Se niega la medida cautelar solicitada por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, en el trámite de la acción popular interpuesta en contra del Presidente de la República, por la supuesta intervención en el proceso electoral para elegir el próximo presidente. El Tribunal exhorta al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a continuar obrando con la mesura propia que como Jefe de Estado reclaman estos momentos en los que se define la conformación de un nuevo gobierno.

Se confirma la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 12 años, impuesta al señor Javier Fernando Solórzano Sabogal, por faltas cometidas mientras se desempeñó como secretario del Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Precisa la corporación, que la confesión de la falta y el reembolso de recursos indebidamente sustraídos y apropiados, no configuran extinción de la acción disciplinaria y tampoco son excluyentes de responsabilidad.

Se condenó a Transmilenio S.A. a indemnizar los daños causados con la muerte de un pasajero, ocurrida como consecuencia de las heridas que sufrió al caer de su propia altura al interior de un bus cuando el conductor tuvo que frenar bruscamente para evitar estrellarse con otro vehículo. Precisa la corporación que a Transmilenio S.A. le asiste el debe de respetar y garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad física de los pasajeros del sistema, así haya contratado con terceros la prestación del servicio.

Las consecuencias negativas del incumplimiento del deber que tienen las administradoras de pensiones de adelantar el cobro de los aportes que los empleadores no pagan oportunamente, no pueden trasladarse a los afiliados. Los trabajadores se encuentran amparados por los principios de confianza legítima y buena fe, en el sentido de considerar válidas las cotizaciones que debió realizar el empleador y de las que nunca le fue reportada alguna anomalía.

La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca condena al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, por la ejecución extrajudicial del señor Herney Albeiro Garzón Atehortúa, ocurrida el 19 de diciembre de 2004, en el municipio de Roldanillo (Valle del Cauca).

Se niegan las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por el militar retirado, señor José Hildebrando Morales Virgüez, a través de las cuales pedía condenar al Estado por los daños supuestamente causados con la privación de su libertad en el curso de un proceso penal. Concluyó el tribunal que la medida de aseguramiento no resultó irrazonable, desproporcional o arbitraria.

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca condena a la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, en calidad de sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por los daños causados con la muerte del señor Julio César Peñaloza, con ocasión de las heridas que sufrió el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha, durante el atentado dirigido en contra del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve conflicto negativo de competencias entre el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá Sección Segunda y el Juzgado 42 Administrativo de Bogotá Sección Cuarta, y reiteró que el competente para conocer y decidir los procesos ejecutivos en contra de la UGPP, es el juez de la sección segunda porque profirió la sentencia, así la entidad haya ordenado descontar de las mesadas pensionales el monto de los aportes para pensión que no efectuó el trabajador.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve conflicto negativo de competencias entre el Juzgado 58 Administrativo de Bogotá Sección Tercera y el Juzgado 40 Administrativo de Bogotá Sección Cuarta, y determina que el competente para conocer y decidir el proceso en el cual se reclama la indemnización de perjuicios ocasionados con la expedición de acto administrativo que fue revocado directamente por la administración, es el juez de la sección tercera.

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordena al Departamento de Antioquia cumplir lo consagrado en los artículos 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014, en garantía del principio de publicidad que rige la información contenida en las hojas de vida de los contratistas del Estado.