TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente:	ORLANDO FIERRO PERDOMO
Radicación:	73001 3107 001 2007 00235 04
Procedencia:	JUZGADO 10º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE LA OIT DE BOGOTÁ 
Procesados:	ALBEIRO PÉREZ DUQUE, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO Y WILSON SUESCUN CASALLAS
Delitos:	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, CONCIERTO PARA DELINQUIR, DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA, SECUESTRO EXTORSIVO, HURTO, FALSEDAD IDEOLÓGICA, FRAUDE PROCESAL, COHECHO POR DAR U OFRECER Y FALSO TESTIMONIO
Asunto:	APELACIÓN SENTENCIA ORDINARIA
Decisión:	MODIFICA, REVOCA PARCIALMENTE Y CONFIRMA
Aprobado acta:	Nº 
Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C.,  DE FEBRERO DE 2010

FALLOS FALSOS POSITIVOS: Auto DE NULIDAD de 29 septiembre de 2010 y Sentencia 10 de diciembre de 2010 (RADICACIÓN 2009-00032)

1.	OBJETO

Se resuelven las apelaciones interpuestas por las defensas de los procesados JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, WILSON CASALLAS SUESCUN y ALBERIO PÉREZ DUQUE, contra sentencia proferida el 26 de noviembre de 2009, por el Juzgado 10º Penal del Circuito Especializado OIT de Bogotá, mediante la cual se condenó a los procesados como autores de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, desaparición forzada, tortura en persona protegida, secuestro extorsivo, hurto, falsedad ideológica, fraude procesal, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. 

2.	HECHOS

Se contraen a varios homicidios perpetrados en la primera semana del mes de noviembre del año 2003, en la región denominada Cañón de Anaime, particularmente en las veredas de Potosí y El Oso, vecindarios conocidos como Potosí – El Palomar y Semillas de Agua, del municipio de Cajamarca, departamento del Tolima.

El día 2 de noviembre de 2003, desconocidos hicieron presencia en inmediaciones de la finca El Palomar, concretamente donde se encontraba ordeñando JOHN JAIRO IGLESIAS SALAZAR, en compañía de su esposa ARACELLY LONDOÑO VARONA, hasta allí llegó su menor hijo con dos sujetos uniformados que lucían brazaletes negros al lado izquierdo que decían ACCU, y señalaron pertenecer a las Autodefensas del Bloque Tolima, quienes les dieron la orden de regresar a su residencia, en donde había tres uniformados, uno de ellos manifestó ser el Comandante TOÑO BRAVO, quien mediante amenaza con arma de fuego lo somete, luego lo amarran y lo llevan adelante por la región para que lo acompañe a unas misiones. 

Los mencionados hombres armados hicieron que IGLESIAS, siguiera hacia otra vereda y por el camino otro grupo ya tenía amarrado al vecino JOSÉ CÉSPEDES, identificado posteriormente como JESÚS ANTONIO CÉSPEDES SALGADO, siendo trasladados hasta la casa de ANANIAS MOJICA, lugar en donde torturan a CÉSPEDES SALGADO. 

El 3 de noviembre de 2003, el grupo con los retenidos se desplazó rumbo al lugar conocido como Semillas de Agua, ingresaron a una cabaña ubicada en el Páramo, lugar en el que a las 11:00 a.m., aproximadamente, llegó el transporte conocido como “La Línea”, esto es, un Jeep particular procedente de Cajamarca con la remesa de mercado, conducido por MARCOS DUARTE, automotor en el que también viajaban dos mujeres y un niño de aproximadamente 3 años.

Cuando ya se habían desmontado los ocupantes y estaban en la cabaña, escucharon gritos de los presuntos paramilitares, en los que se indicaba que venía la guerrilla, acto seguido se escuchó una explosión y luego una balacera, y los que habían salido regresaron y dijeron que habían matado a dos guerrilleros, les ordenaron a las mujeres y a los secuestrados IGLESIAS Y CÉSPEDES, subir al carro junto con 7 uniformados, y desde allí pudo observarse el cadáver de CAMILO PULIDO, joven minero de la región y el de alias MAURICIO, aparente guerrillero de las FARC. 

El grupo ocupante del automotor fue llevado a mando de los uniformados hasta la cabecera de la parcelación La Florida, en donde se bajaron todos los ocupantes a excepción de las mujeres, el niño y el conductor, ordenándole a éstos que guardaran silencio, las personas que bajaron del vehículo, incluyendo los secuestrados, se adentraron en el monte, separando a IGLESIAS y a CÉSPEDES y hacia las 2:00 p.m., se escuchó un disparo. 

El día 6 de noviembre de ese mismo año, un grupo uniformado de las mismas características incursionó en la parcela de MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, quien fue torturado en presencia de sus hijos, y en la misma fecha sustrajeron de allí una máquina de coser SINGER y la suma de $2´000.0000.oo, en esa misma fecha aproximadamente a las 6:00 p.m., fue retenido GERMÁN BAQUERO BERNAL, cuando esperaba la línea para hacer la remesa de queso en el vecindario de Potosí, por el grupo de hombres que incursionó en la zona. 

El 7 de noviembre los agresores arribaron a la finca de HERMINSO ARAGONÉS CELIS, quien no se encontraba, sin embargo de ese lugar se llevaron el ganado, al igual que el del fundo de GLADYS GÓMEZ, posteriormente, se dirigieron a la parcela de RICARDO ESPEJO GALINDO, a quien sacan atado de brazos a la espalda, y dieron orden a IGLESIAS SALAZAR de sacar el ganado de HERMINSO ARAGONES y BLANCA DAMARIS MOLINA DE CÉSPEDES, apropiándose de 60 cabezas de semoviente aproximadamente.

El día 11 del aludido mes y año, en el sector de la Palizada Vereda de Potosí, fue encontrado en una fosa el cadáver descuartizado de MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, afiliado al sindicato de San Miguel de Perdomo, así mismo en otra fosa se encontró el cuerpo de RICARDO ESPEJO GALINDO, fiscal de SINTRANGITOL, y en una tercera fosa se hallaron los restos de GERMÁN BAQUERO BERNAL. 

El 13 de noviembre de 2003, entre la una y las dos de la madrugada, miembros de la Policía de Carreteras de Quindío, que se encontraban haciendo un reten en el Kilometro 4+800 en la vía Armenia Alto de la Línea, sitio Glorieta Versalles del Municipio de Calarcá, en la Y, retuvieron dos camiones que transportaban 28 cabezas de ganado, una de las personas que viajaban en el primer camión presentó documentación aparentemente falsa y a nombre de otro de los ocupantes que se presentó como el soldado profesional ALBEIRO PÉREZ DUQUE, quien aseguró que el ganado iba a ser llevado a la finca del suegro del capitán JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, ganado que se determinó era parte hurtado a las víctimas directas o indirectas de los homicidios y a los vecinos de la vereda Potosí. 

El 17 de enero de 2004, en la Finca La Florida de la Vereda Potosí, personal de la defensa civil y bomberos de Cajamarca encuentran en una fosa el cadáver de JESÚS ANTONIO CÉSPEDES SALGADO.  

3.	ACTUACIÓN PROCESAL 

La instrucción abierta por la Fiscalía 40 Seccional de Ibagué por denuncia presentada el 10 de noviembre de 2003, por JHON JAIRO IGLESIAS SALAZAR. El 24 de noviembre de 2003, al observar que las diligencias investigadas tenían relación directa con la masacre de Potosí, jurisdicción de Cajamarca - Tolima, dispuso el envió a la Unidad de Derechos Humanos, razón por la cual el conocimiento de la actuación lo avocó la Fiscalía 63 Local de esa ciudad. 

Por ordenes de la Fiscalía General de la Nación y teniendo en cuenta que los hechos investigados tenían relación con el hallazgo de varios cadáveres en los sitios denominados La Floresta y Semillas de Agua en la zona rural de Cajamarca; el 29 de marzo de 2004 la Fiscalía 9ª Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, avocó conocimiento de la actuación. 

A ésta se vinculó mediante indagatoria al entonces Sargento Segundo del Ejército Nacional, WILSON CASALLAS SUESCUN, y en la que se le dijo que se le sindicaba por los delitos de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, hurto agravado y calificado y desplazamiento forzado de población civil; por su parte, el entonces Soldado profesional ALBEIRO PÉREZ DUQUE, fue vinculado por indagatoria practicada el 6 de diciembre de 2005. Contra éstos dos procesados la Fiscalía dictó medida de detención preventiva el 12 de diciembre de 2005, por lo delitos ya mencionados. 

Así mismo, en contra del entonces Capitán del Ejército Nacional JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, el 11 de abril de 2006, se imputaron los delitos de homicidio múltiple agravado, desaparición forzada agravada, tortura, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, constreñimiento ilegal, falsedad ideológica en documento público y falso testimonio, delitos por los cuales se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva el 9 de mayo de 2006.

Estimando recaudada la prueba necesaria para calificar, se ordenó el cierre de la investigación mediante auto del 23 de octubre de 2006, el sumario fue calificado con providencia acusatoria el 5 de diciembre de ese mismo año, en contra de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, por los delitos de homicidio múltiple agravado, concierto para delinquir para cometer delitos de homicidio y desaparición forzada de personas agravada, tortura agravada, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, falso testimonio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. 

En contra de WILSON CASALLAS SUESCUN, como cómplice por el delito de homicidio agravado y como autor de los delitos concierto para delinquir para cometer delitos de homicidio y fraude procesal y en contra de ALBERO PÉREZ DUQUE, por los delitos de homicidio múltiple agravado, concierto para delinquir para cometer delitos de homicidio y desaparición forzada de personas agravada, tortura agravada, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado y cohecho por dar u ofrecer; decisión que fue confirmada el 7 de junio de 2007 por la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal. 

El 11 de Septiembre de 2007, el proceso fue repartido al Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Ibagué – Tolima, que celebró audiencia preparatoria el 15 de noviembre de 2007 y el 14 de enero de 2008, y teniendo en cuenta que RICARDO ESPEJO, víctima de los hechos juzgados tenía la calidad de líder sindical, y dando cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo PS AAP8 – 4443 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del 14 de enero de 2008, se ordenó el envió de la actuación a los Juzgados Especializados de Descongestión OIT de Bogotá. 

El 25 de enero de esa anualidad, el proceso fue repartido al Juzgado 1º Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá OIT, que avocó conocimiento de la actuación el 28 de enero de 2008 y celebró audiencia preparatoria el 13 de febrero de 2008, en la que se despacharon desfavorablemente las alegaciones de la defensa tendientes a decretar la nulidad de lo actuado y se decretaron sendas pruebas solicitadas por los diversos sujetos procesales.

La audiencia Pública de Juzgamiento se celebró los días 3, 4, 5, 6, 7 de marzo, 1, 2, 7, 8 de abril, 20 de junio, 4 de agosto de 2008, 14 de enero, 3, 19 de febrero, 4, 27 de marzo, 15, 29 de abril, 21, 22 de mayo, 9, 10 de junio, 8, 9 de julio, 20 de agosto de 2009. El 7 de septiembre del mismo año se declaró cerrado el debate probatorio y la Fiscalía solicitó variación de la calificación jurídica, presentando acusación en contra de todos los procesados por los delitos homicidio en persona protegida, tortura protegida en concurso con concierto para delinquir, desaparición forzada de personas agravada, hurto calificado y agravado, falso testimonio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, como consecuencia de lo anterior, y en aras de garantizar el debido proceso el Juzgado corrió el debido traslado a los sujetos procesales, por el cambio de calificación, extendiéndose la audiencia pública por los días 22 y 30 de septiembre de 2009. 

El 26 de noviembre de 2009, el Juzgado 10º Penal del Circuito Especializado OIT de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra de los procesados al encontrarlos responsables de los delitos imputados por la Fiscalía. El proceso fue repartido al despacho de Magistrado Ponente al 15 enero de 2010.  

4.	COMPETENCIA 

Esta Sala de Decisión Penal es competente para resolver la apelación porque según el artículo 76-1 de la ley 600 de 2000, los Tribunales Superiores del Distrito Judicial conocen de los recursos de apelación y de queja en los procesos que conocen en primera instancia los jueces del circuito, así mismo, se debe tener en cuenta que el Acuerdo PSAA08 – 4959 de julio 11 de 2008, estableció que los Juzgados Penales de Especializados de Descongestión creados a partir del 25 de junio de 2008, conocen exclusivamente del trámite y fallo de de los procesos penales relacionados con los homicidios sindicales, que se encuentre en curso en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional, en cumplimiento del acuerdo tripartito celebrado entre el Gobierno Nacional, los sindicatos y los empresarios, dirigido a la defensa de los derechos fundamentales y el establecimiento de una presencia permanente de la Organización Internacional del Trabajo. 

En ese orden de ideas, se llama la atención que RICARDO GALINDO, una de las víctimas de los hechos que se juzgan tenía la calidad de dirigente sindical al desempeñarse como fiscal de SINTRAGITOL, en Cajamarca  y que el occiso MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, estaba vinculado al sindicato SAN MIGUEL DEL PERDOMO. En consecuencia, la sentencia debía proferida por un despacho designado para el programa OIT, teniendo en cuenta además la variación de la calificación que se presentó en el transcurso de la audiencia pública. 

5.	SENTENCIA APELADA

El juzgado se refirió a la variación de la calificación surtida y explicó que durante la etapa del juicio se practicaron varios testimonios de diferentes actores del conflicto armado, de los que se pudo determinar que en el instigamiento investigado perecieron civiles y un miembro de la guerrilla sin atender las directrices de la guerra, en ese orden de ideas, aseguró que tal devenir de los hechos no podía continuar a condición de tratarse de un mero ataque contra la vida e integridad personal de los ciudadanos del territorio nacional, sino más allá de ello, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación, propuso la variación de los cargos a conductas pertenecientes al capítulo de los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Así, refirió la legalidad del procedimiento efectuado por la Fiscalía durante el juicio teniendo en cuenta que se derivó de varias pruebas sobrevinientes recaudadas. 

De la nulidad alegada por la defensa de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, referente a que su defendido le fueron imputados nuevos cargos por el delito de homicidio en persona protegida, que no fueron contemplados en la indagatoria, explicó que la petición de la defensa no llega ni siquiera al campo del quebrantamiento de derechos o garantías, como quiera que lo que hubo fue un cambio de delito más no una adición; respecto a la falta de competencia también alegada por la defensa de RODRÍGUEZ AGUDELO, afirmó que si bien los delitos consagrados en el capítulo de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se encuentran asignados por vía residual a los Juzgados Penales del Circuito, se debe tener en cuenta el fenómeno concursal con secuestro extorsivo y concierto para delinquir, por lo que la competencia queda fijada en los Juzgados Penales Especializados del Circuito, por tener competencia legal, artículo 5° numeral 4° y 7° del capítulo transitorio de la ley 600 de 2000. 

Respecto del punible de concierto para delinquir, luego de analizar el tipo penal, afirmó que en Colombia es de público conocimiento la existencia u operación de una estructura organizada de poder, que se ha autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia, con permanencia de sus miembros, con retóricas alusivas a abrogarse facultades propias del Estado, y que ha actuado para la perpetración de un sin número de delitos, así explicó que el paginario da cuenta que la estructura armada se constituyó con fines de justicia privada, en orden a cometer de manera particular homicidios, abrogándose con ella la facultad presunta de administrar justicia bajo su preceptiva de orden social y político, lo que demuestra ampliamente deducida la circunstancia de agravación enrostrada. 

Explicó que al tratarse de una conducta de carácter permanente, se hace necesario hacer un pronunciamiento acerca de los motivos de la acusación en el facto, así explicó que la ejecutoria del cierre parcial de investigación se surtió el 23 de octubre de 2006 par parte de la Fiscalía 9ª UNDH – DIH, con relación a los procesados en contra de los que se adelanta la presente actuación, entre otros, y aclaró que respecto de los enjuiciados WILSON CASALLAS y ALBEIRO PÉREZ DUQUE, el periodo enrostrado por la Fiscalía gravita hasta el 26 de octubre de 2006, mientras que en lo que atañe a JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, se debe tener en cuenta que al presentar condena por el delito de concierto para delinquir emitida el 18 de abril de 2007 y en aras a no afectar el principio de non bis in idem, se descontará. 

Así luego de indicar que os elementos que estructuran el tipo se encuentran reunidos en grado de certeza procedió a analizar el grado de responsabilidad de los procesados, hizo referencia al devenir social y político por el que transitaba la Región de Cajamarca y los antecedentes que precedieron a la operación OMEGA, encaminada desde el 27 de octubre de 2003, por parte del Ejercito Nacional y de manera concreta por la Compañía Búfalo al mando del entonces Capitán, hoy Mayor retirado JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO. 

En ese orden de ideas el juzgado entró a estudiar de manera detalla el material probatorio obrante en el plenario haciendo especial énfasis no solo en los antecedentes mencionados sino en las operaciones del Ejército en el Corregimiento de Anime – Vereda Potosí y la fiabilidad de sus resultados operacionales, explicó de manera detalla el contenido de la Operación OMEGA, y de otras operaciones que fueron ejecutadas desde el 5 de julio de 2003, en el área general de ANAIME – PALOMAR, y SEMILLAS DE AGUA contra grupos narcoterroristas y refirió cada uno de los informes presentados por miembros del Ejército y que obran dentro de la actuación de los que además se puede vislumbrar serias contradicciones e inconsistencias que no corresponden a la realidad fáctica como quiera que en los informes vertidos por RODRÍGUEZ señalan que el material de guerra hallado junto con las bajas en combate, tuvieron ocurrencia en la Vereda Los valles y no en Semillas de Agua, muertes que también tras la investigación penal manifestó que no fueron en combate. 

Respecto de la connivencia y la aquiescencia de los procesados con el Bloque Tolima, entendida la primera como el disimulo o tolerancia y la segunda como la confabulación o el consentimiento, a fin de establecer su posición de garantes respecto de la evitación de resultado típico producido analizó el aspecto geográfico, siendo necesario las distancias e ingresos carreteables a la Vereda Potosí del Corregimiento de Anime, municipio  de Cajamarca, así como los lugares en los que tuvieron ocurrencia varios de los delitos perpetrados  por los procesados,  para  lo cual consideró la inspección judicial y los distintos testimonios que dieron cuenta de las distancias entre los distintos lugares en que ocurrieron los hechos, testimonios que demuestran que en la época de los hechos era el Ejército el que hacia presencia en la zona, sumado a que en el libro de la 6ª Brigada diario oficial de operaciones, no existen anotaciones previas a la llamada operación OMEGA, que informen de la presencia de autodefensas en el área. 
Pruebas de las que concluyó que la tropa a cargo del Capitán RODRÍGUEZ AGUDELO, realizó procedimientos inusuales contra la población civil tales como censos, los cuales no se hallaban autorizados, explicó que la prueba documental mencionada permite entrever la preparación de una operación llevada a cabo de manera simultánea con la aquiescencia y connivencia de miembros del Bloque Tolima de las Autodefensas, al referir el día 1º de noviembre en el programa radial la instalación de dos emboscadas y de patrullaje ofensivo en Anaime.   

Resaltó las intervenciones de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, WILSON CASALLAS SUESCUN, ALBERIO PÉREZ DUQUE y JAIR NÚÑEZ, para evidenciar que los soldados proporcionaron dos puntos diferentes de ubicación del destacamento de RODRÍGUEZ AGUDELO, en el mismo día, estos son: La Paloma y Baloncitos en Puente Hierro.

De las declaraciones rendidas por HERMINSO ARAGONÉS, ANANÍAS MOJICA VEGA y JOSÉ DOMINGO LÓPEZ HERRERA, pobladores de la región, resaltó que la compañía al mando de RODRÍGUEZ AGUDELO, se encontraba coadyuvando la incursión armada por parte de los paramilitares, ubicándose estratégicamente de Cajones a la Despunta, permitiendo el paso de las camionetas que llegaron con los militares a La Siberia, para luego llegar a Potosí.  

Analizó la declaración del soldado profesional OMAR BELTRÁN BLANCO, para resaltar que fue insistente en indicar que había escuchado las detonaciones desde PEPE CACÉRES, y que provenían de Semillas de Agua, y de las que le informó a WILSON CASALLAS SUESCUN, quien no asumió o determinó ningún procedimiento de manera inmediata con el fin de determinar lo que estaba sucediendo, explicó que CASALLAS SUESCUN, estaba en capacidad de capturar al enemigo, sin embargo reaccionó casi dos horas después de ocurridas las detonaciones, dejando entrever que era conocedor que clase de comando se encontraba ejecutando las maniobras contra la población civil, y procedió a analizar los testimonios recaudados de los soldados que se encontraban en la zona y de los pobladores, para concluir que fue evidente la presencia del ejército en los lugares en que ocurrieron los hechos, además de que la cercanía entre éstos lugares, lo que hace evidente que si había presencia paramilitar en la zona la misma debió ser advertida por los militares que actuaron de manera omisiva,  pues las declaraciones de los pobladores dan cuenta como el grupo armando se desplazaba en vehículos, de día, al paso que a pie iban secuestrando pobladores, situación que demuestra que RODRÍGUEZ AGUDELO, era sabedor de la presencia de grupos de autodefensas en la vereda de Potosí, dejando a la población civil a merced del grupo paraestatal durante varios días ejecutando atrocidades. 

Respecto del miembro de la autodefensas que fue dado de baja, el 12 de noviembre de 2003, con posterioridad a los hechos denunciados, y con base en la declaración de MARÍN MALATESTA, el juzgado consideró que se debe tener en cuenta que RODRÍGUEZ AGUDELO, al percatarse de las voces de la población civil, que daban cuenta de la aquiescencia del ejercito con las autodefensas que irrumpieron en sus hogares, durante una semana, y con el fin de acallar dichos señalamientos, y teniendo en cuenta que se iba a adelantar un consejo de seguridad, era elemental que RODRÍGUEZ AGUDELO, optara por crear un falso positivo, en aras de desviar la responsabilidad en el asunto, evento en el que la víctima sería de las autodefensas, a quien se le colocaron distintivos y elementos propios para ello. 

Explicó que esa aquiescencia y connivencia, desvirtúa la autoincriminación exclusiva hecha por miembros de las autodefensas, refirió que si bien miembros de ésta organización han tratado de hacer nula la responsabilidad de la Compañía Búfalo, autoincriminandose de manera exclusiva de ser los autores de los hechos, situación que se refuerza en el hecho de que los declarantes aceptaron tal responsabilidad haciendo manifestaciones insulsas, sin detalles e indicando que hablarían de los hechos ante Justicia y Paz, sin embargo la información proporcionada, no concuerda con la realidad fáctica y probatoria y concluyó que las pintas referentes a un grupo de carácter paraestatal, no constituyen plena prueba de su autoría  en el reato, máxime que las coordenadas de tiempo en que indican las realizaron no poseen concordancia, lo que reitera que su autoría no es plena, sumado al hecho de que obra declaración rendida por RAÚL AGUDELO MEDINA OLIVO, alias OLIVO SALDAÑA, que indica que los paramilitares no efectuaron hostilidades en el Cañón de Anaime, además de que manifestó que no es posible que ingresen en la zona 10 paramilitares sin ser detectados, más después de la zozobra generada, por lo que solo podían ingresar y retirarse de la zona en vehículo.

Evidenció las contradicciones en que incurrieron DIEGO MARTÍNEZ GOYENECHE, alias DANIEL, RUBIEL DELGADO LOZANO, quien manifestó haber sido el comandante de la operación, que se distinguió como TOÑO BRAVO, y ATANAEL MATAJUDÍOS BUITRAGO, alias JUANCHO, respecto de los resultados operacionales, lo que deja entrever nuevamente que la operación se hizo en connivencia con el Ejército. 

Respecto de la muerte del presunto paramilitar y luego de analizar las declaraciones obrantes al respecto, el Juzgado concluyó que el deceso presentado por la tropa, no es muy claro que se trate de un paramilitar teniendo en cuenta que no fue dado de baja en combate sino con un par de rafagasos, aunado a lo informado por CARMEN ELISA RODRÍGUEZ, quien informó que ella fue a verlo y pudo verificar que la ropa que llevaba no le quedaba buena, como si se la hubieran puesto después de muerto. 

Indicó que de las declaraciones recaudadas también se puede verificar que fueron varios los procedimientos, censos, abusos contra la población civil, efectuados por JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, al punto de que la declarante CARMEN ELISA RODRÍGUEZ, lo señaló como el militar al mando de tan inusual  procedimiento a pocos días de la incursión paramilitar, con base en lo expuesto concluyó que cuando existen retenciones contrarios a los valores, principios o derechos consagrados en la Carta, se obtiene una información que posteriormente es utilizada para sí o para otro grupo, siendo indiscutible que se trata de acciones positivas encaminadas a prestar una importante contribución para que actos criminales planeados por un grupo armado al margen de la ley pueda obtener los resultados fijados. 

Así explicó que la información recolectada por la compañía al mando de RODRÍGUEZ AGUDELO, fue entregada al grupo paramilitar y que la utilizó como ventaja para incursionar desde el 2 hasta el 7 de noviembre de 2003 en la Vereda Potosí.

Posteriormente, hizo referencia al cumplimiento de las órdenes del comandante de la Compañía y del grado de confianza de los procesados, para referir las contradicciones en los dichos de los soldados que desvirtúan la obediencia debida, quedando evidenciadas como en el caso del soldados ALEMPIFEM RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, que expuso en su injuriada que a su esposa la amenazaron que si decía la verdad, además de referir inusuales pactos de silencio y la preparación de pruebas, quedando así desvirtuada la existencia de elección moral  u obediencia debida. 

Precisó que varios de los pobladores, vieron uniformes parejos, y algunos se encontraban encapuchados, lo anterior debe ser analizado teniendo en cuenta que RUBIEL DELGADO LOZANO, alias CALILLA, explicó que al ser un grupo al margen de la ley es elemental que no requieran esconder sus rostros, como si ocurría con los miembros del ejército, además de que los pobladores dieron cuenta de insignias propias del ejército y que alias CALILLA, manifestó que no eran utilizadas por su estructura.

Por las razones expuestas, concluyó que los procesados son coautores del delito de concierto para delinquir agravado, al demostrarse la existencia de acuerdo, connivencia y tolerancia, aquiescencia, con la facción del Bloque Tolima, al existir situación de peligro para el bien jurídico, en este caso, la población civil, los procesados no actuaron teniendo el deber de hacerlo para evitar el resultado y contando con la posibilidad de realizar la acción debida, esto es estando en posibilidad de evitar el resultado a sabiendas de tener conocimiento de la situación típica. 

Respecto del delito de secuestro extorsivo agravado, el Juzgado consideró que si bien no existió exigencia dineraria por parte de la estructura ilegal, a cambio de la liberación de JOHN JAIRO IGLESIAS SALAZAR, no se puede desconocer que la víctima fue obligada a reconocer a varios pobladores, mismos que posteriormente fueron torturados, desaparecidos y masacrados, es decir que la finalidad que acompañó el arrebatamiento y retención de IGLESIAS SALAZAR, por parte del grupo armado, fue con fines de utilidad para ubicar a otras víctimas.

Explicó que la Fiscalía en el pliego de cargos trajo a colación la acusación jurídica de circunstancias de agravación, contenidas en el artículo 170 numerales 2º, 5º y 6º, y declaró que el principio de congruencia en el que se funda el postulado entre sentencia y pliego de cargos, debe existir una adecuada relación de conformidad en sus ámbitos personal, jurídico y fáctico, lo que obliga al juez a condenar o absolver por los cargos allí formulados al hacer parte del marco conceptual y vinculante de los extremos en que habrá de desarrollarse el debate y procedió a estudiar las causales de agravación imputadas por la instructora. 

Así refirió con base en las declaraciones de JHON JAIRO IGLESIAS SALAZAR, RAÚL AGUDELO MEDINA, alias OLIVO SALDAÑA, DIANA MARÍA VERA BUSTOS, LUIS FERNANDO CÉSPEDES MOLINA, se demuestra la comisión del secuestro de JHON JAIRO IGLESIAS SALAZAR, quien fue torturado y golpeado con el fin de doblegar su voluntad y obligado a presenciar como torturaron a los demás pobladores, razón por la cual las hermanas pulido lo percibieron atento con los agresores, estrategia de vida elemental utilizada por varias de las víctimas durante el secuestro. 

Concluyó que si bien los procesados no participaron en la retención material de IGLESIAS SALAZAR, ello no lo revela de la responsabilidad que les asiste, pues los actos que encaminaron antes, durante, después, en procura de la obtención de la utilidad del mencionado, demostraron la aptitud e ímpetu desarrollada por parte de la facción del Bloque Tolima, optando así por transgredir el ordenamiento jurídico de manera libre, consciente y voluntaria, cuyo comportamiento en manera alguna los revela de la responsabilidad que les asiste en el injusto.

Del punible de tortura en persona protegida, explicó que con los dichos de los pobladores se encuentra plenamente acreditado que MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, RICARDO ESPEJO GALINDO, JESÚS ANTONIO CÉSPEDES, Y GERMÁN BAQUERO BERNAL, fueron sometidos a arduas torturas para luego ser desaparecidos, al respecto resalto las declaraciones de BLANCA DAMARIS MOLINA DE CÉSPEDES y MARÍA ELIDA RESTREPO DE BERNAL, esposas de JESÚS ANTONIO CÉSPEDES SALGADO y GERMÁN BERNAL BAQUERO, respectivamente y a quienes les mandaron lavarles las caras a sus esposos, quienes las presentaban coloradas e hinchadas y con presencia de jabón FAB en su rostro, dichos que se refuerzan con la declaración e IGLESIAS SALAZAR quien indicó que el jabón lo cargaban los agresores en el bolsillo de los pantalones, en ese orden de ideas, analizó el delito de desaparición forzada, cometido contra MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, RICARDO ESPEJO GALINDO, JESÚS ANTONIO CÉSPEDES y GERMÁN BAQUERO quienes fueron desaparecidos, tras ser detenidos contra su voluntad, mismos que gracias a las pesquisas de sus familias, lograron hallarlos días después en fosas, con señales de tortura y desmembrados, conductas en las que también hace presencia la connivencia desarrollada por los procesados y analizada en diversos apartes, cuya responsabilidad como ya lo observó fue de connivencia con la facción militar, lo que comporta asegurar el designio criminal, el cual se concretaría durante la ejecución del punible contra el Derecho Internacional Humanitario, dejando al albur los efectos colaterales, lo que produciría el procedimiento ilegítimo que desencadenó en la desaparición forzada de las víctimas y los procesados optaron por permitir que la facción del Bloque Tolima continuara los abusos contra la población civil, todo en aras de lograr resultados operacionales, mas aun cuando los medios de comunicación eran sabedores de la situación, teniendo en cuenta que recorte de periódico de fecha 5 de noviembre de 2003, que registró la desaparición de 3 personas en Potosí. 

Respecto del delito de homicidio en persona protegida, explicó que para determinar si hace parte de la infracción contra el derecho internacional humanitario, resulta relevante destacar que el ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario no se circunscribe rígidamente al desarrollo efectivo de un ataque o una hostilidad por parte de los contrarios, pues la Corte Constitucional, también refirió los requisitos para aquellos que aunque no fueran cometidos en el teatro del conflicto y se encuentren relacionados con éste. 

Explicó que la citada Corporación integró las exigencias señaladas por el derecho internacional, para delimitar su ámbito de aplicación como sanción penal, en tratándose de conflictos internos, así: 1. Temporal: se aplica desde la iniciación del conflicto armado hasta que se logre un arreglo pacífico, 2 geográfico: se aplica tanto a los lugares en los que materialmente se desarrollan los combates u hostilidades, como a la totalidad del territorio controlado por el Estado y los grupos enfrentados y 3. Material, es necesario que el hecho o situación guarde una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto, pues no todos los hechos ilícitos que ocurren durante un conflicto armado se someten al derecho humanitario, elementos que se cumplen en el caso concreto.

Luego de analizar los testimonios y referir los resultados de las necropsias practicadas a los cuerpos de las víctimas que acá se investigan, explicó que con certeza los occisos CAMILO PULIDO y GERMÁN BERNAL BAQUERO, eran civiles, es decir personas con protección especial del DIH, así mismo y respecto de MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ MORENO, aseguró que se debe tener en cuenta que el excombatiente de las FARC, RAÚL AGUDELO MEDINA, alias OLIVO SALDAÑA, lo identificó como auxiliador de la guerrilla, razón por la cual para el juzgado existe una duda sobre dicha condición, y será considerado como tal, al igual que JESÚS ANTONIO CÉSPEDES, pues si bien en contra de éste también obran señalamientos al respecto pero ninguna prueba idónea que conduzca a determinar tal señalamiento. 

De los combatientes RICARDO ESPEJO GALINDO y alias MAURICIO, aclaró que se debe tener en cuenta que no se hallaban en curso de un ataque o en una operación militar o preparatoria de un ataque, sino que se encontraban desarrollando labores propias de su vida cotidiana, es decir que se encontraban en clara indefensión y desventaja, lo que ubica en una causa análoga descrita el numeral 6 del artículo 135 del C.P.

En ese punto explicó el fallador que en lo que refiere a la congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, la jurisprudencia ha señalado que dicha armonía no debe ser del todo formal, pues dicha regla general admite la excepción que la inconsonancia jurídica cede ante la congruencia fáctica, tal es el caso de la acusación por delito único y se condena por concurso, en cuyo evento señaló la alta Corporación, la inadvertencia de no utilizar el término concurso no se estaría imputando hechos nuevos como tampoco sorprendiendo al procesado, y en el caso concreto, fue la acusación la que describió los múltiples homicidios, es decir que deviene la naturaleza plural de los hechos y por ende su concurso homogéneo.  

Explicó que la responsabilidad de los procesados se concreta con la declaración del padre de CAMILO PULIDO, y quien indicó que su hijo salió fotografiado junto con otro hombre cubiertos con una tela camuflada, misma que dio cuenta de su existencia JHON JAIRO IGLESIAS, pero que portaba la facción paramilitares y que luego inexplicablemente uno de los soldados dio cuenta de ella a manos del Ejército, así mismo resaltó las declaraciones rendidas por LUZ MARINA PULIDO y MARÍA NANCY PULIDO, hermanas de CAMILO, y las de otros testigos que estaban presentes en el lugar y informaron que los agresores estaban escondidos, reiterando la existencia de una emboscada, y resaltó el dicho de MARCO ANTONIO DUARTE, quien indicó que vio cuando CAMILO PULIDO, se venía al piso de los tiros que le llegaban al cuerpo. 

Situación que corrobora una vez la connivencia entre la facción del Bloque Tolima y el Ejército, toda vez que como se indicó los paramilitares estaban saqueando buena cantidad de comida, y habían matado a una vaca, lo que indica que estaban alimentando a buena cantidad de hombres, resaltó además que las declaraciones recibidas a los testigos y habitantes del lugar se contradicen con las rendidas por los procesados y otros miembros de las tropas que hicieron presencia en el lugar, al respecto se tiene que  el SLP MARCO TULIO GUECHE PÉREZ, aseguró ante la Justicia Penal Militar, que el civil, es decir, CAMILO PULIDO, sacó un arma, al igual que el que iba uniformado, y dispararon en contra de la tropa, declaración que el mismo sentido rindieron el SLP ALEMPIFEM RODRÍGUEZ BERMÚDEZ y OSCAR JAVIER ÁNGEL GONZÁLEZ, comandante del primes destacamento de Búfalo.  

Indicó que RODRÍGUEZ AGUDELO, aseguró que la muerte de los dos terroristas se produjo debido a un combate, de encuentro sostenido por CASALLAS, señalando en un croquis los puntos específicos del terreno y la ubicación de las tropas y la del enemigo y aseguró que conforme el dicho de CASALLAS, cuando se identificaron como miembros del Ejército, ellos abrieron fuego hacia las tropas.  

Por lo anterior, concluyó que desde el primer instante, tanto los acusados como los demás miembros de la tropa, permitieron que se ocultara, destruyera o modificaran los hechos y por supuesto la escena para desviar el curso de la investigación, hecho indicador de destruir evidencias físicas, explicó que la experiencia indica que una persona realiza esta labor para ocultar su intervención en el delito, aseguró que quien asumió el direccionamiento de cada una de las versiones fue RODRÍGUEZ AGUDELO y refirió como en ampliación de indagatoria WILSON CASALLAS SUESCUN, explicó que RODRÍGUEZ AGUDELO, les dio la orden de lo que tenían que decir en la indagatoria, en ese sentido, reiteró el compromiso de los procesados teniendo en cuenta que eran sabedores de lo que sucedía en Semillas de Agua, pero optaron por esperar los resultados para asumirlos como propios y pese a las explosiones escuchadas CASALLAS tomó una actitud omisiva, en espera de los resultados que serían informados por su superior y por eso subió de manera intempestiva a Semillas de Agua. 

Concluyó que la conducta activa y omisiva de los militares involucrados, se debe tener en cuenta que fue concertado aprovechando las anotaciones de inteligencia que presentaban las víctimas, lo cual les sirvió para que fueran seleccionadas e individualizadas, a través de una lista que realizaron con censos poblacionales, y cuyo resultado elemental le proporcionaría mayor credibilidad al resultado operacional, dentro de la actuación RUBIEL DELGADO LOZANO, alias CALILLA, hablo de dos guías a quienes identificó como miembros desmovilizados que sabían la carta geográfica.

Por lo anterior, el Juzgado resaltó dos aspectos para sintetizar que si existían dos guías que servían de informantes, el primero JHON JAIRO IGLESIAS, quien fuera sometido a tortura y malos tratos en aras de lograr doblegar su voluntad para obtener colaboración con el grupo de agresores y el segundo RODRIGO MOLINA PRIETO, quien tras varios intentos para hacer legalizar el ganado sustraído y hallado días después en la vía Calarcá en la custodia de ALBEIRO PÉREZ DUQUE y JAIRO GÓMEZ, suegro de RODRÍGUEZ AGUDELO, fue así como RODRIGO MOLINA PRIETO, en declaración rendida en audiencia pública señaló que empezó a dar información al Batallón Rooke pero no le creían, que duró llevando información durante dos años a la Oficina de inteligencia S2 del Rooke, fue así como declaró que en noviembre de 2003, el Coronel MATAMOROS, lo llamó a su celular para identificar a un guerrillero que habían dado de baja y que se llamaba MAURICIO, él lo reconoció y recibió a cambio 3 millones de pesos y que en el 2004 le dieron 200 mil pesos por reconocer a alias CARRILLO.   

Del delito de hurto agravado y calificado, del ganado perteneciente a algunos de los pobladores de la zona que fue víctima de los hechos cometidos por los agresores, aseguró que en el caso bajo examen existió flagrancia puesto que ALBEIRO PÉREZ DUQUE, fue aprehendido por la autoridad policiva al interior del camión de placas WLJ - 467, marca Dodge, color rojo, en el que se halló parte de los semovientes hurtados, así indicó que los bienes objeto del ilícito no sólo fueron sacados de su ámbito de custodia asignada por su dueño, pues los facinerosos se llevaron consigo el ganado que ubicaron en los vehículos incautados el 13 de noviembre de 2003, lo que indica que la consumación del hurto no se encuentra desvirtuada pues se agotaron todas las fases de inter criminis, logrando que los bienes salieran de la esfera patrimonial de las víctimas, es decir que perdieron así hubiera sido transitoriamente el dominio que ejercían sobre el ganado y resaltó la falta de veracidad en la declaración de PÉREZ DUQUE, que en su criterio resultó huérfana de soporte probatorio y contraria a lógica y a la realidad procesal. 

Así mismo analizó los delitos de falso testimonio, en el que incurrió el procesado RODRÍGUEZ AGUDELO, pues cuando se encontraba en calidad de testigo ante la Justicia Penal Militar, renunció a la garantía de declarar contra sí mismo, así al incorporar dicho relato al material probatorio recaudado se materializa el delito endilgado, máxime cuando el procesado sabía de la ilicitud de su comportamiento, con el cual podía hacer incurrir en error al fallador.  

Del delito de Falsedad ideológica, analizó el informe suscrito por RODRÍGUEZ AGUDELO, el 3 de noviembre de 2003 en Anaime, además del informe también suscrito por el mencionado el 4 de noviembre de 2003, en Ibagué, y que teniendo en cuenta que fue el propio RODRÍGUEZ AGUDELO el que en audiencia pública señaló que el único delito que acepta es el de falsedad ideológica en documento público, y que le mintió al Comando Pijaos y al Batallón, así mismo y respecto del delito de fraude procesal, explicó que el mencionado informe del 3 de noviembre de 2003, fue rendido por el procesado RODRÍGUEZ AGUDELO, falseando la realidad de la manera cómo sucedieron los hechos, lo que demuestra que el procesado encaminó su voluntad a la obtención de un fraudulento reconocimiento como en efecto aconteció. 

Finalmente del delito de cohecho por dar u ofrecer, explicó que el mismo se haya demostrado con la declaración de JOSÉ URIEL MARÍN, policial que realizó el reten a los vehículos que llevaban el ganado hurtado y que indicó que ALBEIRO PÉREZ DUQUE, y los conductores, le ofrecieron dinero para que los dejara seguir, con los semovientes hurtados. 

6.	APELACIÓN

6.1 	APELACIÓN DE LA PROCESADO JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO

Aseguró que los fundamentos citados no corresponden ni a los elementos estructurales de la coautoría que establece el artículo 29 del C.P., ni constituyen un indicio grave en contra de su defendido, en ese orden de ideas afirmó que dentro del proceso quedó probada la autoría material e intelectual por parte del grupo armado ilegal llamado Autodenfensas Unidas de Colombia, y aseguró que no hay un solo señalamiento que implique directamente a su defendido en el planeamiento de la ejecución de ninguno de los homicidios y demás reatos objetos de investigación. 

Aseveró que no se indica cómo fue que se concretaron los militares con las autodefensas, cual fue el acuerdo al que llegaron, ni cual la empresa criminal que conformaron, o la división de tareas, ni cual fue el aporte que hizo RODRÍGUEZ  AGUDELO, en criterio del recurrente no existe conexión subjetiva la cual siempre tiene que ser demostrada y no con base en conjeturas; con base en lo anterior afirmó que las conclusiones del juzgado están basadas en un derecho penal de autor, cimentadas en deducir que pensaba, sentía y cuáles eran las emociones de su defendido. 

Manifestó que el artículo 29 de la Constitución optó por un derecho penal de autor, por lo que no se puede castigar al hombre por lo que es sino por lo que hace, e indicó que el juzgado no tuvo en cuenta el criterio de la Corte Suprema de Justicia, en materia de responsabilidad penal, lo que es la doctrina probable y que se refiere al dominio del hecho, pues conforme a lo explicado por el alto tribunal se considera autor aquel que tenga el domino, el control sucesivo sobre los procesos ejecutivos de carácter fáctico, como único autor de la obra, así mismo indicó el recurrente que no se determinó que rol cumplió cada uno de los coautores. 

Alegó que el juzgado no hizo referencia alguna al principio de confianza, también analizado por el máximo tribunal, que consiste en que los militares no están obligados a prever que los grupos ilegales no respeten los derechos humanos, ni el Derecho Internacional Humanitario, en ese orden de ideas, explicó que el desconocimiento por parte de los irregulares de las normas humanitarias se reflejó en la tortura, muerte y otras actos en contra de personas que en principio se creyó no estaban dentro del conflicto, situación que el mismo juzgado corroboró no había sido así, actuaciones que además escapan al control de su defendido.

Explicó que en la sentencia se desconoció el principio de congruencia, pues se acusó por unos delitos y se condenó por otros, situación a la que se suma que la fiscalía incriminó conducta en la variación de la calificación, que por connotación jurídica implican cargos distintos a los presentados en la acusación inicial y por ende en la diligencia de indagatoria, quebrantando así el derecho de defensa, desconocimiento con lo previsto en el artículo 404 del C.P.P., insistió en que la fiscalía no presentó en su momento los fundamentos normativos para la variación, como quiera que no tuvo en cuenta que no existió prueba sobreviniente que así lo mostrara como tampoco emergió error en la calificación. 

Respecto de la naturaleza jurídica del homicidio y la tortura en persona protegida son distintas, pues la condición de persona protegida para el caso de los civiles es muy especial, se requiere que no participen en las hostilidades y su participación no se determina por la vestimenta que usan, así indicó que la subversión opera mediante la llamada guerra de guerrillas, por lo menos a partir del 2002, fue combatido ofensivamente por la Fuerza Pública, luego entonces su accionar ha sido a través de grupos muy pequeños de 2 o 3 personas de civil que atacan y huyen, informó que el apoyo lo tienen de milicianos o base sociales, tal y como lo declaró RAÚL AGUDELO alias “OLIVO SALDAÑA”, el apoyo que dan los milicianos a sus estructuras es dando información sobre los movimientos de las autoridades, colocando explosivos y tendiendo señuelos a la fuerza pública, tareas que cumplen desde sus casas y fincas sin armas, el recurrente explicó que son esas participaciones en los métodos de guerra los que hacen perder su calidad de personas protegidas el derecho humanitario al desconocer los derechos civiles entre los que se cuentan, abstenerse de participar directa o indirectamente en las hostilidades, reconocer, respetar y obedecer a las autoridades legítimamente constituidas y abstenerse de portar armas en combate. Por las consideraciones expuestas, consideró que lo hecho por la Fiscalía no es únicamente un tipo de cambio de un tipo por otro, sino que constituye imputación de unos delitos totalmente distintos. 

Indicó que el juzgado desentendió las alegaciones de la defensa referentes a la perdida de competencia, generada con ocasión de ese cambio de calificación hecho por la Fiscalía, y citó la sentencia 29414 proferida por la Corte Suprema de Justicia, que refirió que los jueces especializados no son competentes para conocer procesos por delitos en persona protegida por hechos acaecidos antes de la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004, y explicó que no puede un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, estar por encima de los postulados legales, a saber, ley 504 de 1999, 600 de 2000 numeral 2 artículo 5 capítulo IV transitorio y 906 de 2004 numeral 4 artículo 35 que señalan la competencia en esos casos. 

Alegó que a última hora se presentaron hechos que desconocen las garantías de los procesados, pues la juez que adelantó el juicio, no fue la misma que  profirió la sentencia y explicó que si bien es cierto que la norma no exige el requisito de que sea el mismo juez que presencia el juicio como lo hace el sistema acusatorio, también lo es que ese hecho desnaturaliza el principio de inmediación ya que el fallador no estuvo en la audiencia de juzgamiento y por consiguiente no percibió personalmente los elementos que se le presentaron y tuvo que tomar la decisión de manera fría, observándose una descalificación de testigos presentados.

Indicó que el juzgado tomó en cuenta unos antecedentes que nada tenían que ver con su representado, pues éste solo llegó a Anaime, el 28 de octubre de 2003, en tanto que lo narrado corresponde a días y meses anteriores, en ese orden de ideas aseguró que las muertes citadas a folio 73 ocurridas en julio de 2003, se presentaron en la Vereda de Cócora, muy distante a Anaime y concluyó que lo anterior es resultado de  establecer un vínculo pero sin sustento, entre las autodefensas y su allegado. 

Respecto del argumento del juzgado de que la muerte del miembro de las autodefensas abatido en combate con el ejercito fue mentiras, aseguró se están desconociendo informes oficiales que reposan en el expediente y que dan cuenta de la muerte en enfrentamiento armando con el Ejército de un miembro de esa agrupación armada ilegal, hecho que además fue corroborado por RUBIEL DELGADO LOZANO alias “CALILLA”, por alias PKM, amén de quienes responden a los alias de DANIEL y JUANCHO, explicó que por esa misma circunstancia se le atribuyó responsabilidad al Estado por omisión en el cumplimiento de sus deberes y se preguntó cómo es posible endosar responsabilidad a su amparado por los mismos hechos como coautor y por omisión si se trata de dos figuras excluyentes. 

Aseguró que el juzgado desconoce cómo se adelanta una operación militar en zonas de conflicto, en donde es inminente el contacto con grupos ilegales, por lo que explicó la forma como se hace el desplazamiento por parte de la Fuerza Pública, que es muy diferente al realizado por una comisión judicial en vehículo y explicó que aunque no parezca creíble cuando el Ejército se encuentra a distancia medida en apreciaciones subjetivas, debe ejercer un control mayor por la inminencia de un enfrentamiento que los obliga a adelantar las técnicas de avance. 

Explicó que no es anormal que respecto de la ubicación de tropas los datos que reposan no coincidan exactamente, porque tanto la brújula como los sistemas GPS, no son exactos y tienen desfases que pueden oscilar entre 20 y 80 kilómetros, lo que no constituye ningún elemento que conduzca a señalar responsabilidad alguna y refirió que se desconoció en la sentencia la visita del gobernador del Tolima, al corregimiento de Anaime, lugar en el que se encontraban acantonadas las tropas comandadas por RODRÍGUEZ AGUDELO, por lo que era lógico que el mencionado debía prestar seguridad en la zona. 

De la caleta alegó que se explicó con suficiencia que las citadas por las autodefensas no corresponden a la entregada por las tropas oficiales pues se ubicaron en tiempo y lugares diversos, además de que las declaraciones que aparecen a folio 88, no corresponde a lo que el despacho transcribe, pues en ninguna parte de las declaraciones dicen que la Compañía Búfalo al mando de Rodríguez estaba cometiendo actos delictuales, esas son conclusiones que saca el despacho y que son ajenas a los expresado por los labriegos. 

Alegó que el testimonio de JHON JAIRO IGLESIAS, fue desacreditado por parte de la defensa y tiene respaldo en la misma sentencia toda vez que fue alias OLIVO SALDAÑA de pertenecer a las FARC, al igual que su esposa, por lo que tenía interés directo en desacreditar al Ejército, declaración que el juzgado tuvo por cierta como fundamento de las decisiones que acá se tomaron.

La Sospecha de porque el sargento CASALLAS no se desplazó una vez escucharon las explosiones se explica con el hecho de que el desplazamiento de la tropa debe ser cuidadosa pues el comandante tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía pero también de sus hombres, sin embargo aclaró que si se acepta ese hecho es una conducta que no encaja en un delito sino en una falla disciplinaria, resaltó que a folio 95 se hizo una nueva lectura de los pensamientos de su defendido al asegurar que él sabía lo que estaba ocurriendo en Semillas de Agua y se asevera que las autodefensas luego de asesinar a CAMILO PULIDO, se alejaron para permitir que los militares recogieran el botín y explicó que los grupos armados se alejaron fue porque no quisieron enfrentar al Ejército en combate. 

Respecto del sacrificio de una vaca que el juzgado analizó afirmando que el mismo se realizó con la finalidad de alimentar al Ejército, manifestó el recurrente que debe tenerse en cuenta que alias CALILLA, afirmó que efectivamente sacrificaron una vaca, y llevaron carne a otro sitio donde la enterraron con el fin de dar la sensación de  tener un grupo de hombres más grande que el real, y quien explicó que en él la guerra irregular, eso se conoce como maniobras de engaño, que buscan que al enemigo le llegue la información tergiversada de la cantidad de hombres, equipo y armamento. 

De la toma del vehículo de MARCOS DUARTE, aseguró que no fue despojado del mismo, sino que lo prestó voluntariamente, de donde se hace lógico que le hayan devuelto la gasolina, circunstancia que además hace parte de la ética militar, evento que además no aporta nada al esclarecimiento de lo ocurrido y menos puede utilizarse una acción legítima para ocultar acciones ilegales y resaltó que el uso de ese vehículo, así como el camión que se trasladó a recoger los cuerpos de los occisos, fue informado por su defendido. 

Aseguró que las suposiciones del juzgador llegan muy lejos al hacer afirmaciones como que RODRÍGUEZ AGUDELO, estuvo cuidando a las autodefensas y explicó que ninguna persona ha identificado a ninguno de los miembros del ejército, ni ha señalado su defendido, máxime cuando a los testigos se les preguntó en audiencia si conocían a los militares a lo que respondieron que no, sumado a que a folio 102, se dice que fue CRISÓSTOMO RODRÍGUEZ, quien dijo que su hermana CARMEN ELISA le había contado, situación que desvirtúa la verdad de su dicho, pues los señalamientos se deben hacer procesal y extraprocesalmente con los medios de prueba legales como es el reconocimiento en fila de personas o en fotografías cosa que no sucedió en el proceso. 

Alegó que resulta paradójico que las declaraciones de los miembros del Boque Tolima de las Autodefensas, sean tenidas en cuenta por el juzgado en un análisis que señaló al RODRÍGUEZ AGUDELO, como delincuente, y se desacredite totalmente en aquello que lo favorezca, recordó que esos testigos no fueron llevados a juicio por la defensa y si descalifican su dicho en algún aspecto debieron haberlo hecho en todos los demás y no ser usados a conveniencia de la decisión. 

Hizo referencia al hecho de que ninguno de los testigos  identificó a ningún miembro de las autodefensas, a las amenazas hechas contra RODRÍGUEZ AGUDELO, que no fueron desconocidas contra alias FABIÁN, y de la presencia de retenes de las autodefensas y de los militares y resaltó que si bien estaban instalados en sitios cercanos, no se explicó que se hacía referencia,  teniendo en cuenta que los moradores que asistieron a rendir declaración manifestaron no saber a qué grupo pertenecían los uniformados que estuvieron en sus casas y cometieron los asesinatos.

En concordancia con lo anterior, citó las declaraciones de: MARÍA ELIDA RESTREPO DE BERNAL, ALBA OLIDIA PULIDO DE PULIDO, BLANCA DAMARIS MOLINA DE CÉSPEDES, JUAN CRISÓSTOMO RODRÍGUEZ, MARÍA NANCY y LUZ MARÍA PULIDO, JESÚS MUÑOZ ROJAS, GLADYS GÓMEZ, CARMEN ELISA RODRÍGUEZ, DIANA MARÍA VERA, ANANÍAS MUJICA VEGA, MARCO ANTONIO DUARTE, además de las recibidas en juicio, DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ GOYENECHE alias DANIEL, RUBIEL DELGADO, alias CALILLA, OSCAR OVIEDO RODRÍGUEZ alias FABIÁN, ATANAEL MATAJUDÍOS alias JUANCHO, HENRY ENRIQUE MAPE PINTO, alias PKM o SANTIAGO, y de las declaraciones rendidas por los miembros de las FARC, RAÚL AGUDELO MEDINA, alias OLIVO SALDAÑA, PEDRO PABLO YATE RODRÍGUEZ alias PIÑA. En Concordancia con lo anterior, refirió que las declaraciones rendidas por ARACELI LONDOÑO y por ELISA RODRÍGUEZ, hacen referencia a hechos anteriores cuando AGUDELO RODRÍGUEZ no se encontraba en la zona. 

Hizo referencia a la indumentaria utilizada por el grupo armando que ejecutó el hecho y resaltó que las hermanas PULIDO manifestaron que los informes de los agresores decían Batallón Pijaos, sin embargo resaltó que cuando se les preguntó si sabían leer  contestaron que no, circunstancia a la que se suma que en la época existía trafico de armamento e intendencia del ejército para los grupos ilícitos, así mismo aseguró que las lengüetas de las botas de los miembros del ejército, ni las plaquetas que éstos usan dicen ejercito, desvirtuando así lo afirmado en la actuación. 

Respecto de la conclusión a la que llegó el juzgado referente a que por parte del Ejército hubo aquiescencia tolerancia y connivencia, toda vez que en criterio del juzgado los procesados no actuaron teniendo el deber de hacerlo, el recurrente alegó que sabido es que el concierto para delinquir tiene elementos distintos, tal y como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, pues para que exista un concierto para delinquir se requiere que exista una organización delincuencial de carácter permanente conformada por un grupo de personas que han convenido llevar a cabo un numero plural de delitos de cualquier naturaleza. 

Explicó que no hay ningún elemento que pruebe que su defendido pertenecía a una organización delincuencial, no hay elementos que digan que hablo siquiera con algún miembro de las AUC, para acordar la operación que estos realizaron donde le dieron muerte a los labriegos, por lo que la modalidad sería de comisión por omisión, máxime cuando se demostró que la compañía Búfalo llegó al área, a finales del mes de octubre por orden del Comando de la Sexta Brigada en cumplimiento de la orden de operación Omega, sin que se pueda determinar a qué horas se podía poner de acuerdo con algún grupo ilegal, para cometer delitos solo en esos 2 o 3 días. 

Resaltó las declaraciones de las hermanas PULIDO, que ponen en entre dicho, la versión del denunciante, y resaltó la rendida por LUZ MARINA, quien aseguró que todo el daño de la región había sido causado por él, de quien además no cree que se lo hayan llevado por la fuerza, descalificación que debió ser tenida en cuenta por el juzgado, pues obra la declaración de CALILLA quien manifestó que fue un miembro de las FARC el que le colaboró en la zona, además de haber sido señalado por OLIVO SALDAÑA como miembro de las FARC. 
De los delitos de desaparición forzada agravada, tortura agravada, secuestro extorsivo agravado, llamó la atención en que los miembros de las autodefensas, CALILLA, DANIEL JUANCHO y PKM, se atribuyeron la autoría de los crímenes de manera autónoma, sin el concurso de ninguna persona, descartando la participación de los miembros del Ejército. 

Del delito de hurto calificado y agravado, aseguró que no se probó la preexistencia de los elementos que fueron hurtados, entre ellos una máquina de coser, dos millones de pesos y un número indeterminado de ganado, lo que solamente se conoce su incautación el 13 de noviembre de 2003 en Calarcá, en ese orden de ideas resaltó que el vínculo entre su defendido y su suegro JAIRO GÓMEZ, fue descartado por al prelucir la investigación a favor de éste último, y al quedar descartada la participación en el hurto de ganado de JAIRO GÓMEZ, en criterio del recurrente queda también descartada la participación de su defendido en el ilícito, además que respecto de RODRÍGUEZ AGUDELO no se estructuran los elementos del delito. 

De los punibles de falso testimonio y fraude procesal, aseguró que las declaraciones tomadas bajo juramento durante la esta instructiva son inexistentes, citó la sentencia C - 782 de 2005, en ese orden de ideas, respecto del delito de falsedad ideológica en documento público aseguró que la información que rindiera su defendido a sus superiores fue la que recibió en primera instancia de sus subalternos desde el área de operaciones de las tropas bajo su mando, no estructurándose la conducta en violatoria de lo normado en el código penal. 

Resalto la declaración de alias OLIVO SALDAÑA, en la que aclaró que en el caso concreto las FARC, crean organizaciones de carácter sindical a las cuales afilian a sus miembros, milicianos y personas ajenas al movimiento subversivo, con el fin de hacerlos aparecer como sindicalistas, una vez se produce la muerte de una de sus unidades, los familiares y demás miembros del partido comunista clandestino acuden ante organismos defensores de derechos humanos, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales, y ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de la publicación de avisos en medios de comunicación para desprestigiar a la Fuerza Pública, buscando la condena de la opinión pública, todo ello dentro de las actuaciones denominadas como guerra jurídica.                                                  

En consonancia con lo expuesto, el recurrente aseguró que dentro de la actuación lo que está probado es la legitimidad de las actuaciones de su defendido y de sus hombres, que están amparados por una orden de operaciones, tal y como ya se indicó, atendiéndose además normas de carácter nacional e internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario

Concluyó que el trámite del proceso solo dejó dudas, tal y como lo plantearon la fiscalía y la parte civil, pues dentro de la actuación no se aclararon los hechos, ni los autores o participes de los mismo, situación que impide edificar un  juicio de responsabilidad, pues las pruebas obrantes en el plenario solo comprueban la presencia de personas que vestían como militares, que portaban armas como las que usa el ejército, sin que se lograra determinar por parte de los testigos si se trataba o no de militares auténticos, convirtiéndose ello en un escollo al no haberse establecido si se trataba de militares o de autodefensas.

Como prueba de lo expuesto citó como prueba trasladada la sentencia del 13 de agosto de 2008, el donde se dejó claro que la fiscalía  no pudo determinar la ubicación de las tropas en cada uno de los episodios narrados y no pudo probar donde se encontraba su defendido, pues la única versión que fluye es que RODRÍGUEZ AGUDELO, permaneció en Baloncitos o Puente de Hierro, siendo un mismo sitio y no dos.  

Por las razones expuestas, solicitó revocar el fallo apelado y  en su lugar proferir sentencia de carácter absolutoria. 

6.2	APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO WILSON CASALLAS SUESCUN

Aseguró que hasta el momento en que se inició audiencia de juicio dentro de la investigación existía incertidumbre respecto de la forma cómo ocurrieron los hechos motivo de la presente investigación igualmente en cuanto a la posible participación de los miembros del Ejército Nacional vinculados a la misma dudas que se resolvieron durante el juicio. 

Respecto del punible de homicidio, subrayó las distintas decisiones que se tomaron en la actuación, así informó, el 5 de diciembre de 2006 la fiscalía profirió resolución de acusación en contra de su defendido como cómplice del delito de homicidio agravado y como posible autor de los delitos de concierto para delinquir para cometer homicidios y fraude procesal, así mismo, ordenó precluir la investigación a favor de su defendido y otros investigados por el delito de homicidio en persona protegida, secuestro extorsivo agravado, desplazamiento forzado de población civil y hurto agravado y calificado, providencia que quedó en firme luego de que transcurrieron los términos de ley. 

Informó que una vez se adelantó el juicio, al momento de evacuarse la etapa probatoria, la fiscalía varió la calificación el 7 de septiembre de 2009, y de manera concreta frente a su defendido como coautor del delito de homicidio en persona protegida en concurso con el delito de concierto para delinquir para cometer delitos de homicidio y fraude procesal. 

Indicó que en fallo de primera instancia, se condenó a su defendido como coautor impropio por los punibles de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, concierto para delinquir agravado y fraude procesal, dándole plena validez a la variación de la calificación planteada por la representante de la fiscalía y de donde se observó que el procesado fue condenado por una conducta que ya se encontraba precluida, desde el 10 de diciembre de 2006. 

Citó el artículo 187 de la ley 600 de 2000, para resaltar que las providencias quedan ejecutoriadas 3 días después de su notificación siempre y cuando no se hayan interpuesto recursos, condiciones que se cumplieron en el caso concreto, y tal y como lo prevé el artículo 334 de la ley 906 de 2004 los efectos de la decisión de preclusión una vez en firme adquiere efectos de cosa juzgada, por lo que la persecución penal contra el imputado debe cesar frente al delito sobre el cual recae la preclusión. 

Por lo anterior, solicitó la absolución de su procesado del delito de homicidio en persona protegida, y explicó que teniendo en cuenta que la instructora enlazó éste delito con el de concierto para delinquir para cometer homicidios, por sustracción de materia ese segundo delito pierde vigencia, situación que se presenta no solo por lo expuesto sino porque durante su investigación se demostró que su defendido solo cumplió las órdenes dadas por su superior jerárquico y comandante de la compañía Búfalo, dentro de lo consagrado en la Constitución, la ley y los reglamentos. 

En cuanto al delito de fraude procesal, que se le imputó a CASALLAS SUESCUN por haber rendido un informe falaz respecto de los ocurrido el día de los hechos en Semillas de Agua, ya que fue él el comandante que encontró los cadáveres, explicó el recurrente que durante el juicio se logró probar que su defendido no participó en la elaboración de dicho informe, si bien es cierto la patrulla a su mando fue la que estuvo en el sitio de los hechos, al momento de llegar reportó lo que encontró vía radial, pues era su único medio de comunicación y fue su comandante quien procedió a rendir el respectivo informe a la Brigada, dicho que fue certificado por su defendido y por su comandante JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, y resaltó que tan cierto es lo mencionado que el juzgado le dio plena credibilidad al dicho de su defendido y a la declaración rendida por OSCAR JAVIER ÁNGEL GONZÁLEZ. 

Finalmente llamó la atención en que su defendido es un padre ejemplar, buen hijo, funcionario público, honesto, cumplidor de sus deberes, que durante su vida militar no tuvo ningún tipo  de relaciones con integrantes de grupos al margen de la ley, y que en la actualidad sufre los dolores de las heridas sufridas en combate, insistió que su defendido solo se limitó a dar cabal cumplimiento a las órdenes impartidas por sus superiores las cuales fueron dadas dentro de parámetros legales. 

Solicitó revocar los numerales 3, 6 y 9 de la sentencia recurrida y en su lugar absolver a su defendido de los delitos imputados por la fiscalía.
6.3	APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO ALBEIRO PÉREZ DUQUE

Manifestó que su defendido no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, teniendo en cuenta no solo que el procesado se mostró inocente sino que además integrantes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, confesaron abiertamente ser los autores de las muertes de las personas mencionadas porque las víctimas hacían parte de las FARC. 

Aseguró que lo que generó la muerte de esas personas fue el conflicto interno armado que se vive hace más de 40 años en el país, en ese orden de ideas afirmó que la víctimas, aparentes labriegos dedicados a las labores del campo, según lo manifestado por varios declarantes, hacían parte de activa de la subversión. 

Indicó que se presenta una nulidad en la actuación toda vez que se vulneró el principio de juez natural, pues si bien es cierto que el Gobierno Nacional firmó un acuerdo interinstitucional con la Organización Mundial del Trabajo, creando los juzgados especializados, con la finalidad de facilitar las investigaciones, y juzgamientos de conductas punibles contra miembros integrantes de sindicatos, se está utilizando la figura de la descongestión, para juzgar la conducta de los militares que resultaron presuntamente implicados en los hechos que se investigan, lo anterior, pese a que la descongestión es un hecho excepcional, otorgada mediante acuerdo para juzgar las conductas de los militares que resultaron presuntamente implicados en los hechos que se investigan, razón por la cual en criterio del accionante, se está creando  una nueva jurisdicción creada mediante acuerdo institucional y no mediante Ley de la República, como corresponde legalmente, situación que  se acentúa con el cambio de calificación jurídica presentada por la fiscalía, razón por la cual el juzgado fallador carecía de competencia para conocer y juzgar los delitos que se endilgaron a su defendido. 

Por lo anterior, aseguró que la actuación se encuentra viciada de nulidad desde el momento en que el Juzgado de Ibagué, remitió la actuación al Circuito Especializado de la OIT, pues este avocó conocimiento de la actuación por irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. 

Aseguró que su defendido no tiene responsabilidad alguna en los delitos que se le enrostraron, en ese orden de ideas, afirmó que se le juzgó y condenó por estar presente en el lugar de los hechos como integrante del Ejército Nacional, por la cercanía que tenía con el Capitán, hoy Mayor RODRÍGUEZ AGUDELO, situación que es lógica pues como soldado le procuraba una posición de subalterno, limitado al cumplimiento de las ordenes que se emitían, y que fue por la cercanía que tenía con el comandante que fue escogido para acompañar al suegro del Capitán y que se le presentaron irregularidades con el permiso otorgado. 

La defensa aseguró que dentro del proceso se probó que el permiso otorgado a su defendido se debió a un caso especial, toda vez que su progenitora se encontraba enferma, y que desafortunadamente el procesado aprovechó los camiones que trasportaban ganado, para trasladarse a la población de Cajamarca – Quindío, en ese orden de ideas resaltó que el suegro de RODRÍGUEZ AGUDELO, fue favorecido con preclusión de la investigación. 

Informó que las declaraciones recibidas en juicio favorecen a su defendido pues todos los testigos manifestaron que PÉREZ DUQUE salió del batallón con permiso otorgado por la Orden el día del Batallón Contraguerrillas N° 6 Pijaos. 

Alegó que no se encuentran probadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya podido actuar su defendido, cuando se le endilgan actuaciones gravísimas como el concierto para delinquir, pues no se probó ni la aquiescencia, ni la presunta coautoría o complicidad de su defendido, situación que también se predica de los demás hechos punibles que se le endilgan, como son el homicidio en persona protegida, la tortura en persona protegida, secuestro extorsivo agravado y la desaparición forzada agravada. 

En lo relacionado con el delito del hurto de ganado en el que presuntamente participó, explicó que como se dijo, viajó accidentalmente en los camiones en los que se transportaban los semovientes, sin que este probado que haya participado activamente en la comisión de esa conducta punible, así mismo refirió que respecto al cohecho por dar u ofrecer, el procesado negó haber participado en la conducta, teniendo en cuenta que no estaba en capacidad de dar u ofrecer dinero cuando no lo tenía. 

Concluyó que el objetivo del proceso penal no es otro que buscar, la verdad de lo ocurrido y de ahí tomar una decisión ajustada a derecho, solicitó analizar objetivamente la providencia apelada y resolver a favor de su defendido el recurso impetrado.   

7. 	NO RECURRENTES

El apoderado de la parte civil, hizo un recuento del contexto histórico de la zona en la que se desarrollaron los hechos con base en el cual aseguró que el juzgado hizo un análisis juicioso de la actuación procesal y que la sentencia es contundente a la hora de demostrar la responsabilidad de los procesados. 

En ese orden de ideas explicó que su intervención como no recurrente está encaminada a afirmar que los paramilitares no fueron los que realizaron los hechos, sino que los mismos fueron ejecutados por miembros de la tropa al mando de del capitán JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, tal y como se entendía hasta el momento de la calificación del sumario y explicó que de concluirse la participación de los paramilitares en la actividad criminal, la misma no hubiera sido posible sin la cooperación activa y omisiva de la tropa.

Solicitó reivindicar la memoria de RICARDO ESPEJO, una de las víctimas del paseo de la muerte, explicó que el fallador de primera instancia de manera ligera y poco considerada con la memoria y dignidad de las víctimas dio por hecho que el señor espejo era en efecto, un guerrillero, solo con base en el testimonio el de RAÚL AGUDELO, alias OLIVO SALDAÑA, personaje que ha engañado a la sociedad y al gobierno.

Aseguró que dentro de la actuación procesal hay unas conclusiones procesales irrebatibles: 

1. Que el Cañón de Anaime fue señalado como blanco de represión por el Estado Colombiano, afirmó que las comunidades de esa región fueron víctimas de una sistemática y generalizada persecución a través de graves violaciones a sus derechos fundamentales. 

2. Que la zona tenía pleno control militar, situación que se deriva de las declaraciones de los militares y testigos que rindieron sus versiones dentro de la actuación y de donde se desprende que la guerrilla ya no podía hacer presencia en el Cañón de Anaime, habiendo sido replegada a las zonas más altas, por lo que la presencia de organizaciones armadas solo era posible si mediaba el consentimiento y cooperación de la tropa oficial. 

3. Que la región no ha tenido presencia paramilitar, conclusión apoyada por las declaraciones del alcalde de Cajamarca, altos oficiales y militares del Batallón Rooke y de la Brigada Sexta. 

4. Que preexistían informes de inteligencia militar sobre las víctimas, el proceso da cuenta de que JHON JAIRO IGLESIAS, JOSÉ CÉSPEDES y GERMÁN BERNAL, figuraban en informes de inteligencia del Ejército Nacional, como presuntos miembros o auxiliadores de las FARC, lo que explica porque los victimarios llegaron a las casas con lista en mano, sumado a que obra suficiente prueba que indica que la tropa oficial que hizo presencia en el Cañón de Anaime realizó diversos censos a la población, lo que está prohibido, y explicó que en el contexto de la realidad colombiana, los informes de inteligencia suelen ser el preámbulo o la antesala de más graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, judicializaciones injustas, desapariciones forzadas y homicidios.  

5. Que hay inconsistencias graves en la operación OMEGA, pues no figuró en La Sexta Brigada según quedó establecido en la inspección judicial realizada el 10 de febrero de 2004, sumado a que todo indica que los movimientos y ubicaciones de los diferentes destacamentos no se efectuaron tal y como estaban ordenados y que tampoco se dio aviso sobre los cambios de desplazamientos, pese a la obligación de estar en constante comunicación con los mandos en el batallón y la brigada, además de un informe que indica que las coordenadas de ubicación de los destacamentos no corresponden a los movimientos que efectuaba la tropa, por lo que no es cierto que la tropa haya llegado a Semillas de Agua por haberse escuchado unas explosiones, sino que desde el comienzo ese lugar era objetivo de esa operación. 

6 Que en Semillas de Agua, fueron abatidas dos personas presentadas por la Sexta Brigada como “falsos positivos”, hombres armados sin mediar combate dan muerte a MAURICIO, reconocido guerrillero de la zona y al civil CAMILO PULIDO y que el ejercito presentó como bandidos de las FARC, en ese orden de ideas explicó en gracia de discusión que si los paramilitares efectivamente ingresaron a la zona y ejecutaron esas muertes, no es posible que la tropa se hubiera atribuido las mismas, sin que mediara acuerdo previo con el supuesto grupo paramilitar. 

7. Que la tropa dirigida por el suboficial CASALLAS, se desplazó sobre segura a Semillas de Agua, sin tomar las medidas elementales de seguridad pese a que momentos antes se escucharon detonaciones, además de un tiroteo.

8. Que desde un comienzo el Batallón Rooke y la Brigada Sexta tuvieron información sobre la desaparición de campesinos en el Cañón de Anaime, pues el gobernador del Tolima, anotició a las autoridades militares sobre lo que estaba pasando en el Cañón de Anaime, pues se enteró de ello porque estaba visitando Anaime el 2 de noviembre de 2003, además de que JHON JAIRO IGLESIAS, estuvo en la Brigada averiguando por la suerte de su hermano y allí le dieron a entender que lo tenían retenido que lo iban a poner en manos de las autoridades, lo que hace menos lógico que la tropa durante una semana no se haya percatado de la presencia de un grupo de hombres armados que estaba cometiendo vejámenes contra la población civil. 

Aseguró que lo ocurrido en noviembre de 2003 fue realizado directamente por miembros de la Compañía Búfalo y no por paramilitares, indicó que la aparición de grafitis de grupos paramilitares, el uso de fusiles AK 47 y de brazaletes de esas organizaciones al margen de la ley, no indican que efectivamente quienes cometieron los hechos eran paramilitares, pues se acudió a esos medios para hacer creer que los victimarios era integrantes de un grupo armado ilegal y asegurar así la impunidad de la compañía búfalo y explicó que de haber actuado el grupo ilegal, este no pudo hacerlo sin la colaboración directa, necesaria y efectiva de los miembros de la tropa.  

Como argumento de lo expuesto citó la declaración de FRANCISCO ROMERO BAYONA, GLADYS GÓMEZ, de alias CALILLA, alías ATANAEL MATAJUDÍOS, además de las rendidas por JHON JAIRO IGLESIAS, DIANA MARÍA VERA y la del suboficial ALEJANDRO GÓMEZ, y concluyó que como es posible que a la zona hayan ingresado de 7 a 10 paramiliateres y que ni hayan sido detectados al pernoctar en la Finca La Floresta o Pepe Cáceres, la hacienda más visible de la zona, y sitio neurálgico para el control militar, lugar en el que con mucha frecuencia pernoctaba la tropa y enunció otros hechos evidentes que demuestran la presencia de la tropa en el lugar como el hecho de haberse matado una res y de haber encargado a los comerciantes enviar remesa para 150 hombres, además de la orden que se le impartió a JHON JAIRO IGLESIAS, de ir a Cajamarca a contactar carniceros para que compraran el ganado hurtado en Potosí, además del origen de las caletas, la tela y la máquina de coser que el ejercito entregó como incautado.

Aseguró que alrededor de RUBIEL DELGADO, que pretendió hacerse pasar por alias TOÑO BRAVO, en la etapa del juicio, se quiso edificar una responsabilidad exclusiva de los paramilitares sin estar seriamente demostrada la participación paramilitar en los hechos, si éstos participaron no hay prueba y si se admitiera, dicha participación no fue en las circunstancias que se narran, pues no fue RUBIEL DELGADO quien se llevó a iglesias y a los demás campesinos que después fueron torturados y asesinados. 

Resaltó los testimonios del soldado profesional FERNANDO RAMOS, del SPL MALATESTA, el de GLADYS RODRÍGUEZ, el de ARACELI LONDOÑO y el del propio IGLESIAS, para indicar que CT RODRÍGUEZ usaba una camioneta manejada por el soldado JHON JAIRO GUZMÁN, a altas horas de la noche, de una forma sospechosa y en el que se recogieron los elementos que luego la Brigada presentó como incautados. 

Refirió el hecho de que los agresores usaban capuchas, se llamaban lanzas entre sí, para insistir en que si hubo participación paramilitar en la zona, la misma se produjo con colaboración de la tropa.

Respecto de las declaraciones de paramilitares desmovilizados, aseguró que las mismas resultaron evasivas y contradictorias generándose serias dudas sobre la veracidad de sus dichos, y quienes al contestar preguntas sobre lo sustancial de los hechos manifestaron que todo lo contarían en justicia y paz, donde los paramilitares tienen asegurado que su condena no superará los 8 años, así  llamó la atención sobre alias TOÑO BRAVO, quien se presentó ante JHON JAIRO IGLESIAS, como su captor, y que según informes de autoridades expertas en la variable autodefensas del Tolima, y según ordenes de batalla  no figura ningún alias TOÑO BRAVO, sumado a que del reconocimiento en filas donde estaba alias CALILLA RUBIEL DELGADO efectuado JHON JAIRO IGLESIAS, éste manifestó ni haber reconocido a quien se presentó como alias TOÑO BRAVO, y procedió a enunciar las incongruencias en las versiones de los paramilitares 

Hizo referencia expresa sobre las incautaciones de la máquina de coser Singer, de propiedad de la ELISA RODRÍGUEZ, hija de MARCOS RODRÍGUEZ, incautada por quienes se llevaron a su padre, los mismos que lo torturaron y descuartizaron, maquina que fue presentada por el comando de la brigada como incautada de una sastrería de la guerrilla, de las incautaciones de una de las canecas azules halladas en una caleta hallazgo también reportado por la sexta brigada, que fueron transportadas en la camioneta Luv roja, además de que ARACELI LONDOÑO, vio cuando don JOSÉ, llegó con los uniformados cargando las susodichas canecas, finalmente hizo referencia expresa de la incautación de unas camillas que según los testigos fueron donadas por la cruz roja y respecto de la incautación de una tela verde, refirió que JHON JAIRO IGLESIAS manifestó que los hombres que lo retuvieron llevan consigo esa tela verde. 

Respecto del ganado que fue hurtado por los mismos hombres que se llevaron a IGLESIAS y a CÉSPEDES, mataron a CAMILO PULIDO y a alias MAURICIO y que llevaban a cuesta un rollo de tela verde, aquellos que incautaron las canecas, es decir los miembros del Ejército, lo que explica que el ganado apareció en manos del suegro del jefe militar de los hombres que estaban en la zona y de uno de los hombres de confianza del soldado ALBEIRO PÉREZ DUQUE, y llamó la atención en las contradicciones de sus dichos en las declaraciones rendidas ante el ante los Juzgados 10 y 11 del Circuito Especializados.

De manera concreta, refirió incoherencias sobre la ubicación de destacamentos, sobre la llamada del Capitán Rodríguez a su esposa, y resaltó que conforme al dicho de DIANA VERA BUSTOS, un campesino reconoció a los captores de RICARDO ESPEJO, además refirió la coincidencia sobre el uso de plaquetas metálicas en las botas de los uniformados, que los paramilitares no se pensionan y aspectos sobre la recogida de los cadáveres en Semillas de Agua y el transporte de los mismos y los objetivos centrales de la Operación OMEGA, además de las incoherencias por la ausencia de la acción persecutoria del Ejército a los paramilitares, además del hecho de que en el camión en que se transportó la tropa se movilizaron al mismo tiempo los captores de IGLESIAS, además de la presencia de una camioneta roja de platón, entre otros aspectos ya referidos. 

Alegó la necesidad de rescatar y defender la memoria de la dignidad de las víctimas, toda vez que lo victimarios en un actitud lejana de arrepentimiento y aceptación de sus crímenes atroces, descalificaron y desprestigiaron el nombre de las víctimas mostrándolas como responsables de su suerte, justificando además sus acciones señalándolas como delincuentes, como guerrilleros, en ese orden de ideas explicó que uno de los derechos fundamentales de las víctimas es la reivindicación de su memoria y el rescate de su dignidad, en el Cañón de Anaime mataron campesinos que se inclinaban sobre la tierra diariamente para arañar sus entrañas con el fin de hacerla producir alimentos, honrados, honestos sufridos pero felices de aportar su trabajo, sumado a que dentro del proceso no hay prueba que indique que las personas asesinadas eran guerrilleros, por lo anterior, rechazó la postura del juzgado respecto de haber considerado como combatiente a RICARDO ESPEJO, calificación hecha a la ligera y carente de todo respaldo probatorio, y explicó que las aseveraciones de OLIVO SALDAÑA, que desacreditaron a las víctimas al calificarlas como auxiliadoras de la guerrilla, no pueden ser dadas por ciertas teniendo en cuenta que es un personaje que ha mentido en asuntos muy delicados, insistió en que no se puede revictimizar a las víctimas. 

Por las razones expuestas, solicitó confirmar la sentencia recurrida, que se establezca que no hay prueba de la coautoría de integrantes de grupos paramilitares, se compulsen copias para continuar con la investigación contra el SPL JHON JAIRO GUZMÁN y los militares reconocidos en el álbum fotográfico por IGLESIAS y contra los destacamentos encabezados por el Capitán RODRÍGUEZ y el suboficial DAIRON ALFONSO CUADROS, además de que se elimine de la sentencia toda referencia a pago de indemnizaciones toda vez que la indemnización de perjuicios está siendo perseguida a través de la vía contenciosa administrativa. 

8.	CONSIDERACIONES DE LA SALA

8.1	RESPUESTA A LA APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO.

(i)  El recurrente alegó que la sentencia desconoció el principio de congruencia por cuanto se acusó por unos delitos y se condenó por otros, y explicó que la variación de la calificación jurídica hecha por la Fiscalía, generó cargos distintos quebrantándose de esta manera el derecho de defensa de su defendido. 

En Resolución de acusación vista a folios 1 a 66 del cuaderno original N° 13, se verificó que la Fiscalía acusó a JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, por los delitos de homicidio múltiple agravado, concierto para delinquir para cometer delitos de homicidio, desaparición forzada de personas, desaparición forzada agravada, tortura agravada, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, falso testimonio, falsedad ideológica en documento público. 

Al procesado ALBEIRO PÉREZ DUQUE, de homicidio múltiple agravado, concierto para delinquir para cometer delitos de homicidio, desaparición forzada de personas, desaparición forzada agravada, tortura agravada, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, Cohecho por dar u ofrecer. 

Finalmente a WILSON CASALLAS SUESCUN, lo acusó como presunto cómplice del delito de homicidio agravado y como posible autor de los delitos de concierto para delinquir para cometer homicidio y fraude procesal. 

Sin embargo, durante la audiencia pública  y finalizado el periodo probatorio, la representante de la Fiscalía procedió a realizar variación de la calificación jurídica provisional hecha en la resolución de acusación, indicó que el cambio es referente al homicidio, pues se habla de una circunstancia que no se ha tenido en cuenta, pues en la acusación fue catalogado en el homicidio múltiple agravado, pero no se puede desconocer que los mismos tienen relación directa con el conflicto armado colombiano, razón por la cual se tipifica el delito en persona protegida previsto en el artículo 135 del C.P; así, explicó que el mencionado ilícito fue cometido fuera de combate al margen de las hostilidades, razón por la cual las víctimas deben ser consideradas como personas protegidas por el derecho internacional humanitario.

En ese orden de ideas, expuso que esa variación también debe realizarse respecto del delito de tortura, pues se presenta es en persona protegida por el DIH, porque se presentó dentro del conflicto armado mencionado, y aclaró que dichos delitos, se presenta en concurso con otras conductas, lo que quiere decir que los procesados deben responder por los delitos de homicidio y tortura en persona protegida en concurso con concierto para delinquir, desaparición forzada de personas agravado, hurto calificado y agravado, falso testimonio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, calificación que se da en calidad de coautores de las mencionadas conductas punibles. 

Posteriormente, procedió a concretar la acusación en contra del procesado WILSON CASALLAS SUESCUN, como coautor de los delitos de homicidio y tortura en persona protegida, en concurso con concierto para delinquir y fraude procesal.  

Ahora bien, de manera clara el artículo 404 del C.P.P., regula el cambio de la calificación jurídica así: 

“…Artículo 404. Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible. Concluida la práctica de pruebas, si la calificación provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos. 

1. Si el Fiscal General de la Nación o su delegado, advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al Juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias…”.

Facultado en ese normativa fue que la Fiscalía amplió la calificación jurídica provisional, teniendo en cuenta que los hechos investigados tenían relación directa con el conflicto armado interno, al respecto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de abril de 2008, radicado 29339, M.P., Yesid Ramírez Bastidas, indicó: 

“… De acuerdo a la normativa en cita se ha imperado de manera inequívoca que las variaciones agravadas de calificación referidas a un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, reconocimiento de una agravante y la variación de desconocimiento de una atenuante se pueden efectuar sólo mediante el presupuesto de “prueba sobreviniente”, requerimiento de procedibilidad y probatorio  que la disposición en cita de igual establece tienen cabida es “tras la conclusión de la práctica de pruebas

…

la variación de la calificación del artículo 404 ejusdem se reguló para los procesos adelantados en la Ley 600 de 2000, la Sala considera que se hace necesario precisar la línea jurisprudencial fijada a partir del auto del 14 de febrero de 2002 en la cual se proclamó que las variaciones de la calificación para hacer más gravosa la situación del procesado pueden hacerse no solo como consecuencia de prueba sobreviniente “sino también prueba antecedente”.

Desde la perspectiva de un control constitucional y de respeto al principio de reserva o estricta legalidad postulado que también es constitucional, debe decirse que se hace necesario efectuar ajustes a los alcances de la concepción jurisprudencial en cita, pues al haberse concebido a partir de la misma que las variaciones de agravación de la calificación pueden efectuarse tanto con prueba sobreviniente requisito de procedibilidad en efecto instituido, como con “prueba antecedente”, de alguna manera se desconoce el rigor de lo legal y procedimental reglado en el artículo 404 ejusdem, normativa en la cual de se impera sin espacio para efectuarle agregados, que las variaciones de agravación diferentes a la errónea calificación sólo son procedentes en la medida en que se dé el presupuesto fáctico de “prueba sobreviniente”…”

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el recurrente alegó que esa variación generó el desconocimiento del principio de congruencia, toda vez que unos fueron los delitos de la acusación inicial y otros por los que finalmente fueron condenados los procesados, sobre el particular la Colegiatura debe tener en cuenta dos aspectos, el primero que La variación de la calificación hace parte de los contenidos del debido proceso penal y de correspondencia, también obedece a reglados y sujeta a requerimientos legales de procedibilidad y el segundo que es el principio de congruencia en su carácter de regla estructural del proceso y de garantía, exige entre la sentencia y la acusación la existencia de una adecuada relación de conformidad en los aspectos personal, fáctico y jurídico, al respecto ha manifestó la Corte Suprema de Justicia:

“… Se concibió a la acusación como un acto jurídico complejo pero desde luego sujeto a presupuestos normativos que no se agota con la calificación provisional dada en la resolución de acusación, sino que además sus contenidos de imputación fáctica y jurídica se delimitan de manera definitiva en la etapa de juzgamiento, fase por excelencia de contradicción probatoria en la cual también se aducen, producen e incorporan medios de prueba, razón fundamental por la cual se entiende y explica la existencia jurídica la variación de la calificación.

Al hallarse ubicada la variación de la calificación al interior de la etapa del juicio, fase de características esenciales de concentración y de contradicción probatoria, es como se comprende de acuerdo a lo imperado por el artículo 404 que las variaciones de la calificación distintas a los temas de errónea calificación que dicen relación con nomen juris diferentes, sólo son procedentes conforme a dicha normativa en la medida en que hubiesen surgido “pruebas sobrevinientes” y que en su contrario ante la inexistencia material y jurídica de éstas en la etapa del juicio, por ausencia de ese requisito de procedibilidad y postulado de necesidad de la prueba no es viable efectuar ninguna variación agravante de calificación….”

Así las cosas, y verificada la sentencia es evidente que la misma guarda congruencia fáctica y jurídica con la acusación presentada por la representante de la Fiscalía, pues tal y como lo indicara la misma, este proceso es fruto del conflicto interno que se vive en el país, y fue dentro del juicio que se verificó la intervención de miembros de las fuerzas armadas de Colombia, como la de miembros pertenecientes a grupos armados irregulares, situación que en el caso concreto culminó con la muerte de varios civiles y de un miembro de la guerrilla que no se encontraban en combate, situaciones estas que la Sala analizará de manera concreta más adelante. 

(ii) Alegó además la defensa que ese cambio de calificación y el hecho de que en la nueva acusación se hablara de delitos contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, generaba incompetencia para el juzgado que venía conociendo la actuación, pues conforme a pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que los Jueces Especializados no son competentes para conocer de éste tipo de delitos, por hechos acaecidos antes de la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004, en ese orden de ideas, explicó que no puede un Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, estar por encima de postulados legales como la ley 504 de 1999, 600 de 2000 y 906 de 2004.

Tal y como lo indicó el Juzgado, los delitos consagrados en el capítulo de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, están asignados al cocimiento de los Jueces Penales del Circuito, por competencia residual, conforme al literal b, numeral 2º del artículo 77 del C.P.P. No obstante lo anterior, se debe considerar que el juicio que se sigue en contra de los procesados, se adelanta también por los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo que conforme a los numerales 4 y 7 del artículo 5º del capítulo transitorio del C.P.P, son de competencia de los Jueces Especializados del Circuito; quiere decir lo anterior, que el juzgado fallador si era competente para continuar investigando el caso, máxime cuando de manera específica hay unos delitos que conforme a lo establecido en la ley penal le otorgan la competencia exclusiva a los Juzgados del Circuito Especializado.

Las apreciaciones del sujeto recurrente no están llamadas a prosperar toda vez que de conformidad con lo reglado en el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, que modificó algunas disposiciones de Ley 599 de 2000, atribuyó competencia a los Juzgados Penales de Circuito Especializado para conocer de todos los delitos que ella señala, entre otros están el secuestro simple, el secuestro extorsivo, el simple agravado y el extorsivo agravado, la extorsión simple, la extorsión agravada, el concierto para delinquir, en su modalidad básica y en cualquiera de los eventos referidos por el inciso 2° del artículo del artículo 8° de la ley en cuestión. Así lo ha precisado el Tribunal de justicia ordinaria:

“(…) sabido es que, con ocasión a la vigencia de la Ley 733 de enero 29 de 2002, según el artículo 15, su aplicación en el ordenamiento jurídico interno comienza con su publicación… mediante la cual se introdujeron modificaciones en el ámbito funcional de los jueces penales del circuito especializado.

En efecto, de conformidad con la preceptiva del artículo 14 de la referida ley, mediante la cual se le asignó a la justicia especializada “el conocimiento de los delitos señalados” en la misma de donde surge diáfana la ratificación de la competencia asignada a tales funcionarios adicionándola  con el delito de secuestro simple que conservó igual redacción gramatical difiriendo en lo atinente al quantum punitivo, independientemente de la imputación de circunstancias específicas de agravación.

De este modo, se tiene establecido que a partir de la vigencia de la Ley 733 de 2002 (ene 31/02), el conocimiento del secuestro en cualquiera de sus modalidades corresponde a los jueces penales de circuito especializado, sin importar que los hechos sean cometidos en su vigencia o sea producto de actuaciones en curso para dicho momento, atendiendo que si la competencia en un imperativo de orden público, parte integral de la estructura básica del procedimiento y de las formas propias de cada juicio dispuesta por el legislador encargado de establecerla y de señalar su vigencia; sin embargo, en la precitada ley,  no se señalaron condicionamientos ni excepciones, tan solo se asignó el conocimiento del catálogo de delitos allí mencionados,  entre otros, el secuestro simple a los jueces penales del circuito especialidazados.” Y en otras de sus decisiones el alto Tribunal precisó:

“Es decir, que la nueva ley atribuyó competencia a los jueces penales de circuito especializado en relación con todos los delitos que ella señala, independientemente, de que las conductas sean agravadas o no por todas las circunstancias allí precisadas, es decir, el secuestro simple, el secuestro extorsivo, el simple agravado y el extorsivo agravado, la extorsión simple, la extorsión agravada, el testaferrato cuando se realiza en los eventos referidos en el inciso 2° del artículo 326 del Código Penal, el concierto para delinquir, en su modalidad básica y en cualquiera de los eventos a que se refiere el inciso 2° del artículo 441, la fuga de presos en la modalidad culposa simple,..” 

Finalmente, se llama la atención del recurrente en el sentido que el Acuerdo PSAAP 8-4443 del 14 de enero de 2008 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, no desconoce las reglas de competencia, pues el mismo creó una medida de descongestión encaminada a que los procesos penales relacionados con los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, debían ser conocidos por dos Juzgados de Descongestión y que tenía el mismo grado, es decir Especializados, conservándose así la competencia para continuar conociendo de los mismos.

(iii) Aseguró la defensa que el hecho de que el juicio haya sido adelantado por un juzgador distinto al que profirió la sentencia afecta el principio de inmediación y desconoce las garantías procesales del juzgador. 

En la ley 600 de 2000, la inmediación no es un principio rector del procedimiento, pues en éste, por el contrario, impera el principio de permanencia de la prueba, en el que incluso suele suceder que “desde primigenios estadios de la instrucción, e incluso al momento de verificarse la investigación previa, se recojan los elementos suasorios suficientes para […] no sólo imponer medida de aseguramiento, sino acusar al encartado o proferir condena en disfavor suyo”.

Así las cosas, el hecho de que el juicio haya sido adelantado por un juez distinto al que profirió la sentencia, no afecta las garantías procesales, pues las pruebas permanecen dentro de la actuación, además de que el juicio quedó registrado en audio y video, situación que le permitió al juez que profirió la sentencia tener un contacto más directo con la actuación, pues necesariamente para emitir el fallo tuvo que ver el juicio.  

Al respecto manifestó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de febrero de 2010, radicado 33552, Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

“… La circunstancia de que en este caso la sentencia de primera instancia haya sido dictada por un juez de descongestión, distinto al que evacuó la audiencia pública, no comporta irregularidad alguna, si en cuenta se tiene, además, que el caso se rige por el procedimiento mixto de la Ley 600 de 2000, en el cual el principio de inmediación no comporta la misma fortaleza que se ha establecido en la Ley 906 de 2004, entre otras razones, porque allí rige el principio de permanencia de la prueba bajo cuyo amparo los elementos suasorios se recogen a lo largo de la investigación, las más de las veces sin participación directa o verificación del juez de la causa.

	En consecuencia, si los medios probatorios reposan en el expediente y tienen plenos efectos, aún antes de que el asunto llegue a conocimiento del juez, mal puede decirse que la designación de un nuevo funcionario afecta de manera trascendente el debido proceso o tiene incidencia directa en la evaluación de esos elementos.

	Además, no puede pretenderse, como lo insinúa el demandante, que a un trámite que se rige por el procedimiento mixto de la ley 600 de 2000, se apliquen conceptos que sólo tienen cabida en el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004…”

(iv) La defensa alegó además que dentro de la actuación no se indicó como se concertaron los militares con las autodefensas, ni el acuerdo al que llegaron, ni la empresa criminal que se conformó, sumado al hecho de que dentro de la actuación quedó plenamente demostrada la autoría de los punibles que se investigaron, en manos del grupo ilegal Autodefensas Unidas de Colombia. Por su parte y en el traslado de no recurrentes, el representante de las víctimas alegó que los paramilitares no fueron los que realizaron los hechos, sino miembros de la tropa al mando de RODRÍGUEZ AGUDELO.

Así las cosas, si bien, es deber de las autoridades prestar una efectiva protección a todos los ciudadanos, en especial a aquéllos cercanos al conflicto armado, pues tienen la obligación estatal de asegurar la inviolabilidad del derecho a la vida se hace exigible bajo cualquier circunstancia; tal y como lo refirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 1º de julio de 2006, para el caso de las masacres de Ituango, a partir de 1997, se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública,  así como actitudes omisivas de parte de integrantes de ésta última respecto de las acciones de dichos grupos. Según el informe de 1997 de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes.

No obstante y como bien lo señaló el apoderado de las víctimas, en el sub-yúdice inexistió acuerdo entre los miembros del Ejército de Colombia y los integrantes de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), Bloque Tolima, tal como lo pretenden hacer ver los sujetos recurrentes, y en cuanto a que del material probatorio recaudado en la instrucción y la causa, apunta a demostrar lo contrario, que los atroces crimines que originaron la investigación fueron efectuados por miembros del Ejército del Estado Colombiano, quienes se concertaron para cometer indeterminados delitos que se prolongaron en el tiempo, afectando diversos bienes jurídicamente tutelados entre los que se encuentran los protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, y con ocasión del conflicto armado, como lo veremos seguidamente. 

Lo primero que debe resaltar la Sala, es la situación social que se desencadenó en la zona del Cañón de Anaime, en la jurisdicción del municipio de Cajamarca - tolima y cómo desde sus inicios el Ejército comenzó a recaudar información de sus pobladores, considerándolos como auxiliadores de la Guerrilla de las FARC, en ese orden de ideas, se conoció que Semillas de Agua es una Corporación Ambientalista que propende por la conservación de las reservas Hídricas de la Región, así como los cultivos con abonos  orgánicos y químicos, surgió inicialmente en un predio donado por JOSÉ JOAQUÍN QUINTERO, a varias entidades, entre ellas la Universidad del Tolima y el distrito de riego de Coello y el Espinal Usocoello.

Un evento de especial importancia se presentó como anuncio de la llegada de la Fuerza Pública a la zona y el inicio del recaudo de información de las personas que allí habitaban, fue así como DIANA MARÍA VERA BUSTOS, esposa de RICARDO ESPEJO GALINDO, víctima de los hechos que acá se investigan, quien informó acerca de la presencia del ejército en la zona desde la toma de “Manigua”, finca de propiedad de quien para esa época se desempañaba como embajador ante el Líbano, de apellido ECHEVERRI, cuando las fuerzas armadas llegaron a sacar a 40 familias que se habían tomado el mencionado inmueble porque no tenían tierras, toma organizada por el sindicato de Cajamarca, y el comandante del ejército les informó que tenían que desocupar porque esa orden venía directamente del Palacio de Justicia del Presidente ÁLVARO URIBE, momentos en los que su esposo ESPEJO GALINDO fue fotografiado por el personal uniformado, al ser el único miembro del sindicato presente, quedando estigmatizado desde ese preciso instante.

Así y tal  como lo expuso la Fiscalía en escrito de acusación, es necesario recordar que los procesados para la fecha de los hechos eran militares de diverso rango, pertenecientes a la Compañía Búfalo, del Batallón de Contraguerrilla N° 6 Pijaos, adscrito operacionalmente al BATALLÓN DE Infantería N° 18 Coronel Jaime Rooke, orgánico de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con sede en Ibagué (Tol), y que por órdenes de sus superiores fueron desplazados a la zona rural del Municipio de  Cajamarca, en misión operacional y con la finalidad primaría de reforzar la seguridad del Gobernador del departamento del Tolima.

Al respecto, obra en el plenario orden de Operación Omega en la que se establece como misión que el Batallón de Infantería N° 18 Coronel Jaime Rooke, a partir del 27 de octubre de 2003, un mes antes de los secuestros, torturas, desapariciones forzadas, hurtos, homicidios que se presentaron, con la incorporación  de la Compañía Búfalo, al mando del procesado JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, quien para la época ejecutaba el cargo de Capitán, efectúan movimiento táctico a pie hasta el área general de Anaime, Palomar, Potosí y Semillas de Agua, municipio de Cajamarca, con el fin de ubicar, capturar y dar de baja si oponen resistencia armada a grupos de narcoterroristas. Era el cometido que tenían que cumplir.

Dentro de la actuación quedó plenamente probado que el Ejército tenía información de los campesinos de la zona que fueron señalados, previo a los hechos, como auxiliadores de las FARC, es así como en el plenario obran anotaciones hechas por el Ejército y en contra del acá denunciante JHON JAIRO IGLESIAS, quien es tildado de miliciano de esa agrupación guerrillera, y donde se afirmó que él y su mujer contribuían con la subversión, ésta última (esposa) encargada de coordinar con los médicos y enfermeros para la atención de los bandoleros, informes que también obran respecto a otros pobladores y que evidencian señalamientos graves contras las personas que resultaron víctimas de los actos atroces que acá se juzgan. 

Prueba de ello, es el reporte que  el comandante Teniente Coronel ALBERTO LÓPEZ FRANCO, del Batallón de Infantería N° 18 Coronel Jaime Rooke, envió a la Fiscalía, en el que indicó que el Ejército tenía información que los aquí secuestrados, torturados y ajusticiados JHON JAIRO IGLESIAS, JESÚS ANTONIO CÉSPEDES, GERMÁN BAQUERO BERNAL (estos dos últimos asesinados), entre otros, eran colaboradores del Frente 21 de las FARC., situación que se debe analizar de manera conjunta con el hecho de que el Ejército contó con los datos proporcionados por RODRIGO MOLINA PRIETO, y en los que éste manifestó dentro de la actuación que él trabajó como informante para el Ejército, perteneció a la red de informantes del Batallón Rooke y de la 6ta Bridada de Ibagué, para el periodo del 2000 a 2003, declarante que también reveló que recibió dinero por la información que proporcionaba y explicó que él vivió en la vereda de Potosí, Cañón de Anime, por tanto, los militares no solo contaba con información de la región y sus habitantes, sino también de las actividades que como milicianos estaban comprometidos algunos de sus pobladores, siendo precisamente esa la misión que debía cumplir el Ejército al mando de uno de los responsables, acabar con quienes contribuyen con las Fuerzas Revolucionarias de las FARC. 

Es tan veraz esa información que fue el mismo MOLINA PRIETO el que reconoció además que él participó en varios operativos con el Capitán CARO, antes de noviembre de 2003, en toda esa región del Cañón de Anaime, Rosesvalle, Santa Helena, Toche, entre otros lugares, y aseguró que proporcionó datos que fueron manejados por el Coronel MATAMOROS, y explicó también que estuvo con el aludido Capitán en muchos operativos en los que hubo bajas de la guerrilla, que iba como guía, uniformado como miembro del Ejército y que le dieron un fusil que nunca utilizó.

En tal sentido, para el Tribunal queda claro que por las labores realizadas por los mismos uniformados y por los informes de inteligencia existentes, se logra evidenciar que la tropa contaba con información suficiente que vinculaba a los habitantes del Cañón de Anime, o a algunos de de sus pobladores con la causa rebelde, hecho que generó  la presencia de los militares en la zona, desde mucho antes de la comisión de los atroces crímenes; es así como una vez instalados en el citado Cañón inicialmente se dedicaron a censar a la población y a realizar todo tipo de vejámenes tendiente a identificar a las personas que con su accionar estaban comprometidas con grupos ilegales o lo que es lo mismo, prestaban auxilio, contribuían  o han contribuido con la guerrilla de las FARC, a los que los uniformados pretendían combatir, siendo ese el propósito por el que se habían desplazado a la región. 

En efecto, ARACELI LONDOÑO VARONA, esposa de JOHN JAIRO IGLESIAS, quien fuera secuestrado, torturado y utilizado por los responsables como informante, lugareño conocedor de la región, quien luego de varios días de cautiverio logró escapar cuando lo mandaron al pueblo a conseguirle comprador a unos semovientes hurtados, aprovechó dicha oportunidad no solo para librarse de las garras de sus secuestradores sino también para noticiar a las autoridades de lo ocurrido, dando con ello inicio a la investigación penal y sobre lo cual su esposa refirió que para la época el Ejército se encontraba situado en La Hacienda La Floresta, y de manera concreta indicó: 

“… Y ellos en repetidas ocasiones que subían a las casas,  nos amenazaban que nos iban a sacar de las casas, y de la vereda porque éramos auxiliadores de la Guerrilla, aclaró que quince días antes, de los hechos de la masacre, el Ejército hizo un censo de la población de la vereda preguntando nombres y finca donde viven las personas…”

JOSÉ DOMINGO LÓPEZ HERRERA, habitante del lugar, también dio cuenta de la presencia de ejército en la zona antes de los macabros hechos, confirmó lo dicho por otros declarantes respecto a que en los meses de  septiembre y octubre de 2003, el ejército estuvo patrullando la zona, llegando a las casas a preguntar cuantos habitaban, anotando todos los datos en un cuaderno, y,  bajo los apremios del juramento aseguró que días antes miembros del ejército le habían golpeado (sic) a su hijo, porque se negó a bajar de un vehículo y seguir carretera arriba con ellos, por lo cual, por haberse opuesto a sus pretensiones lo agredieron físicamente, le dieron culata, patadas, puños y lo  amenazaron de muerte si volvía por ese lugar, refirió además que los militares hacían retenes de manera frecuente y anotaban las cédulas cada vez que bajaban o subían.  

HERMINSO ARAGONES, morador de la región dio cuenta que dos días antes de los hechos, el ejército pasó por su casa, le preguntaron su nombre y miraron en un cuaderno si estaba allí registrado con cédula, pudiendo verificar que sí lo estaba, situación que es confirmada por ESTELA RUÍZ HURTADO, nuera de MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, quien refirió que los días anteriores a los hechos, el Ejército estuvo allá, haciendo censo a diario y refirió: “… Yo venía con mi esposo a vender carga de cilantro, zanahoria, y a veces él hacía dos o tres viajes, al día nos pedían la cédula y anotaban en un cuaderno los nombres de todas las personas que veníamos, si tres veces al día pasábamos, tres veces hacían lo mismo, pedían las cédulas y nos anotaban en un cuaderno que teníamos…”; aspectos que fue avalado también por la deponente MARTHA URIBIA GÓMEZ NAVARRO, compañera permanente de HERMINSO ARAGONEZ, quien sobre el particular señaló: “… A veces cuando veníamos al pueblo en LA SIBERIA y en CAJONES, el Ejército hacía retenes pedían cédulas, ellos le pedía la cédula a uno y se la llevaban y al rato volvían y se le entregaban a uno, eso lo hacía cuando una bajaba y cuando subía…”

Sobre la presencia del ejército en la zona también dio cuenta JUAN CRISOSTOMO RODRÍGUEZ, hijo de una de las víctimas, de MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, quien manifestó que su hermano de 15 años fue a buscarlo a su casa a decirle que unas personas que decían que eran de las AUC, se habían llevado a su papá, razón por la cual se dirigió a la casa de su padre donde se encontró a su hermana CARMEN ELISA, se encontraba llorando, la interrogó y le comentó que habían llegado unos uniformados vistiendo prendas del Ejército que habían preguntado por su padre, que tenían el distintivo del Batallón Rooke. En estos términos se expresó el testigo:

“… Yo seguí buscándolo, el mismo viernes es decir al día siguiente, cuando yo bajaba por la carretera abajo y en la casa de don julian cortes, dentre a esa casa a ver si llevaban a mi papá cuando la sorpresa fue que me quede mirando hacia la parte de la carretera y subían como siete u ocho uniformados con prendas del ejercito y llevaba a don Germán Bernal, amarrado con las manos atrás y lo llevaban hacia la carretera y cuando lo llevaba yo me devolví porque me dio miedo y de pronto me hacían algo a mí, el físico no los ví, les vi fue el uniforme, los vi de lejos…” (errores ortográficos propios del escrito)

“… También quiero agregar que quince días antes de que aparecieran las supuestas AUC, subió el ejército y ahí donde mi tía Nancy Hernández, la retuvieron a ella, a los hijos de ella a mi cuñado Alba Lucía Rodríguez y a mi hermana Carmen Elisa Rodríguez, y le preguntaba muy insistentemente por el nombre de mi papá en varias oportunidades, estaba interesados y demostraba mucho interés por mi papá y esa día las tuvieron retenidas casi todo el día…”  

Sindicaciones que fueron avaladas por la declarante ESTELLA RUÍZ HURTADO, nuera del occiso RODRIGUEZ MORENO, quien dijo haber presenciado el secuestro de su suegro debido a que ese día que lo llevaban amarrado (7 de noviembre de 2003) los secuestradores entraron a su tienda y pese a que se identificaron como de las Autodefensas, no llevaban brazalete y en la cachucha militar se leía: “Fuerzas Especiales” y los otros llevaban como “unas pavitas” y a renglón seguido agrega la deponente:  “al Ejército es al único que le veo eso, de ese color que ellos usan…”.

Y es que de la presencia de los uniformados en la región donde se generaron los execrables crímenes también dio fe  CARMEN ELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en su condición de víctima de los insucesos y como que su progenitor MARCO ANTONIO, fue sacado y secuestrado de su predio el día jueves 6 de noviembre de 2003, y vilmente masacrado, descuartizado, dijo haber sido retenida por el Ejercito Nacional el día 27 de octubre de de ese mismo año en la finca “Bellavista” en momentos en que se dirigía a buscar a su compañera MARIA EDITH FONSECA con quien labora en el Centro Educativo de Potosí, le preguntaron por el nombre de su papá, lo anotaron en un papel, le observó un mapa de la región, les pidió que la dejaran ir y le respondieron negativamente, que no porque estaban en  “en cuartelamiento de primer grado”. Y concluye su interrogatorio refiriendo que quienes secuestraron a su consanguíneo iban vestidos de camuflados como el ejército, con botas negras con unas plaquetas que usan los soldados, plateadas, con unas letras que del susto no pudo leer, que utilizaban frases como las que utiliza el ejercito, se decían “lanzas”, percatándose la deponente que uno de ellos “frunció las cejas como para que él no utilizara esas palabras delante de nosotros.” Versión que es confirmada con la esposa de ESPEJO GALINDO al momento de ser interrogada cuando lo secuestraron, respecto a los secuestradores señaló:

“ (…) todos vestían con uniforme y con botas de material, como los del ejército, todos los uniformes eran parejos, yo me acuerdo de pronto de algunas caras de los que estuvieron en la casa, yo les ví unas placas en las botas, como blaquitas, pero no les ví qué decía por que no me dejaron mirar, yo les ví que en la lengua de las botas decía “ejército de Colombia,” todos decían así…”

Igual apreciación hizo la deponente MARÍA NANCY PULIDO PULIDO, quien no tan solo dio cuenta de la presencia de uniformados en la zona sino que además bajo los apremios del juramento refirió haber escuchado las detonaciones y el supuesto enfrentamiento de la fuerza pública con la subversión, cuando dieron de baja al primero de los secuestrados,  a su hermano CAMILO PULIDO, y al haberles sido coartado su derecho de locomoción, pues fueron encerradas, aquella y su hermana, en un inmueble, por un grupo armado, cuyos miembros vestían prendas del ejército en el que se leía “PIJAOS”. En estos términos explicó la testigo: 

“…Nosotros nos vinimos con el chofer y más adelante en el sector de LA FLORESTA, era un grupo más grande como de unos treinta igualmente vestidos con uniforme del ejército, armas largas y nos fijamos que en el brazo de los uniformes decía PIJAOS, estos no tenían pañoletas en la cara, ellos no tenían vehículo, nos hicieron parar, y nos hicieron devolver para que los llevara a ellos hasta arriba a donde se había bajado el otro grupo. Quiero agregar que los muchachos que hicieron el primer reten nos advirtieron que no fuéramos a  contar nada de lo que había pasado, entonces cuando llegamos al segundo reten al preguntarle al chofer que si estaba pasando algo por allá arriba, el conductor les dijo que nada y entonces uno de ellos le dijo tranquilo hermano y se reía, lo que me dio a entender que ellos ya sabían que andaba ese otro grupo por allá arriba…”

De otra parte, investigadores adscritos a la Fiscalía General de la Nación que fueron desplazados a la región y que tenían como misión principal esclarecer los responsables de esas masacres, mediante informe fechado 30 de abril de 2004, suscrito por FRANCISO JAVIER ROMERO VELEZ y con el visto bueno de EVA CARMENZA ALBAN MURILLO, Jefe de Información y Análisis (E), descartan la presencia de grupos de Autodefensas en el Municipio de Cajamarca, y siendo que históricamente dicha región ha sido área de influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y objeto de presencia permanente de contraguerrillas pertenecientes al Batallón Roocke de la Sexta Brigada del Ejército para combatirlos; información que fue confirmada con el dicho del lugareño JAIME HENAO, sosteniendo ante el ente acusador, al tiempo que también lo sostuvo JHON JAIRO IGLESIAS que los responsables de esas masacres no eran otros que el Ejército Nacional, por el distintivo que durante el tiempo que estuvo secuestrado (IGLESIA) y que fue utilizado como informante, les observó en el hombro y que decía: “Contraguerrilla Pijaos” y que se puede evidenciar en el uniforme que obra dentro de la actuación.

Y es que además, al extractar de los organismos de seguridad del estado reseña histórica acerca de LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA DEL BLOQUE TOLIMA Y DE LAS AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA, se descarta dentro de estas organizaciones ilegales la presencia de  alias TOÑO BRAVO”, y quien fuera el sujeto que se identificó como comandante del Bloque Tolima de las AUCC y responsable de los hechos investigados, inexistiendo registro anterior o posterior a los execrables crímenes, de personas desmovilizadas o capturadas de esa organización criminal y que den fe del mismo, tal como indicara FRANCISCO JAVIER ROMERO VÉLEZ, investigador criminalistico VII, analista variable de las autodefensas SIA, precisando dentro de su deposición que en el único documento que aparece registrado dicho individuo (a.TOÑO BRAVO) es el entregado por JHON JAIRO IGLESIAS y explicó  que la zona del Cañón de Anaime – Cajamarca, comprende al Tolima y al Quindío, es una zona de injerencia de los Frentes 50 y 21 de las FARC, y aseguró además que en el tiempo que él lleva entrevistando desmovilizados, ninguno ha comentado operaciones en el Cañón de Anaime; como lo revelan también dos de sus ex-integrantes: LUIS ALBERTO MEDINA SALAZAR y ALVARO CRUZ, ambos privados de la libertad, recluido en la Cárcel la Picaleña de la ciudad de Ibagué, el primero  integrante del Bloque Tolima, a finales del 2001 y principios de 2002, y el segundo hasta el año 2003, excombatientes que dijeron desconocer como integrante de ese Bloque a alias “TOÑO BRAVO” y explicaron al unísono que las AUC nunca estuvieron en el Cañón de Anaime, por la cantidad de guerrilla que permanecía en la zona y debido a que era un “peladero”, no había plata, que sí permanecían en el Guamo y en San Luís, nunca usaron insignias del Ejército, portaban sí brazaletes con las siglas AUC,  y siempre que marcaban las casas o los carros escribían Bloque Tolima presente; versiones que son confirmadas con el dicho del desmovilizado de las FARC y jefe financiero del frente ADÁN IZQUIERDO, RAÚL AGUDELO MEDINA a. “OLIVO SALDAÑA”, quien en juicio oral declaró que para le época en que se registraron los lamentables acontecimientos estaba en Cajamarca al lado de ALFONSO CANO, en el punto que se llama Potosí en el Cañón de Anaime, que como jefe compartía área con CARRILLO y con ENRIQUE, descartó la presencia paramilitar y explicó que lo que se dio antes de la masacre fue una guerra sicológica y aseguró que ellos no pudieron comprobar que se haya dado presencia del aludido grupo ilegal en el casco rural de esa zona y menos en el cañón de Anaime porque esa región les pertenecía y estaba controlada por ellos; sabían sí del interés del paramilitarismo de instalarse en el casco urbano,  y confirmó que para el año 2003 el Ejército efectuaba retenes en la zona de Anaime, en puente hierro. 

Asimismo, el mencionado Investigador al someter a análisis  el panfleto que RODRÍGUEZ AGUDELO, recibió supuestamente del Comandante de las Autodefensas, de alias FABIÁN, en el que lo declaraba objetivo militar, explicó que conforme a los archivos existentes, los libelos que ha dado a conocer las AUC que se atribuyó los crímenes, han sido para revelar hechos perpetrados pero nunca para declarar objetivo militar a alguien, sumado a que el mencionado volante no reúne las características de los dados a conocer por el Bloque Tolima en el departamento. 

En Misión de Trabajo N° 156, se informó que: 

“… Revisados los archivos de inteligencia llevado en la sección sobre integrantes de grupos de autodefensas en el departamento, se encontró que la sigla ACCU, corresponde  a las Autdefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, utilizadas en distintivos o brazaletes en el departamento del Tolima, por el Bloque Tolima de las AUC, liderado por alias DANIEL. Grupo de autodefensas que forma parte de la  misma organización liderada por CARLOS CASTAÑO GIL. 

El Bloque Tolima cuanta con dos (2) frentes, ubicados en la zona sur y norte del departamento, información estipulada por municipios en las Orden de Batalla de esta agrupación al margen de la ley que se anexa. 

En cuanto a alias TOÑO BRAVO, este no parece registrado en los archivos de inteligencia como integrante del Bloque Tolima…” OJO VERIFICAR FIE PAGISNA 

Así las cosas, para éste Cuerpo Colegiado no resulta creíble la autoincriminación que sobre los hechos objeto de investigación asumieron los presuntos exparamilitares del Bloque Tolima RUBIEL DELGADO LOZANO a. “CALILLA, TOÑO BRAVO Y LUIS CARLOS” Y ANATANAEL MATAJUDIOS a. “JUANCHO” , toda vez que al analizar sus dichos con el rigor de la sana critica y por las contradicciones en las que incurren se logra evidenciar con meridiana claridad que lo que pretenden con los mismos es desdibujar la realidad de lo acontecido, inclinar la balanza de la justicia a favor de los incriminados y como que de las pruebas testimoniales acotadas en precedencia verbigracia el testimonio de LUIS ALBERTO MEDINA SALAZAR Y ALVARO CRUZ, mismos integrantes de la agrupación ilegal a la que dicen hacen parte los confesos DELGADO LOZANO Y MATAJIDIOS, al igual que el ex-integrante de las FARC-EP-, a. “OLIVO SALDAÑA” dejaron evidentemente claro la ausencia de las AUC en el tantas veces aludido Cañón de Anaime, jurisdicción del Municipio de Cajamarca Tolima; al punto que el primer confeso y ex–integrante paramilitar, RUBIEL DELGADO pretendió hacer creer en la versión que rindió en juicio que él era el comandante conocido con el alías de “TOÑO BRAVO”, que fue éste quien incursionó y comandó el operativo que culminó con las masacres conocidas en autos, cuando también quedó claro con los medios de prueba reseñados que en el grupo de autodefensas del Tolima o autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá  que operan u operaron en los Municipios del Guamo y Saldaña, con relación a las primeras y las segundas en Puerto Saldaña, siendo estas la base de las anteriores, no  existe en ellas jefe alguno conocido con éste alias; aunado a que al ser interrogado sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se llevaron acabo los delitos de lexa humanidad cometidos contra la población civil por esa organización criminal al mando del deponente y de sus integrantes, no dio mayor claridad, ni de quien fue la persona que se encargo de hacer inteligencia y más bien precisó que lo haría cuando fuera incorporado  al programa de Justicia y Paz,  conforme lo reiteró también el otro confeso, eludiendo de esta forma el cuestionario que los sujetos procesales le hicieron en juicio; abrogándose el encuentro de las caletas donde se halló material de guerra y de intendencia perteneciente a la guerrilla cuando quedó probado dentro de la actuación a través de los distintos medios de comunicación, de la prensa hablada y escrita porque así lo reconoció el Ejército, que eso era de su propia autoría, no solamente el hallazgo de las ensenadas, producto de las operaciones realizadas en el aludido sector del cañón de Anaime sino también a los dos presuntos guerrilleros dado de baja esa misma fecha. En la sección Judicial del periódico regional del Nuevo Día, sobre el caso en comento, el 3 de noviembre de 2003  salio a la luz pública la siguiente publicación:

“En enfrentamiento en Anaime abatidos dos guerrilleros. Dos guerrilleros del frente 21 de las FARC, al parecer miembros de la comisión de finanzas, fueron abatidos por uniformados de la Sexta Brigada en un enfrentamiento sostenido en jurisdicción del corregimiento de Anaime, en Cajamarca En esa misma acción militar una vea se produce el contacto se inicia el registro del área y el Ejército logra ubicar una caleta que contenía el siguiente material que fue decomisado (…)”.  Ese mismo diario el lunes 19 de enero del año siguiente sacó e siguiente titular:

“hallado cadáver en Potosí. En la vereda la Floresta, en mediaciones de Potosí, un grupo conformado por el Cuerpo de bomberos de Cajamarca y por la Policía de esta misma localidad descubrieron una fosa, en donde se encontró el cuerpo totalmente descompuesto de un hombre que se cree ha sido víctima de la “masacre de Potosí”. 

El 22 de abril de 2004 ese mismo diario publicó las denuncias que ante la comisión de DDHH de la Cámara hicieron habitantes de Potosí contra el Ejército, por torturas, desapariciones forzadas, asesinatos.

Igual, el aludido DELGADO LOZANO a. “calilla” o “Toño Bravo”, quiso hacer suyo los  hechos que tienen involucrado a los miembros de la Fuerza Pública y tras señalar que fue él quien comandó el operativo que fue ideado por alías DANIEL, acción que estaba dirigida contra los comandantes de los frentes 50 y 21 de las FARC y aclaró que no dio de baja a ninguno diferente a aquel que se hubiera reconocido como miembro activo hostil de los dos frentes que operaban y delinquían en esa zona; sin embargo, el único de los vilmente masacrados que militaba con esa guerrilla era alias MAURICIO, los otros eran miembros de la población civil ajenas al conflicto y a los grupos al margen de la Ley que operaban en la región, señalando que quien tenía la información de las personas que integraban el bloque, de los que incursionaron en el Cañón de Anaime, era ATANAEL MATAJUDIOS, cuando éste nada supo al respecto y más bien dijo que se trató de una operación relámpago, secreta, de la que no participó, precisando que fue “calilla” el que eligió el personal de su entera confianza, y siendo así debió éste haber señalado sin dubitación alguna los nombres o los alías de los integrantes que participaron en las masacres, más cuado era quien lideraba la agrupacíón criminal; aunado a las imprecisiones en las que también incurrió MATAJUDIOS y en el entendido que las bajas dadas en combate en semillas de agua fueron tres cuando en realidad fueron dos, a. MAURICIO Y CAMILO PULIDO, al tiempo que también quedó probado a través de los familiares de las víctimas y población civil que los censos a los que hizo alusión ATANAEL fueron realizados por el Ejército. 

Con los hechos investigados también se trató de vincular a DELGADO LOZANO a alías “CALILLA, TOÑO BRAVO O LUIS CARLOS”, a través de los también ex –paramilitares OSCAR OVIEDO a. “FABÍAN”  y GENER MAPE PINTO a. “SANTIAGO o PKM,” no obstante, éstos no tenían conocimiento directo por que dice con relación al primero,  no haber participado de los mismos, ni tampoco conocer la zona, aseverando el segundo de los nombrado conocer el lugar,  (cañón de Anaime) debido a que hizo un relevo con cinco personas más, sin embargo cuando se le interrogó que explicara donde quedaba Cajamarca dijo no saber. En ese orden de ideas y no siendo dignos de credibilidad esas pruebas testimoniales, por sus inconsistencias y contradicciones, mal puede la Sala  tener como ciertas las autoincriminaciones que sobre los hechos motivo de controversia hicieron en juicio los supuestos excombatientes de las autodefensas RUBIEL DELGADO LOZANO Y ATANALE MATAJUDIOS.

No obstante, cómo pretender atribuir las dos bajas dadas en combate por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, tal como se lo están atribuyendo los aludidos confesos y así les sean condenados, eximiendo de toda responsabilidad penal a los aquí implicados, conforme éstos lo peticionan a través de sus defensores, cuando de proceder de conformidad es desconocer la realidad de lo acontecido, y como quiera que fue el mismo Ejercito Nacional, el que el mismo día en que ocurrieron los crímenes, se reitera, el 03 de noviembre de 2003,  rindió un informe dirigido al señor Mayor comandante del Batallón Contraguerrillas No.6 Pijaos, en el que se da cuenta del desenlace de la confrontación armada y se atribuyó la baja de los dos “terroristas”  y del material de guerra y de intendencia incautado. Informe que está suscrito nada más ni nada menos, por quien verdaderamente estaba al mando de la tropa, por el Capitán (para la época) JUAN CARLOS RODRIGUEZ AGUDELO. El citado informe dice textualmente:

“FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL Anaime 03 noviembre de 2003. Asunto INFORME. AT Señor Mayor COMANDANTE BATTALLON CONTRAGUERRILLA N. 6 Pijaos. Por medio del presente me permito informar al señor Mayor CDTE Batallón No.6 Pijaos los Hechos ocurridos el día 03 de Noviembre del 2003 en lo vereda los valles perteneciente al corregimiento de Anaime así: se encontraba la compañía Búfalo del Batallón no.6 Pijaos acantonada en el corregimiento de Anaime. Se detuvo la información que en un vehículo campero los terrorista de la cuadrilla 21 de las FARC, iban a recibir comida para abastecimiento por 5 días, en el sitio Semillas de Agua. De inmediato se planea una maniobra Nombre relámpago ofensiva para capturar y/o dar de baja los terrorista. Se alista el cuarto Destacamento de la compañía B al mando del señor CASALLAS SUESCUN WILSON, se inicia el desplazamiento a las 0430 AM al punto denominado Semillas de agua y se toma posición de emboscada……los terroristas abren fuego en contra de la tropa, la tropa reacciona a la amenaza …en los registros son encontrados un terrorista vestido de civil y al lado una pistola Brown, junto a el se encuentra muerto, más adelante es hallado otro terrorista vestido de camuflado…Todas las actividades realizadas fueron informadas al comando” y concluye “Resultados terroristas dados de baja uno en camuflado uno de civil (…)”. Dicho informe está suscrito por el Capitán RODRUGUEZ AGUDELO JUAN CARLOS, Comandante de la Compañía Búfalo BCG No. 6 PIJAOS.  Ratificado con otro que fue rendido al siguiente día.(errores propios del escrito).

Luego entonces, frente a esta evidencia cómo desconocer y pretender atribuirle esa responsabilidad penal al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia comandada por alías “TOÑO BRAVO” que no era otro que RUBIEL DELGADO LOZANO, cuando como quedó visto, ya las Fuerzas Militares habían asumido como suyo los homicidios; a más que, medios de prueba allegados al proceso daban por probado la ausencia de paramilitares en el teatro de los acontecimientos, la inexistencia en esa agrupación ilegal del comandante a.”TOÑO BRAVO”; ello explica las imprecisiones, incoherencias e inconsistencias en la que incurrieron quienes pretendieron auto incriminarse las conductas inhumanas, degradantes, los asesinatos sistemáticos, selectivos investigados de la población civil ajena al conflicto armado, y en cuanto a que no fueron quienes la materializaron, y aunque se aprendieron muy bien el libreto con el fin de favorecer a los implicados, someterse a Justicia y Paz y pagar los crímenes con pocos años. Y como los deponentes RUBIEL DELGADO LOZANO y ATANAEL MATAJUDIOS BUITRAGO faltaron a la verdad, la Sala dispone compulsar copia de las piezas procesales pertinentes con destino a la oficina de asignaciones de  la Fiscalía General de la Nación y a efectos que sean investigados por el delito de falso testimonio.

En ese orden de ideas queda claro para el Tribunal que de los medios de convicción  analizados en precedencia y que se relacionan de manera directa con los execrables crímenes ocurridos en el Cañón de Anaime y Semillas de agua, Jurisdicción de Cajamarca, en octubre y noviembre de 2003, no tuvo participación alguna miembros del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia y como lo que se trató más bien fue de distorsionar el curso de la investigación, atrocidades que van en contra vía del Derecho Internacional Humanitario y que fueron ejecutadas por miembros del Ejército Nacional, por militares de diverso rango pertenecientes a la Compañía Búfalo, del Batallón de Contraguerrilla No.6 Pijaos, adscrito operacionalmente al Batallón de Infantería No.18 Coronel Jaime Rooke, orgánico de la 6ª Brigada del Ejército Nacional con sede en Ibagué, los que por ordenes superiores fueron desplazados a la región en cumplimiento de ordenes específicas, el de ubicar, combatir, capturar o dar de baja a los grupos terroristas de las FARC, tratándose de un caso más de lo que se conoce como falsos positivos. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha manifestado: 

“…Existen eventos de comportamientos realizados por servidores oficiales, los que en principio aparecen a la luz pública efectuados bajo el aparente mando de la legalidad o como resultado de presuntas acciones legítimas en defensa de la patria, la democracia y sus instituciones. En sus inicios, al tratarse de hechos singulares se los valora como casos aislados resultado de voluntades individuales y la responsabilidad penal se orienta y recae en ejecutores de menor o residual grado, pero dada su secuencia devienen en casos plurales de características similares. 

En los denominados “falsos positivos” los protagonistas de la conducta punible presentan ante los medios de comunicación y la opinión pública para efectos de la estadística y la aparente lucha contra la delincuencia común u organizada, los cuerpos abatidos en combate de dos o tres o más presuntos terroristas o subversivos, aportan a la actuación penal los testimonios de quienes supuestamente tuvieron intervención principal o accesoria en la confrontación, elaboran actas de operación e incautación de materiales, armas, municiones, explosivos, variedad de logística aprehendida en el escenario, elementos que luego incineran o desaparecen para ocultar evidencias en contra de los coautores…” 

Y es que los delitos en los que se encuentran involucrados los militares, si bien fueron cometidos en servicio activo, no tienen ninguna relación con el mismo, fueron actividades abiertamente contrarias a la constitución y a la Ley, pues, no tenían la finalidad primordial  a “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (Art. 217 C:N), sus comportamientos fueron ab initio criminales.

Con relación a los actos del servicio la Corte Constitucional en sentencia 358 de agosto 5 1.997 dijo: 

“10.- La jurisdicción penal militar constituye una excepción constitucional a la regla del juez natural general. Por ende, su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva, tal como lo precisa la Carta Política al establecer en su artículo 221 que la justicia penal militar conocerá “de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación al mismo servicio”. Conforme a la interpretación restrictiva que se impone en este campo, un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor –es decir del servicio- que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la Fuerza Pública. Esta definición implica las siguientes precisiones acerca del ámbito del fuero penal militar. (…)

“...para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso del poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto.

 Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario, si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. En efecto, en tales eventos no existe concretamente ninguna relación entre el delito y el servicio, ya que en ningún momento el agente estaba desarrollando actividades propias del servicio, puesto que sus comportamientos fueron ab initio criminales.” (…)

“el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad… ”

“Por consiguiente, un delito de lesa humanidad es tan extraño a la función constitucional de la Fuerza Pública que no puede jamás tener relación con actos propios del servicio, ya que la sola comisión de esos hechos delictivos disuelve cualquier vínculo entre la conducta del agente y la disciplina y la función propiamente militar o policial, por lo cual su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria. (…)

“la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en que exista duda acerca del cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá caer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo demostrar completamente que se configuraba la excepción”.

Existen eventos de comportamientos realizados por servidores oficiales, los que en principio aparecen a la luz pública efectuados bajo el aparente mando de la legalidad o como resultado de presuntas acciones legítimas en defensa de la patria, la democracia y sus instituciones. En sus inicios, al tratarse de hechos singulares se los valora como casos aislados resultado de voluntades individuales y la responsabilidad penal se orienta y recae en ejecutores de menor o residual grado, pero dada su secuencia devienen en casos plurales de características similares. 

En los denominados “falsos positivos” los protagonistas de la conducta punible presentan ante los medios de comunicación y la opinión pública para efectos de la estadística y la aparente lucha contra la delincuencia común u organizada, los cuerpos abatidos en combate de dos o tres o más presuntos terroristas o subversivos, aportan a la actuación penal los testimonios de quienes supuestamente tuvieron intervención principal o accesoria en la confrontación, elaboran actas de operación e incautación de materiales, armas, municiones, explosivos, variedad de logística aprehendida en el escenario, elementos que luego incineran o desaparecen para ocultar evidencias en contra de los coautores. Que fue lo que ocurrió en el sublite.

Así y ante los cuestionamientos de la defensa del hoy Mayor RODRIGUEZ AGUDELO surge necesario para la Sala manifestar en atención a las circunstancias que rodearon el acontecer fáctico que ha sido objeto de análisis, si las operaciones ejecutadas por los grupos armados organizados se dirigen sistemáticamente contra personas y bienes que no constituyen objetivos militares, para efectos de la responsabilidad individual de sus miembros, las conductas ejecutadas en ese contexto de violencia al mismo tiempo que pueden llegar a configurar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones graves de derechos humanos e incluso delitos comunes si se dan los presupuestos para ello. Esto último, porque el Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la ONU el 9 de diciembre de 1999, y aprobado a nivel nacional mediante la Ley 808 de 2003, establece que:

“… Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilice, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para cometer cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo…”

De acuerdo con la mencionada Convención, comete delito enmarcado dentro del contexto del terrorismo, quien financia operaciones encaminadas a causar la muerte o lesiones corporales graves a civiles o personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, siempre que la conducta se ejecute exclusivamente con el propósito de intimidar a la población civil, criterio que ha sido utilizado para denegar peticiones de asilo sobre la base de que la calificación como terroristas de los delitos presuntamente cometidos por los peticionarios, privan a tales conductas de cualquier naturaleza política.

Cuando se trata de los crímenes de lesa humanidad, habla de infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado, inflige un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas y, por otro, causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad. 

En la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para la humanidad y el ser humano.

Sobre la esencia del delito de lesa humanidad, vale traer a colación lo expresado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoeslavia, en su sentencia sobre el caso Erdemovic:

“…Los crímenes contra la humanidad son actos graves de violencia que dañan a los seres humanos al atacar lo que les es más esencial: su vida, su libertad, su bienestar físico, salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad sobrepasan los límites tolerables por la comunidad internacional, la cual debe forzosamente exigir su castigo. Pero los crímenes contra la humanidad también trascienden lo individual, puesto que cuando lo individual es violado, la humanidad viene a ser objeto de ataque y es negada. De allí el concepto de la humanidad como víctima que caracteriza de manera esencial los crímenes contra la humanidad…”

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma comprende las conductas tipificadas como asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; desaparición forzada; apartheid (discriminación racial institucionalizada); o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia de revisión a la Ley aprobatoria del Estatuto Penal de Roma, la definición de crímenes de lesa humanidad que trae el Estatuto difiere de la empleada hasta el momento en el derecho penal internacional en varios aspectos. Por un lado, el Estatuto amplía la definición para incluir expresamente las ofensas sexuales (distintas a la violación), el apartheid y las desapariciones forzadas. Además, el Estatuto aclara que tales crímenes se pueden cometer en tiempos de paz o de conflicto armado y no requiere que se ejecuten en conexión con otro crimen, salvo que se trate del enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad, la cual ha de estar relacionada con otro acto enumerado en el artículo 7.1, o cualquier otro delito de la competencia de la Corte Penal Internacional.

El ataque sistemático o generalizado implica una repetición de actos criminales dentro de un periodo, sobre un grupo humano determinado al cual se le quiere destruir o devastar (exterminar) por razones políticas, religiosas, raciales u otras. Se trata, por tanto, de delitos comunes de máxima gravedad que se caracterizan por ser cometidos de forma repetida y masiva, con uno de tales propósitos. 

En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque: 

a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas; 

b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado; 

c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto; 

d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y 

e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales.

También es pertinente reseñar que en la citada sentencia C-370/06, la Corte Constitucional destacó que estos crímenes, que ofenden la dignidad inherente al ser humano, tienen varias características específicas, a saber:
“Son crímenes imprescriptibles. Son imputables al individuo que los comete, sea o no órgano o agente del Estado. Conforme a los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, toda persona que comete un acto de esta naturaleza "es responsable internacional del mismo y está sujeta a sanción". Igualmente, el hecho de que el individuo haya actuado como jefe de Estado o como autoridad del Estado, no le exime de responsabilidad. Tampoco, puede ser eximido de responsabilidad penal por el hecho de haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico: esto significa, que no se puede invocar el principio de la obediencia debida para eludir el castigo de estos crímenes. A las personas responsables ó sospechosas de haber cometido un crimen contra la humanidad no se le puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio”.

A nivel interno, ya lo ha dicho la Sala, 

los crímenes de lesa humanidad tienen fundamento constitucional y legal. En el primer orden, la Carta Política contiene una serie de mandatos que se constituyen en la plataforma para la punición de los crímenes de lesa humanidad. Así, el artículo 11 dispone que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”; por su parte, el artículo 12 establece que "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes"; el artículo 13 recoge el principio fundamental de igualdad, que para el efecto prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; el artículo 17 en cuanto prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

Simultáneamente y en forma complementaria, en virtud de la teoría del bloque de constitucionalidad, derivada del artículo 93 de la Carta Fundamental, que consagra la prevalencia, en el orden interno, de los tratados y convenios de derechos humanos y derecho internacional humanitario, resulta indiscutible la fuerza vinculante del conjunto de normas internacionales que prohíben conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad.

Es bien sabido que

Colombia suscribió el 8 de mayo de 1994 la “Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas”, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 9 de junio de 1994, y aprobada internamente por la Ley 707 de 2001. En esta Convención, los Estados americanos signatarios parten de la base de que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana, por lo cual se comprometen a adoptar varias medidas, entre ellas:

a) La tipificación como delito de la desaparición forzada de personas y la imposición de una pena apropiada de acuerdo con su extrema gravedad; b) el establecimiento de la jurisdicción del Estado sobre la causa en los casos en que el delito se haya cometido en su territorio; c) la consagración de la desaparición forzada como delito susceptible de extradición; e) la prohibición de aceptar la obediencia debida como eximente de responsabilidad; y f) la prohibición de que presuntos responsables del delito sean juzgados por jurisdicciones especiales.

Finalmente, cabe citar el Estatuto de Roma, que como ya se anotó se constituye en parámetro básico de la sistematización y positivización de los delitos de lesa humanidad.     

Ahora bien, el genocidio, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado, sólo fueron introducidos como delito en la legislación nacional a través de la Ley 589 de 2000, que fue incorporada y ampliada en el nuevo Código Penal -Ley 599 de 2000-. 

En los debates legislativos previos se insistió en que la tipificación en el ámbito interno de tales delitos, junto con la tortura, pretendía “lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país y adecuar nuestra normatividad a los postulados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Destaca la Sala que el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional ha tenido en cuenta no sólo la conducta del autor o de los partícipes sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado. 

Para llegar a considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben estar presentes los siguientes elementos:

(i) Que las actividades públicas de la organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad; 

(ii) Que sus integrantes sean voluntarios; y 

(iii) Que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser concientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización,

Bases a partir de las cuales varios tribunales internacionales y nacionales consideran que el concierto para cometer delitos de lesa humanidad también debe ser calificado como punible de la misma naturaleza, como lo determina la Corte en este momento para el caso colombiano y con todas las consecuencias que ello implica.

Ha de agregarse que al ordenamiento jurídico nacional han sido incorporados diferentes tratados y convenciones, bien por anexión expresa o por vía del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución Política), que permiten constatar que el concierto para delinquir sí hace parte de los crímenes de lesa humanidad. Tal aserto se puede confirmar una vez se revisa el contenido de los siguientes estatutos:

(i). Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Colombia firmó la convención el 12 agosto de 1949 y ratificó el 27 de Octubre de 1959. Ley 28 de 27 de mayo de 1959).

Art. III. Serán castigados los actos siguientes:
a) El genocidio.
b) La asociación para cometer genocidio.
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio.
d) La tentativa de genocidio.
e) La complicidad en el genocidio.

(ii). Convención contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 (Aprobada mediante Ley 70 de 1986).

Artículo 4.
1. Todo Estado Parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. 

(iii). Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997).

Artículo 3.
Serán responsables del delito de tortura:
a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

(iv). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Aprobada por la Ley 707 de 2001).

ARTICULO II.
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

(v). Por último, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 (Aprobado por medio del Acto Legislativo 2 de 2001 que adicionó el Artículo 93 de la Constitución Política y Ley 742 de 2002), se establece en el artículo 25 que si bien la responsabilidad penal es de carácter individual también responderá por los delitos de su competencia, quien 

a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; 

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; 

c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión; 

d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará: 

i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o 

ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa; 

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

Claramente se observa que tanto la legislación nacional, como ocurre con la normatividad interna, ha tenido en cuenta no sólo la conducta del autor o de los partícipes sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben ser sancionadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado y la desaparición forzada.

Estas conductas punibles no se subsumen entre sí porque el ocultamiento y la sustracción del amparo de la autoridad al que se somete a la víctima, más cuando ésta debe tener el amparo especial con motivo de sus calidades, permiten estructurar el perfeccionamiento en forma autónoma e independiente de dichos sucesos con los propósitos ilícitos señalados.

En efecto y acorde a los elementos de convicción la fiscalía General de la nación profirió resolución de acusación contra los tres implicados por concierto para cometer delitos de homicidio, desaparición de personas, desaparición forzada agravada  tortura agravada y secuestro extorsivo agravado, para el oficial y PEREZ DUQUE y a CASALLAS SUESCUEN coautor de concierto para cometer homicidio. 

Como bien lo señaló el a quo, el legislador consideró que el solo hecho de concertarse, pactar, acordar o convenir la comisión de delitos indeterminados es ya punible, pues en si mismo atenta contra la seguridad pública y por ello extendió la protección penal hacia esa actividad sin que sea necesario exigir un resultado específico para pregonar el desvalor en tal conducta.

En relación con el bien jurídico tutelado, la seguridad pública, el concierto para delinquir es un delito autónomo y de peligro, que se entiende derivado de la realización misma de la conducta incriminada; y respecto de su contenido, de mera conducta, por cuanto se reprime el simple comportamiento de concertarse con la finalidad indicada en él, es decir, “de cometer delitos”, sin sea necesaria la producción de un resultado y menos aún, la consumación de un ilícito que concrete el designio de la asociación criminal.

El delito se consuma por el simple acuerdo, y la reacción punitiva se da “por ese solo hecho” como se expresa en la descripción típica, de suerte que el delito de concierto para delinquir concursa con las conductas punibles que sean perpetradas al materializarse el elemento subjetivo que lo estructura.

En ese orden de ideas y si bien los militares que tomaron parte activa en los atroces crímenes investigados, es una institución legalmente constituida y como tal se apartaron del mandato constitucional primordial a “la defensa de la soberanía, la independencia la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” para concertarse a cometer delitos indeterminados de secuestro, desaparición forzada en persona protegida, torturas, desplazamiento forzado y homicidios en personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, hechos que se prolongaron en el tiempo, a inicios del mes de Octubre de 2003, censaron y obtuvieron información relacionada con los habitantes del sector de Anaime que compartía o simpatizaban con la causa rebelde, a los milicianos o auxiliadores de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, por lo que obtenida la información requerida y para lo cual inicialmente secuestraron y torturaron a un lugareño y denunciante, a JHON JAIRO IGLESIAS, en apariencia de combate y en situación de indefensión, el 3 de noviembre mismo año, se dio de baja a alías MAURICIO que si bien era activo de esa agrupación al margen de la Ley, en ese momento no estaba en situación de combate,  era ajeno al conflicto armado como lo era CAMILO PULIDO, integrante de la población civil que fue ejecutado junto con su caballo, de manera despiadada, inhumana y degradante, mediante una granada que activó el ejército, cuando se dirigía al carreteable a recibir la remesa que le llevaban en la chiva; siendo posteriormente, sacados, secuestrados, torturados, descuartizados y asesinados entre otros que no fueron identificados, MARCO ANTONIO RODRIGUEZ, RICARDO ESPEJO GALINDO, JESÚS ANTONIO CÉSPEDES Y GERMÁN BERNAL BAQUERO , por motivos políticos, por ser considerados auxiliadores de grupos al margen de la Ley, señalamiento que no fueron probados, al punto que CAMILO a quien se hizo pasar como terrorista, era un habitante del lugar que se desempeñaba como minero y que como se dijo el día que fue vil mente asesinado por miembros de la Fuerza Pública iba a recibir la remesa enviada por su progenitor; situación que es confirmada por el conductor del vehículo en el se movilizaron los militares el día de la tragedia y por la hermana del occiso MARIA NANCY PULIDO, versión esta que desvirtúa que PULIDO estaba armado y que haya abierto fuego contra el destamento dirigido por el procesado WILSON CASALLAS SUESCÚN, descartando también la testigo que a. MAURICIO integrante del frente 21 de las FARC hubiera opuesto resistencia armada, yendo como de costumbre a recoger la remesa, tal como precisó el a quo y, que se reitera, por tratarse  de población civil, que no participa en las hostilidades, por lo cual están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Sobre los hechos iniciales depuso JESÚS MUÑOZ ROJAS, administrador de Semillas de agua, aclara que solo venía un subversivo conocido como alías “MAURICIO”, que la muerte de CAMILO y del subversivo solo se dio cuenta los hombres que estuvieron presente porque a las mujeres les dio miedo y además las hicieron entrar a la casa rápidamente, y destacó que cuando el civil y el guerrillero venían a más o menos 100 metros de distancia los supuestos paramilitares estaban escondidos, es decir, que reitera la existencia de una emboscada, al paso que en ese momento sonó una explosión y las dos personas volaron por el aire, ahí fue cuando se escuchó la balacera, siendo manifestado por los uniformados que se les había escapado otro guerrillero herido, el que en ningún momento fue visto por ellos (otros testigos). 
Respecto al caballo, el mencionado testigo dijo que CAMILO lo traía de diestro, que tan pronto como sonó la explosión el animal cogió hacia la cabaña y murió ahí cerca; versión que es corroborada con el dicho de MARCO ANTONIO DUARTE, propietario del automotor en el que se movilizaron los militares en momentos de las ejecuciones extrajudiciales, siendo requerido por los uniformados si la remesa que llevaba era para la guerrilla, por lo cual expresó que era para el asesinado PULIDO, al que vio caer al igual que el caballo de los tiros que le pegaron.

Igual, de la desaparición, secuestro, tortura y asesinato de MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, su hija CARMEN ELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, informó que el 06 de noviembre de 2003, a las 1:30 p.m., hombres armados llegaron a su finca a preguntar pos su padre a quien se llevaron de ese lugar y explicó que ese mismo día los uniformados regresaron y se llevaron un dinero que tenía su ascendiente y el libro de contabilidad que él manejaba, además de una máquina de coser; víctima cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado por su hijo JUAN CRISÓSTOMO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en un hueco como a 60 metros de la casa de donde fue secuestrado. 

De GERMÁN BERNAL BAQUERO, fue su esposa MARÍA ELIDA RESTREPO DE BERNAL, quien dio cuenta que su esposo el  7 de noviembre de 2003, bajaba de la finca hacía Potosí a esperar la línea, con el fin de llevar una remesa de queso y que lo estaban esperando ahí porque sabían que él tenía que llegar a ese lugar y explicó que a las 12:40, hombres armados llegaron con su esposo ya amordazado y se lo volvieron a llevar a pesar de sus suplicas, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa común descuartizado y decapitado, con ausencia parcial de pabellones auriculares, laceraciones entre otros actos inhumanos o degradantes.

Versiones que distan mucho de las dadas por los militares involucrado ante la Justicia Penal Militar donde se inició la investigación, señalando WILSON CASALLA SUECUN que quien dio la orden de desplazamiento a la zona donde se registraron los trágicos insucesos, fue el Capitán JUAN CARLOS, que el conductor del Jeep fue quien les informó la presencia de personal armado en SEMILLAS DE AGUA, de dos sujetos que se bajaron de la chiva, el dueño del carro les dijo que no subían más porque se iba a presentar un enfrentamiento, el cabo PRIMERO BLANCO tomó las llaves y se dirigieron por grupos al sector, donde fueron recibidos a tiros, hubo enfrentamiento que duro cinco minutos, se realizó el registro y fueron encontrados dos subversivos dados de baja, junto con un material de guerra e intendencia y pistolas. 

Por su parte el comandante de la compañía Búfalo del Batallón de Contraguerrilla No.6 PIJAOS, JUAN CARLOS RODRIGUEZ AGUDELO, en declaración surtida ante el Juzgado 69 de Instrucción Penal Militar, el 1° de Diciembre del mismo año en que se realizaron los crímenes y en cargado de la operación BUFALO, reconoció que ante la presencia de terroristas en la región ordenó la operación “relámpago” combatió con 14 subversivo dando de baja a dos de ellos  incautando material de guerra y de intendencia, tratando con su dicho y el de los demás integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército que tomaron parte activa en los lamentables hechos, desviar el curso de la investigación, ocultando, destruyendo y modificando evidencias, alterando la escena del crimen, al punto que no contento con esto y como veía venir la investigación en su contra se dedicó a preparar a los testigos, a quienes conformaron el operativo, al cabo 3° JAVIER ANGEL GONZALEZ, ALEPEFEN RODRIGUEZ BERMÚDEZ, EDILBERTO MARÍN  MALESTA Y MARCO TULIO GUECHE PERÉZ. Los citados sujetos son contestes en asegurar que  como a los dos o tres meses de ocurridos los insucesos, el oficial RODRIGUEZ AGUDELO, los citó a la escuela del Tambo en donde les indicó qué tenían que decir en las declaraciones, que cuando ellos llegaron a Semillas de Agua,  encontraron a esas dos personas (CAMILO PULIDO y alías MAURICIO), muertas, que no había habido ningún combate.

Por su parte, el Soldado Profesional LUIS FERNANDO RAMOS MARTÍNEZ, declaró que cuando se entraba detenido en los calabozos de la Sexta Brigada, recibió amenazas del enjuiciado JUAN CARLOS, por intermedio del Soldado Guzmán, mediante conversación telefónica en la que les anunciaba que si decían algo lo iban a matar a ellos y a sus familias. De tal manera que sin mayor esfuerzo queda claro como le quedó al a quo que el oficial al mando del operativo, Mayor en retiro JUAN CARLOS RODRIGUEZ AGUDELO, testificó falsamente ante la Justicia Penal Militar. 

En ese orden de ideas, le asiste razón a la defensa de RODRÍGUEZ AGUDELO, cuando afirma que en la actuación no se determinó como se concertaron los miembros del Ejército Nacional, con los de las Autodefensas Bloque Tolima, pues dicho acuerdo para delinquir se llevó a cabo pero entre los mismos miembros del Ejército Nacional y toda vez que fue su prohijado quien luego de asegurar que CASALLAS SUESCUN, se había encontrado los cuerpos de alias MAURICIO y de CAMILO PULIDO, acordaron realizar un falso positivo, enjuiciado que declaró: “… En realidad no hubo ningún combate allá en Semillas de Agua, fue un falso positivo que se cuadró directamente entre el cabo primero CASALLAS y yo…”. 

Y como desconocer que el oficial en mención no es responsables de los hurtos cometidos por la Fuerza Pública que estaba bajo su dirección, del dinero, la máquina de coser que se apropiaron del inmueble donde secuestraron al acribillado MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, debido a que era con la que le cocían a la guerrilla,  y de la sustracción de las 28 cabezas de ganado del Cañón de Anaime, por ausencia de materialidad de las conductas criminales cuando en primer lugar, el diario regional el NUEVO DIA en la página Judicial, el día jueves 10 de diciembre de 2003, las propias Fuerzas Militares se están reconociendo y atribuyéndose el hecho, tras revelar: 

“Hallada una sastrería de la guerrilla. El Coronel Henry Vargas Balcazar, comandante encargado de la Sexta Brigada del Ejército, informó que en desarrollo de operaciones ofensivas contra de las FARC presente en el departamento, fue encontrada una sastrería ilegal en inmediaciones del Cañón de Anaime. En ese sitio, precisó el militar “los insurgentes fabricaban prendas de uso priviativo de la Policía y el Ejército, para luego salir a comoter los ilícitos, haciendo pasar como miembros de las instituciones del Estado”. El comandante dio a conocer que durante el operativo no se presentaron capturas.” 

En segundo término, cómo pretender la defensa técnica del oficial investigado, desconocer la materialidad  del reato de Hurto de los semovientes objeto de investigación y por ende de la responsabilidad penal de su prohijado cuando precisamente los mismos  (ganado) fueron decomisados en horas de la madrugada del 13 de noviembre de de 2003, por la Tercera Estación de Policía de carreteras del Quindío, en el puesto de control ubicado en el Kilómetro 4 más 800 alto de la Línea vía Armenia y cuyo destino era la finca propiedad del señor JAIRO GOMEZ, suegro del oficial comprometido en el asunto, de RODRIGUEZ AGUDELO, según lo expresado por el soldado ALBEIRO PEREZ DUQUE quien  había  sido comisionado por aquel para agotar el fin propuesto, el hurto de los animales, los que eran transportados en dos camiones, con Certificado de Compraventa de CODEGAR No. 7950, deteriorado y a nombre del citado uniformado, quien trató de justificar la tenencia señalando que se los habían incautado a la guerrilla y cuando quedó probado que eran de propiedad de las víctimas del Cañón de Anaime, desde donde eran transportadas.

No obstante, JOSÉ URIEL MARÍN MARÍN, intendente de la Policía de Carreteras, estuvo presente al momento en que fueron detenidos los camiones que llevaban el ganado hurtado, manifestó que los acompañantes de uno de los camiones, se le presentó como soldado profesional adscrito a la Brigada de Ibagué, y quien le manifestó que él iba escoltando esos carros, porque lo habían mandado a escoltar ese animales, además indicó que le ofrecieron inicialmente $60.000.oo, pero que cuando ya estaban en la estación, el soldado profesional, lo llamó aparte y le ofreció $10´000.000.oo, a cambio de dejarlos continuar con el recorrido y que se lo habían jalado de una finca en Cajamarca. 

Con relación a éste ilícito, el SOLDADO EDILBERTO MARIN MALATESTA refirió bajo los apremios del juramento que tan pronto como el capitán JUAN CARLOS tuvo conocimiento que los semovientes habían sido decomisados, se comunicó vía celular con la esposa de ALBEIRO y le decía: “dígale a ese hijueputa que no baya a abrir la jeta.” De manera que el compromiso penal de los incriminados resulta incuestionable con relación a la lesión al bien jurídico del patrimonio económico, tanto del apoderamiento del dinero la máquina de coser y del ganado, conforme quedó reseñado por el a quo en el correspondiente acápite.

Alegó además la defensa del procesado RODRÍGUEZ AGUDELO, que los delitos de homicidio y desaparición en persona protegida tiene una especial condición, cual es que las personas no participen en las hostilidades, y explicó con base en la declaración rendida por RAÚL AGUDELO MEDINA, alias OLIVO SALDAÑA que los habitantes del lugar como JOHN JAIRO IGLESIAS y su esposa eran colaboradores de la guerrilla.

Al respecto la Corte Constitucional manifestó: 

“… 3.3.2.1. “Personas civiles”

Una persona civil, para los efectos del principio de distinción en los conflictos armados no internacionales, es quien llena las dos condiciones de no ser miembro de las Fuerzas Armadas o de los grupos armados irregulares enfrentados, y no tomar parte activa en las hostilidades. 

El primer requisito -el de no ser miembro de las Fuerzas Armadas o grupos armados irregulares-, ha sido señalado en la Sistematización del CICR como una definición consuetudinaria de la noción de “civil”. Por su parte, el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia ha indicado que para efectos de la aplicación de las protecciones consagradas en las normas que penalizan los crímenes de guerra, los civiles son “las personas que no son, o han dejado de ser, miembros de las fuerzas armadas”, entendidas éstas para comprender tanto a los cuerpos armados estatales oficiales como a los grupos armados irregulares. 

El segundo requisito -el de no tomar parte en las hostilidades- ha sido indicado por múltiples instancias internacionales. Según ha precisado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las garantías mínimas establecidas en el artículo 3 común se aplican, en el contexto de los conflictos armados internos, a quienes no toman parte directa o activa en las hostilidades, incluida la población civil y las personas puestas fuera de combate por rendición, captura u otras causas. El Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia ha indicado que para efectos de determinar el carácter civil de las personas amparadas por las garantías que se consagran, entre otras, en el Artículo 3 Común –aplicable a los conflictos armados internos-, “es necesario demostrar que las violaciones se cometieron contra personas que no estaban directamente involucradas en las hostilidades”, para lo cual se debe aplicar el criterio establecido en el caso Tadic: “si, al momento de la comisión del hecho aludidamente ilícito, la supuesta víctima de los actos proscritos estaba tomando parte directamente en las hostilidades, hostilidades en el contexto de las cuales se dice haber cometido el hecho supuestamente ilícito. Si la respuesta a esta pregunta es negativa, la víctima goza de la protección de las proscripciones contenidas en el Artículo 3 común”. En consecuencia, la determinación del carácter civil de una persona o de una población depende de un análisis de los hechos específicos frente a los cuales se invoca dicha condición, más que de la mera invocación de su status legal en abstracto, y teniendo en cuenta que –según se señaló anteriormente- la noción de “hostilidades”, al igual que la de “conflicto armado”, trasciende el momento y lugar específicos de los combates, para aplicarse según los criterios geográficos y temporales que demarcan la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. …”

Así las cosas, es evidente que queda desvirtuada la tesis de la defensa que pretende que se le reconozca la calidad de guerrilleros a la víctimas para que la conducta imputada a su defendido se degrade; sin embargo, como se indicó lo que quedó plenamente establecido fue que los habitantes del sector que se vieron obligados a vivir los hechos denunciados, eran labriegos, dedicados al cultivo de sus tierras y el cuidado de sus animales, sin que se haya acreditado dentro del plenario que los mismos pertenecieran a las FARC, a excepción de a. MAURICIO, pues las inculpaciones presentadas por el exguerrillero RAÚL AGUDELO MEDINA, alias OLIVO SALDAÑA, no son suficientes para dar por demostrada la participación activa de los pobladores con dicho grupo subversivo; es más, su dicho queda desvirtuado con el rendido por los distintos habitantes de la región que declararon que dado el bando no estatal y el continuo paso de la guerrilla por ese lugar, se veían obligados a proporcionar los alimentos que les solicitaran, al respecto manifestó “… Tocaba por obligación a cualquier grupo que pase uno tiene que servirles, darle agua de panela, a veces comida…”

8.2	RESPUESTA A LO ARGUMENTADO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO WILSON CASALLAS SUESCÚN.

(i)	 El mencionado sujeto procesal alegó que su representado fue condenado por conductas que le habían sido precluídas por la Fiscalía, providencia que se encuentra ejecutoriada  y por lo cual hace tránsito a cosa juzgado. Veamos si le asiste la razón al sujeto recurrente: 

A CASALLAS SUENCÚN se le acusó como “cómplice del delito de HOMICIDIO AGRAVADO y  como posible autor de los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR PARA COMETER DELITOS DE HOMICIDIO Y FRAUDE PROCESAL”, y en el numeral decimo primero de la parte resolutiva del llamamiento a juicio el Fiscal CARLOS A. CAMARGO HERNÁNDEZ precluyó a favor del implicado la investigación por los delitos de “HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA, SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO, DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL Y HURTO CALIFICADO AGRAVADO,” decisión confirmada por la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal; cargos que si bien no le fueron atribuidos en el escrito de acusación sí se le imputaron en diligencia de indagatoria.

Ha de precisar el Tribunal que en cierta manera le asiste razón al sujeto recurrente y en cuanto a que ante la existencia de una decisión favorable a los intereses del incriminado, por medio de la cual el ente acusador tanto de primera como de segunda instancia le habían precluido las anteriores conductas punibles que hacen transito a cosa juzgada, por lo mismo, no debió la Fiscalía imputar estos cargos en el juicio y de conformidad a las facultades que el Legislador le concedió en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000; pudiéndolo hacer para los que no habían sido objeto de esa de decisión y sin que se altere el núcleo de la situación fáctica,  conforme quedó ampliamente reseñado en el acápite correspondiente. Esto es, por los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica en documento público, conductas que le fueron atribuidas con la variación de la calificación jurídica y que no fueron definidos en la sentencia, por lo cual, desde ya la Sala se abstiene de pronunciarse, toda vez que de hacerlo se desconocería el derecho a la defensa, el debido proceso y a la doble instancia, por no haber sido motivo de pronunciamiento por parte del a quo. En consecuencia y a fin de corregir el yerro detectado se dispone devolver las diligencias para que se adicione el fallo, siendo confirmado en lo demás, con las siguientes precisiones: 

Si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación profirió resolución que benefició al aludido sub-oficial, respecto al concurso de delitos de “HOMICIO EN PERSONA PROTENGIDA,” y que corresponde a los atroces hechos de desapariciones, secuestros, torturas y homicidios que se generaron con posterioridad al inicio de los crímenes de lexa humanidad, no lo es menos cierto que por los que debe responder WILSON CASALLAS SUESCÚN es por los asesinatos de alías MAURICIO Y CAMILO PULIDO, hechos en los que tomó parte activa, por lo que se le debió involucrar como coautor y no como cómplice de “homicidio agravado”  en concurso simultaneo y homogéneo ya que fueron dos las personas vilmente masacradas el día 3 de noviembre de 2003 en SEMILLAS DE AGUA del Cañón de Anaime. Así tenemos que es el propio inculpado quien dio a conocer su participación en los hechos cuando en diligencia de inquirir dijo:

“(…) yo me encontraba en el sector de Anaime prestando seguridad al Gobernador del Tolima, cuando por medio de información se dijo que se encontraba un grupo armado al margen de la ley en el sector de Semilas de Agua, de ahí el Señor Capitán Comandante de la Compañía nos dio la orden de desplazarnos hasta ese sector, empezamos el desplazamiento (sic) a pie, más o menos dos o tres kilómetro donde en la vía que  de semillas de agua al sector de Anaime venía un campero Jeep de color rojo donde el personal de soldados lo detuvo que lo habían devuelto un personal armado que se encontraba de ahí a la vía de semillas de agua. Nosotros le pedimos el favor al señor que si nos podía desplazar de ahí hacia el sitio de Semillas de Agua, el señor muy amablemente nos dijo que el nos hacía el favor sin ningún problema, se quedaron las dos señoras que iban en el vehículo, se bajo también un mercado que iba (sic), en señor nos dijo que hasta iba él, que no subía más por que él presentía que se iba presentar un enfrentamiento  y el señor nos dejó el vehículo pero in que nosotros le hubiéramos presionado o amenazado, de ahí el cabo Primero BLANCO, recogió las llaves del vehículo y empezamos a desplazarnos hacia el sector por grupos, de ahí dejamos el vehículo mas o menos como a tres kilómetro antes del sitio llamado Semillas de agua, donde empezamos el desplazamiento a pie, donde ya llegando donde ya llegando al sitio nos empezaron a hostiga y empezamos a tener el enfrentamiento y el cruce de disparos el cual duró más o menos unos cinco minutos, después se efectuó el registro correspondiente donde fueron encontrados dos subversivos dados de baja junto con un material de guerra e intendencia pistolas, munición, de ahí llegó el cuarto destacamento que iba de apoyo donde se recogieron las bajas para trasladarlas al Municipio de Cajamarca en un camión…”

Y continúa el indagado “en la parte de adelante iba un destacamento que se llama destacamento de asalto, en el centro un destacamento de apoyo y en la parte de atrás un destacamento que va de seguridad y el cuarto destacamento que se dedica a cuidar los equipos de cada uno de los soldado y suoficiales, los que se dejan para poder opera y movilizarse más fácilmente.

Aunado a lo anterior se tiene como medio de convicción que una vez cometido los execrables crímenes y tal como quedó reseñado en precedencia, ese mismo día 3 de noviembre de 2003, el sub-oficial del Ejército Nacional suscribió acta  de entre del material de guerra y de intendencia incautado a los guerrilleros dados de baja, medio de conocimiento que confirma la participación de WILSON en los hechos investigados y aleja la tesis de la defensa de tratar de excluir a su defendido  de los asesinatos de alias MAURICIO y CAMILO PULIDO, pues protegido era quien estaba al mando de la cuarta compañía de la operación “Bufalo” del Batallón de contraguerrilla No. 6 “PIJAOS.”

Y en cuanto al llamamiento a juicio por los citados asesinatos sostuvo la fiscalía en el escrito de acusación lo siguiente:

“(…) en lo que tiene que ver con el sargento CASALLAS SUECÚN, estima el Despacho, acorde con la pruebas analizadas (convicción objetiva), que éste conoció de antemano por lo menos el plan criminal de “SEMILLAS DE AGUA” (no hay razón probatoria coherente para creer que compartió conocimiento o que cohonestó con los demás hechos investigados), siendo claro que ese conocimiento lo obtuvo no sólo por su cercanía personal con el capitán RODRÍGUEZ AGUDELO, a quien secundó llegando hasta LOS VALLES y habiendo procedido como lo hizo, sino que esa situación la facilitó en grado sumo disponer de medios de comunicación radial par con el comandante de la compañía. Por eso, en el marco de las pruebas, y teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que ya se revisaron, es que lo compromete de lleno las que escucharon las hermanas PULIDO.

CASALLAS lo que hizo entonces, en forma consciente y honrando un convenio previo con el capitán, fue poner los hombres de “gil” a disposición del actuar delictivo de aquel, actuar que conocía y al cual coadyuvó en busca de beneficios indebidos, sacando los cuerpos de SEMILLAS DE AGUA y prestando su nombre para un informe de operaciones falaz, por medio del cual se pretendía la impunidad total del hecho. Nadie creería que CASALLAS fue “intimidado” por RODRÍGUEZ para ese fin.” Y concluye la Fiscalía:

“Por esa situación, por querer como suyo el resultado del (sic) hecho perpetrado, se le debe llamar a  juicio como Cómplice del delito de Homicidio Agravado en las personas de CAMILO PULIDO y de alias “MAURICIO,” en concurso con el de CONCIERTO PARA DELINQUIR PARA COMETER DELITOS DE HOMICIDIO…”

En ese orden de ideas el inculpado debe responder penalmente a titulo de Cómplice por esos dos homicidios agravados y siendo que la preclusión a la que hace alusión el libelista y que favoreció a su prohijado, lo fue  como ya se indicó por los delitos de “HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA,” y en las almas de MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, JESÚS ANTONIO CÉSPEDES, RICARDO ESPEJO y GERMÁN BAQUERO BERNAL de los que se dieron a conocer en la indagatoria y por lo cual habrá que recodificarse la pena, en cuanto a que la impuesta lo fue por éstos últimos ilícitos, por la prevista en el artículo 135 del Código represor.

De otra parte y bien respecto a la conducta de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO fue ampliamente analizada por la Sala en el acápite 8.1 (iv), de éste proveído, lo es también que dadas las circunstancias, de la participación que tuvo el implicado CASALLAS en los hechos investigados y dado que por los únicos delitos por los que está siendo sancionado es por el concurso homogéneo y sucesivo de HOMICIDIOS, en las dos personas anteriormente reseñadas, con unidad de tiempo, asesinadas en un mismo incidente, sin que se haya probado su participación en los otros injustos, o que se haya concertado, pactado o convenido  para la comisión de delitos indeterminados y no obstante que aún falta por decidir los relacionados con la falsedad material y el falso testimonio, la sala se abstiene de pronunciarse hasta tanto sean decididas por el a quo estas otras conductas punibles y en lo que tiene que ver con éste sujeto procesal.

Ahora en lo concerniente a la conducta punible de FRAUDE PROCESAL le asiste razón a la defensa y en el entendido que ese delito no se perfeccionó dentro de la actuación, toda vez que el mismo surge cuando la actividad judicial se ve entorpecida por la mendacidad de los sujetos procesales quienes gracias a la desfiguración de la verdad, consiguen que la decisión judicial sea errada y, por ende, ajena a la ponderación, equidad y justicia, que es su objetivo primordial, situación que no se presentó en el caso concreto por cuanto de la actuación desarrollada por el procesado no se obtuvo sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, pues los permisos y reconocimientos que se obtuvieron y a los que hizo referencia el juzgado no tienen la calidad mencionada, así como tampoco la tiene la “legalización de los cuerpos de CAMILO PULIDO y alias MAURICIO”, a la que hizo referencia el instructor en la resolución de acusación para sustentar  la imputación por ese injusto, razones por las cuales la Sala absolverá al procesado de este punible.

Por último y frente a la informidad del profesional del derecho en cuanto a que su prohijado debe ser eximido de los cargos atribuidos debido a que  cumplía órdenes impartidas por su superior, debe el Tribunal precisar que a ello hay lugar cuando las mismas son lícitas, en cumplimiento de los mandatos para la cual fueron creadas, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (art. 217 c n), al punto que de incumplirla incurren en sanción. 

La orden del servicio es la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los cuales está creada la institución. Una orden que de manera ostensible atente contra dichos fines o contra intereses superiores de la sociedad, no puede reclamar válidamente obediencia.

Sabido es que en  virtud del principio de disciplina y jerarquía militares, el superior, dentro de sus atribuciones, puede dictar órdenes al subalterno que “dentro de sus obligaciones”, debe proceder a cumplir en el tiempo y del modo indicado “con exactitud y sin vacilación” (D.L. 85, arts 3 y 14), so pena de incurrir en el delito de desobediencia (D.L 2550 de 1988), no obstante, las ordenes antijurídicas, que violan la Constitución y la Ley, no deben ser obedecidas ni ejecutadas por el subalterno, sobre la materia, la el máximo órgano Constitucional manifestó: “…Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la orden impartida por su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sola enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos, lesionan de manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la Constitución…”  

En sentencia C – 578 de 1995, respecto de la obediencia debida la Corte Constitucional explicó: 

“… La doctrina es unánime en señalar que en el campo penal y, especialmente, en el ámbito penal militar, la orden manifiestamente antijurídica constituye un límite al deber de obediencia y, en este caso, no es apta como  causal de justificación del hecho ni como causa de inculpabilidad del sujeto activo, que no obstante su carácter de ejecutor del mandato ha de responder junto a su emisor.  

En síntesis, pueden identificarse en el derecho y la doctrina comparadas, elementos comunes a los distintos regímenes jurídicos en la materia. La obediencia ciega, como causal de exoneración, no se admite cuando el contenido de la orden es manifiestamente delictivo y notorio para el agente que la ejecuta. La legislación y la jurisprudencia comparada, por lo general, admiten el deber de obediencia cuando el subordinado se encuentra simplemente ante la duda sobre la licitud del contenido de la orden.   

Los criterios rectores descritos se encuentran recogidos en los principios y las reglas que sirvieron de base a los tribunales  que se constituyeron para juzgar los crímenes cometidos en la segunda guerra mundial. La jurisprudencia de los mencionados tribunales exoneró de responsabilidad a los inferiores cuando la ilicitud de la orden no era manifiesta. En cambio, se impusieron condenas a los militares subalternos cuando el hecho ordenado era ostensiblemente inhumano, como en los casos de asesinatos y torturas….”. 

8.3	RESPUESTA A LA APELACIÓN PRESENTADA POR LA DEFENSA DEL PROCESADO ALBEIRO PÉREZ DUQUE. 

(i)  	La defensa alegó la inocencia de su defendido arguyendo que quedó demostrado dentro de la actuación que quienes ejecutaron los hechos en el Cañón de Anaime, fueron los miembros de las autodefensas, sin embargo y teniendo en cuenta que esa tesis quedó plenamente desvirtuada la Sala se estará a lo resulto en el acápite 8.1 (iv), de ésta providencia, donde se dejó claramente establecido que quienes ejecutaron los hechos de barbarie en el Cañón de Anaime, fueron miembros del Ejército Nacional y del que el procesado hacía parte. 

(ii) 	De la pretensión de la defensa de PÉREZ DUQUE, la Sala se abstendrá de decretar la nulidad planteada por desconocimiento del Juez natural y se estará a lo resuelto en el acápite 8.1 (ii) de éste proveído y además se le recuerda al profesional que en materia penal no es suficiente con que el interesado solicite la nulidad, sino que además es necesario que indique, claramente, no solo la causal que invoca sino el perjuicio, que en concreto, se le causó al sujeto procesal con esa irregularidad. Así es indispensable que quien pretende una declaratoria de nulidad exponga cómo hubiese influido en la decisión final del funcionario la ejecución correcta de la actuación que denuncia como ejercida irregularmente, o lo que es lo mismo, como trascendió ella a las garantías del procesado o de la defensa, o a la estructura del proceso de modo que la sentencia que en él se profiera no sea vinculante.

Al analizar el recurso de apelación, la Sala observa que el recurrente no invocó una causal concreta, ni cómo de no haberse presentado esa especial actuación, hubiera cambiado el sentido de la decisión a favor de su defendido, nótese que el apelante se limitó a alegar el desconocimiento del principio de juez natural, sin explicar de manera detallada y concreta como de no haberse presentado esa situación se hubiese incido en la decisión del juzgador para llevarlo a proferir una sentencia absolutoria a favor de PÉREZ DUQUE. 

Al respecto sostuvo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de abril de 2008, radicado 29339, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, 

“… A su vez, los principios que gobiernan las nulidades en el debido proceso penal imponen a quien formula una nulidad, además de la referencia a la causal específica (principio de taxatividad), el deber de argumentar de manera clara y precisa de acuerdo al principio de instrumentalidad de las formas, en dónde se origina la falencia de actividad y si ésta no cumplió la finalidad para la que estaba previsto, además objetivar y demostrar que el vicio afectó las garantías o las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento conforme al principio de trascendencia, acreditar que el sujeto procesal no coadyuvó con su conducta a la configuración de la actuación irregular de acuerdo al principio de protección, ni que lo hubiese convalidado con su consentimiento según el principio de convalidación, siempre que se hubiesen observado las garantías fundamentales…”

(iii)  El procesado rindió Indagatoria, en la que narró su participación en las labores desarrolladas por el Ejército, en cumplimiento de las funciones por mantener el orden público, refirió el desconocimiento de los hechos investigados  y reconoció que desde mediados del mes de octubre hasta más o menos el 22 de noviembre, participó en las operaciones de registro y control militar en el área de Cajamarca, incluyendo el Cañón de Anaime, lo anterior demuestra sin asomo alguno de duda que el inculpado se encontraba en la zona cuando ocurrieron los lamentables crímenes y participó en compañía de su superior jerárquico RODRÍGUEZ AGUDELO, de las distintas ejecuciones allí adelantadas y como lo resaltó el juzgado omitió denunciar los hechos que se estaban presentando en la región.  

Sumado a lo anterior, quedó plenamente demostrado dentro de la actuación el alto grado de confianza que había entre el procesado PÉREZ DUQUE y RODRÍGUEZ AGUDELO, pues fueron los mismos soldados integrantes de la Compañía quienes pusieron en evidencia esa situación, OMAR BELTRÁN BLANCO, manifestó que si bien no tuvo mayor trato con el primero de los nombrados, si pudo observar que éste andó varias veces con la esposa del capitán dentro del campamento, por su parte el soldado ALEMPIFEM RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, declaró que PÉREZ DUQUE, se la pasaba con RODRÍGUEZ AGUDELO, situación que fue corroborada por el soldado EDILBERTO MARÍN MALATESTA. 

Además no puede olvidar la defensa que fue su representado el que fue encontrado escoltando el ganado hurtado a los pobladores del Cañón de Anime, en ese orden de ideas, se vuelve a traer a colación la declaración rendida por  JHON JAIRO LEÓN SANTOS, patrullero de la Policía Nacional, que participó en la detención de los camiones que llevaban el ganado hurtado y quien hizo referencia  que dentro de las personas detenidas había un soldado que decía que estaba cumpliendo órdenes del aludido capitán y que señalaba que los semovientes iban con destino al predio del suegro de éste.

Las pruebas analizadas, llevan al Tribunal a concluir que la contribución de PÉREZ DUQUE en las conductas punibles investigadas, sí se encuentra plenamente acreditada, pues como miembro del Ejército Nacional adscrito al  Batallón de Contraguerrilla No. 6 “PIJAOS” no sólo participó en las operaciones adelantadas en Cajamarca, sino que además al ser hombre de confianza del oficial JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, y como tal fue elegido para escoltar el ganado que le fue hurtado a los labriegos de la zona, quedando entonces acreditada plenamente su responsabilidad, conforme a la reseña dada ya en precedencia.

Y con relación al ilícito contra la Administración Pública (Cohecho) del que diciente el sujeto recurrente, es de precisar por éste Cuerpo Colegiado que el mismo ocurrió precisamente cuando cumplía una de esas misiones ilegales encomendadas por su superior, cuando se disponía trasladar los 28 animales hurtados en dos camiones al Departamento de Risaralda, al predio como se dijo propiedad del suegro del Capitán, cometido que se frustró debido al control que esa madrugada estaban haciendo en la línea miembros de la Policía Nacional de Carreteras quienes interceptaron los vehículos, exigieron los certificados respectivos y como presentaron una promesa de compraventa apócrifa, no justificaron la tenencia del ganado, procedieron a incautarlo, razón por la cual y para que los dejaran seguir, el conductor y el ayudante le ofrecieron al servidor público JOSE URIEL MARÍN MARÍN, Policía de carreteras la suma de $60.000; precisando el deponente que cuando ya se encontraban en la estación quien se había identificado como militar y para esos mismos fines le había ofrecido la suma de $10.000.000.

De manera que con la versión dada por MARÍN MARÍN  a la fiscalía y con el informe que éste rindió tan pronto como los animales hurtados fueron incautados por el uniformado, queda por demás evidentemente claro como le quedó al juez a quo, certeza acerca de la materialidad de la conducta punible investigada y la responsabilidad penal del inculpado, tema que no amerita mayor disertación debido a que fue objeto de análisis al inicio del fallo, como también lo fue por el Juez de la causa. En tal sentido se confirma el fallo recurrido. 

9.	REPUESTA A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA PARTE CIVIL EN LOS ALEGATOS DE NO RECURRENTES

(i)	El apoderado de las víctimas solicitó reivindicar el nombre de RICARDO ESPEJO, toda vez que el Juzgado le dio la calidad de combatiente de la guerrilla con base en la declaración rendida por RAÚL AGUDELO MEDINA, alias OLIVO SALDAÑA, desmovilizado de las FARC, quien aseguró que al único que mataron y que no pertenecía a esa organización era un viejito que vivía en la parte alta, el resto eran milicianos.

En efecto y como ya hizo alusión esta Corporación dentro de la actuación no reposa prueba idónea ni documental, ni testimonial, ni de ninguna otra naturaleza que permita tener como cierto dicho señalamiento y siendo que por el contrario de las personas que fueron secuestradas, desplazadas, torturadas, descuartizadas y vil mente asesinadas, a manos de los militares condenados, la única que aparece como jefe de finanzas de la organización subversiva de las FARC, es el conocido con el alias de MAURICIO, es del que se dice que para fecha de su muerte estaba de camuflado; pero se reitera, no fue asesinado en combate, las demás sindicaciones de pertenencia al grupo ilgal son meras conjeturas, carente de asidero legal, por lo cual, fueron considerados personal civil ajeno al conflicto armado. 

 (ii) Solicitó además la parte civil, eliminar de la sentencia toda referencia al pago de indemnizaciones toda vez que las misma está siendo perseguida ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Así y como quiera que el Juez de Conocimiento en el numeral quinto del fallo se pronunció respecto a la condena en perjuicios de orden moral, la Sala revoca dicha condena y a efectos que sea la justicia ordinaria la que se pronuncie, tal como lo ha pedio el sujeto recurrente. 

10.	REDOSIFICACIÓN DE PENA PARA CASALLAS SUESCÚN.

Tal como quedó visto, los delitos por los que debe responder penalmente este sujeto procesal es por las conductas punibles previstas en el artículo 104 de Ley 599 de 2000, vigente para la época en que se registraron los asesinatos, en concurso homogéneo y sucesivo.

Luego entonces de conformidad con la citada disposición que prevé sanción que va de  TRESCIENTOS (300) a CUATROCIENTOS OCHENTA (480) MESES DE PRISIÓN. 

Así las cosas y como quiera que el procesado fue acusado como cómplice de homicidio agravado dicha pena se atenúa en la proporción que señala el artículo 30-3 ibídem, esto es de una sexta parte a la mitad, por lo que la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la sanción establecida (art.60-5 cp), obteniendo así un nuevo marco punitivo que va de CIENTO CINCUENTA (150)  a CUATROCIENTOS (400) meses de prisión y sin que se tenga en cuenta el incremento de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Una vez determinado los extremos punitivos, corresponde ahora establecer el ámbito punitivo de movilidad que resulta de la diferencia matemática de estos y que corresponde a setenta y dos punto cinco (62.5) meses, y que se refleja en los siguientes cuartos:

CUARTO
 MÍNIMO	PRIMER CUARTO MEDIO	SEGUNDO CUARTO MEDIO	CUARTO MÁXIMO	
 Va de 150 a 212.5  meses de prisión	Va de 212.5 a 275 meses  de prisión 	Va de 275 a 337.5 de prisión.	Va de 337.5 a 400 meses de prisión 	

Ahora y para efectos de la punición, teniendo en cuenta que concurren como circunstancia de menor punibilidad la carencia de antecedentes penales (art.55-1 cp) y como que la de mayor punibilidad, obrar en coparticipación criminal (art.58-10 ibídem), no le fue imputada, por ello la Sala no la debe tener en cuenta.  
Por lo anterior, resulta procedente ubicarnos en el cuarto mínimo, pero no en la pena mínima sino en el máximo allí establecido, esto es, en doscientos doce punto cinco (221.5) meses de prisión, teniendo para el efecto aspectos tales como, la gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la intensidad del dolo, la necesidad de la pena y la función que iba a cumplir, toda vez que el investigado WILSON CASALLAS SUESCÚN en su condición de militar, sub-oficial del Ejército Nacional, utilizó su investidura no para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio Nacional y del orden constitucional sino para cometer crímenes de lesa humanidad, cosa distinta es que la fiscalía no le atribuyó dicho cargo y en cuanto a que los asesinatos por los que se le acusan no fueron cometidos en combate y en contra de la población civil protegida por el Derecho Internacional Humanitario.

Así mismo y como quiera que al inculpado se le acusó también como cómplice del Homicidio en la persona del ciudadano CAMILO PULIDO, es decir, en concurso homogéneo y sucesivo del bien jurídico que protege la vida, por lo cual la sanción impuesta se incrementa en setenta y dos (72) meses. De manera que la pena en concreto a imponer al justiciable es la de  doscientos ochenta y cuatro punto cinco (284.5) meses de prisión, sanción que deberá purgar en el establecimiento penitenciario que el INPEC le asigne, debiéndosele tener en cuenta el tiempo que lleva en prisión. 

Así mismo se impondrá en contra del procesado la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, en virtud de lo previsto en el artículo 51 del C.P., y que establece: “…La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52, y en el caso concreto al verificar que la pena supera los 20 años..”, se impondrá el máximo permitido en la Ley. 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá D. C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

11	RESUELVE

11.1	Modificar el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de absolver al procesado WILSON CASALLAS SUESCUN, de los delitos de concierto para delinquir y fraude procesal, y condenarlo como cómplice del delito de homicidio agravado a la pena principal de 284.5 meses de prisión. 

11.2	Imponer como pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas una pena de 20 años, conforme a lo previsto en la parte considerativa de éste proveído. 

11.3	Devolver las diligencias al Juzgado de origen para que se adicione el fallo respecto de los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica imputados a CASALLAS SUESCUN y de los cuales el a quo dejó de pronunciarse. 

11.4	Revocar el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia, toda vez que la parte civil informó que está persiguiendo la condena en perjuicios ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo.  

11.5	Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida

11.6	Contra esta sentencia procede el recurso de casación que podrá interponerse en los 15 días siguientes a su notificación.

11.7	Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase, por secretaría, el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ORLANDO FIERRO PERDOMO

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO

LUIS FERNANDO RAMÍREZ CONTRERAS