto de una opinión.
“El poder judicial ante esta investigación de opinión solicitó los servicios de otra oficina del Banco Mundial que realizó el estudio, solicitó una investigación de campo para ir a los expedientes reales para ver cuanto se demora un proceso judicial y encontramos que realmente se demora 833 días y no los 1346. Como Rama Judicial preferimos la investigación de campo que va sobre los datos reales de la duración de los procesos en Colombia y no sobre las opiniones o percepciones”, señaló el Presidente de la Comisión.
Este evento constituyó además una oportunidad para fortalecer la interrelación entre la Rama Judicial y las demás Ramas del Poder Público, los funcionarios y empleados judiciales, los organismos de cooperación, la comunidad jurídica, los usuarios de la Administración de Justicia y sociedad en general.
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