El Gobierno improvisa con la reforma a la Justicia
El Gobierno improvisa con la reforma a la Justicia
Bogotá, D.C., septiembre 1 de 2010.- El magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto, aseguró que el actual proyecto de Acto Legislativo que busca reformas estructurales a la justicia, no está sustentado con estudios, ni análisis que motiven la importancia de los cambios que se quieren introducir a la administración judicial.
El magistrado Sierra Porto,en el panel sobre la problemática de la justicia en Colombia, dijo que una reforma eficaz debe proporcionar ¿reglas de juego¿ claras que generen seguridad jurídica para que se beneficie no solo el acceso de los ciudadanos a los jueces, sino que facilite la inversión extranjera y el dinamismo de la economía nacional.
En su ponencia, el Dr. Sierra Porto señaló que es inconveniente la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y destacó dependencias de esta Corporación como la Escuela Judicial que ha tenido reconocimiento internacional y la carrera judicial.
¿El 97 % de los cargos en el Consejo Superior de la Judicatura son de carrera administrativa y eso habla bien de la Judicatura, contrario a las críticas de clientelismo. El Consejo Superior no ha tenido un solo escándalo por administración de recursos¿, afirmó el magistrado.
Resaltó que actualmente la Rama Judicial recibe 2.356.000 procesos al año y 398.000 tutelas; en total se producen 2.512.000 sentencias para lo cual se cuenta con 4515 funcionarios.
¿En el año 2002 las sentencias eran 1.193.547 realizadas con 3.915 jueces y magistrados, la litigiosidad se ha aumentado en los últimos 8 años en un cifra cercana a 1.500.000 procesos con sólo un aumento del 15% de los jueces y magistrados¿, precisó el magistrado Sierra Porto.
Indicó que los jueces han cobrado protagonismo por la ineficacia y la inoperancia de las entidades que están obligadas a solucionar los problemas sociales y los organismos de control que deben vigilar la gestión de esas entidades y de los particulares que prestan servicios públicas.
¿Eso no es activismo jurídico por parte de los jueces, se están llenando vacios de otras entidades que no responden al ciudadano. Los problemas que dan origen a las decisiones judiciales se resuelven solucionando esos problemas, no limitando el acceso a la justicia. Corregir las disfunciones del Estado Social significa hacer que existan controles y sanciones efectivas a los particulares que prestan servicios públicos o proporcionan derechos sociales, corregir no significa acabar o restringir los derechos¿, dijo el magistrado.
Puntualizó que ¿con temas tan serios como la administración de justicia¿, el Gobierno sigue improvisando.
Fecha de la noticia: 01-Septiembre-2010
