Abogado tendrá que meterse la mano al bolsillo por insultar a un juez de Sucre

Pero el asunto no paró ahí. En un memorial del 18 de octubre de 2019, a propósito de una solicitud

de vigilancia administrativa presentada por el abogado, éste se refirió al juez como "un adefesio

jurídico, un monstruo jurídico que ha actuado de la forma más vil y descarada".

 

Con base en estos hechos, la Comisión Seccional de Disciplina de Sucre citó audiencias de

pruebas y calificación provisional el 4 de febrero de 2020 y el 26 de julio de 2021, en las que se

dio lectura al informe, se escuchó en versión libre al disciplinado, y se decretaron, incorporaron y

practicaron pruebas que derivaron en una formulación de cargos contra el abogado.

 

Él, en su defensa manifestó que siempre se ha dirigido de forma respetuosa a las autoridades

judiciales y empleados de la Rama Judicial, pero que cuando evidenciaba un actuar arbitrario

debía "poner el grito en cielo" para defender los intereses de sus representados.

 

El numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 señala que: "Son deberes del abogado:

Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que

intervengan en los asuntos de su profesión". (…)

 

Y el artículo 32 indica además que: "Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración

de justicia y a las autoridades administrativas: Injuriar o acusar temerariamente a los servidores

públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio

del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas

por dichas personas".

 

Por lo anterior, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, mediante sentencia del 17

de septiembre de 2021, declaró responsable disciplinariamente al abogado, sancionándolo con

multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el año, en la modalidad dolosa.

Ante la sanción, el abogado interpuso varios recursos de apelación, dos de ellos con fechas del

27 de septiembre y 3 de octubre de 2023, en los que se quejó de un reparto "amañado" en la

Comisión Seccional, siendo asumido el caso por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Al analizar todos los antecedentes y pruebas allegadas al proceso, la Corte encontró que el

procedimiento fue cumplido cabalmente, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo

104 de la Ley 1123 de 2007, pues en juicios disciplinarios como este, lo que se investiga es la

conducta disciplinaria del abogado y no la reclamación frente al juez.

 

De hecho, en sentencia con ponencia de la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial aclara que, si el abogado tenía reparos sobre la manera en que el

juez estaba llevando el curso del proceso ejecutivo, contaba con opciones de tipo jurisdiccional y

administrativo para que se ejerciera un control disciplinario sobre dichas actuaciones, lo cual no le

autorizaba para expresarse en forma desobligante y grosera en contra del funcionario.

 

La Corporación determinó plenamente acreditada la incursión del abogado en la falta disciplinaria

y los elementos normativos de injuria y temeridad que exige la norma para su configuración, toda

vez que, de conformidad con el fondo lingüístico y contextual de las expresiones utilizadas por el

disciplinado, se constata el contenido injurioso de las mismas.

 

En ese orden de ideas, la Comisión Nacional confirmó la responsabilidad disciplinaria del abogado

y la sanción pecuniaria impuesta por la primera instancia, equivalente a un salario mínimo legal

mensual vigente.