La justicia se convirtió en una amenaza para ese delfinazgo que tenemos por sistema político, tan acostumbrado siempre a tratar este país como su finca de recreo.

 

Se puso otra vez de moda la reforma de la justicia. Mala noticia. La justicia necesita una reforma sustancial, pero esta solo tendrá sentido en sucesión de una verdadera reforma política, por cuanto es en la política, no en la justicia, en donde está la fuente del problema, el origen del “cartel de los togados”. La verdadera responsabilidad no se sitúa en las instituciones de la justicia, porque el problema no está necesariamente en la estructura, sino en nuestro sistema político, que ha conseguido infiltrar y corromper con éxito una gran parte de la Rama, volviéndola clientelista, abusiva e inoperante, porque es así como le sirve, es eso lo que le conviene.
Antes de la Constitución de 1991, los jueces no eran considerados un factor importante en nuestro sistema político. La Corte Suprema ejercía un control de constitucionalidad limitado, que, por ejemplo, no cuestionó el ininterrumpido estado de sitio en el que permaneció el país por décadas, y las investigaciones criminales contra congresistas o ministros eran, sencillamente, inimaginables. En esas circunstancias, el Poder Ejecutivo podía imponerse sin rendirle cuentas a nadie, de la mano de una justicia generalmente mansa, que no incomodaba.
Con la Constitución de 1991, este estado de cosas cambió en forma inesperada. El constituyente empoderó a la justicia, creando los mecanismos (pérdida de investidura, tutela, etc.) y las instituciones (Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General, etc.) de los que carecía para dotar a la Rama Judicial, por primera vez en la historia, de la posibilidad de convertirse en un poder real y un contrapeso para los otros dos.
Gracias a esto, la justicia se convirtió en una amenaza para ese delfinazgo que tenemos por sistema político, tan acostumbrado siempre a tratar este país como su finca de recreo. En sus inicios, los magistrados que integraban las altas cortes procedieron a imponer límites importantes al Poder Ejecutivo (como en el caso de la Corte Constitucional sobre los estados de excepción).
Desde ese entonces, los políticos han intentado de todas las formas posibles (situando en cargos estratégicos a amiguitos y cómplices, o interceptando, amenazando y persiguiendo a la Corte Suprema por haber tenido el valor de avanzar en la ‘parapolítica’) socavar, colonizar y corromper la independencia y autoridad del Poder Judicial. Todos los conflictos que hemos visto en los últimos veinte años, desde el proceso 8.000 hasta la guerra del presidente Uribe contra las altas cortes, tienen su origen en esta condición del sistema.
Los escándalos recientes no son sino la última manifestación de esta ofensiva clandestina contra la justicia que tanto beneficia a los políticos y los partidos plagados de corrupción que pusieron ahí a los magistraditos hampones y que, por supuesto, no tienen ningún interés en un Poder Judicial fuerte e independiente.
El desprestigio público de la justicia es la perfecta justificación para emprender una reforma, y de esto podemos estar seguros, que los enemigos de la justicia en el Congreso y en el Ejecutivo aprovecharán para causarle aún más daño a una institución que ellos se han encargado de arruinar. La reforma, por lo tanto, no es el remedio para la situación lamentable que tenemos. Es la política –la forma como se hace la política, los controles y la rendición de cuentas que no existe hoy en ese Congreso, ni en los partidos, y que no alcanza jamás al Ejecutivo– lo que tiene que cambiar.
Necesitamos emprender esa transición del feudalismo a la modernidad, que desmonte el reinado de los hijos bobos y eleve a las altas dignidades a verdaderos servidores del bien público, obligados a rendir cuentas por su gestión de nuestros recursos y bienes colectivos.
Natalia Springer