El demandante señaló que la Procuraduría General de la Nación (PGN) cumplía funciones de Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa mediante diferentes Procuradurías Judiciales, tanto I como II. Cada una de estas tiene asignado un sustanciador 4SU Grado 11, excepto la Procuraduría 121 Judicial II, donde sostuvo ocupó el cargo de Sustanciador 4SU Grado 09 en provisionalidad.

Adujo la parte demandante que en octubre 2018 adquirió un predio en la ciudad de Tunja a fin de edificar una vivienda, con la confianza de que en dicho sector se encontraban construidas casas y calles y que el barrio había sido creado mediante acuerdo municipal en el año 1999, por lo que inició la construcción del primer piso de su vivienda. La Inspección de Policía y Control Interno de Tunja inició el proceso contravencional al constatar que no se cumplían con requisitos como la licencia de construcción, planos aprobados y valla informativa, e imponiendo la suspensión y sellamiento de la obra.

Mediante Resolución No. 1844 de 18 de diciembre de 2015, expedida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se adoptó la guía para la medición indirecta de alcoholemia a través de aire espirado. El recurrente afirmó que esa resolución fue desconocida en el procedimiento que condujo a la orden de comparecencia y a la posterior sanción.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 472 de 1998 el pacto de cumplimiento es el resultado de un acuerdo, a que llegan las partes en relación con los hechos que motivaron la presentación de la acción popular, constituyéndose en una etapa procesal obligatoria en donde el demandado reconoce la amenaza o vulneración al derecho o interés colectivo y en la que se conciertan las diferentes formas en que será protegido o restablecido.

Precisó la Sala de Decisión No. 3 de esta corporación que los conceptos de daño y perjuicio pueden ser fácilmente confundidos o equiparados, al parecer de forma inocua. Sin embargo, su categorización cobra relevancia mayúscula en asuntos como el conteo del término de la caducidad, toda vez que una posible confusión podría llevar a contar el término de caducidad desde el conocimiento exacto de los perjuicios y no desde de la ocurrencia del hecho dañoso.

Observada la demanda del medio de control de cumplimiento se observó que la pretensión de las demandantes consistía en que se ordenara al municipio de Nobsa y a su Fondo de Vivienda de Interés Social el cumplimiento de algunas disposiciones según las cuales era beneficiarias de un subsidio de vivienda en especie.

Un ciudadano presentó demanda contra el municipio de Sogamoso por vía de nulidad. La solicitó respecto del artículo 201 del Acuerdo 032 de 2016, Estatuto de Rentas, que regula la tarifa del impuesto de alumbrado público por falta de competencia del Concejo Municipal de Sogamoso, entre otros cargos. Lo anterior para que se ordenara facturar el impuesto únicamente en la zona urbana, se diera aplicación al artículo 774 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 147 de la Ley 142 de 1994 y establecer el cobro o tarifa con las mismas garantías.

Notificada la demanda la Sociedad Salud Andina Ltda contestó proponiendo la excepción previa que denominó como: “Falta de jurisdicción y competencia en lo que competen a servicios en salud andina limitada”, la cual se sustentó en que según el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce respecto de las actividades desplegadas por las personas jurídicas de derecho privado, por lo que la actuación de dicha sociedad escapaba al control de esta jurisdicción.

La accionante instauró acción popular en contra del departamento de Boyacá y el municipio de Viracachá, solicitando la protección de algunos derechos los cuales consideró vulnerados por efecto del estado actual de la vía que comunica a los municipios de Viracachá y Ciénega, concretamente en la vereda Galindos, sector Puerto Genaro del primero, y por las restricciones de uso que fueron adoptadas por parte de las autoridades competentes, pues estimó que aún no se ha realizado los estudios previos ni las obras necesarias para restablecer el uso de la vía. Solicitó, en consecuencia, que se ordenara a la Gobernación de Boyacá habilitar la vía mediante obras civiles de adecuación que faciliten la movilidad de la población.

La Asociación de suscriptores del acueducto de las veredas Piedra Larga y Calabazal de Ciénega, formuló demanda para la protección de derechos e intereses colectivos contra el municipio de Ciénega y el Consorcio Ciénega 5000, con el objeto de que se ampararan los referidos y se les pudiera dar agua potable. Como fundamentos fácticos expuso que su junta directiva gestionó con el Departamento de Boyacá un proyecto de optimización del acueducto de las veredas Piedra Larga y Calabazal de Ciénega. Explicó que aquel consistía en cambio de redes, excavaciones, suministro de gravilla y arenas para la planta de tratamiento, suministro de macromedidores, de implementos de laboratorio y construcción de una caseta para este último