Providencia nº 11001010200020110110000 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria nº 47 de May 18, 2011

Consejo Superior de la Judicatura (May 2011)

Id. vLex: VLEX-335438622
http://vlex.com/vid/335438622

Summary

Conflicto Positivo de Competencia entre El Juzgado 15 de Brigadas de Valledupar Cesar y La Fiscalia 54 Especializada de Dh y Dhi de La Misma Ciudad para Conocer El Proceso Penal Que Se Adelanta por El Homicidio de Paolo Manuel Castro Manuel Segun Hechos Ocurridos El 14 de Noviembre de 2007 Sector El Corral Municipio El Molino La Guajira (Rc 8531) Lb

Text

RAMA JUDICIAL

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

 Bogotá D.C., 18 de Mayo de 2011

 Magistrado Ponente Doctor JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ

 Radicación No. 110010102000201101100 00

 Aprobado Según Acta No. 47 de la misma fecha

 Conflicto de competencia entre la Jurisdicción Penal Militar y la Jurisdicción Ordinaria.

 Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria

ASUNTO

Procede esta Sala a dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones, suscitado entre la Justicia Penal Militar, representada por el JUZGADO QUINCE DE BRIGADAS DE VALLEDUPAR, y la Ordinaria, en cabeza de la FISCALÍA 54 DE LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONL HUMANITARIO DE BARRANQUILLA, con ocasión del conocimiento de la investigación penal que se adelanta por el homicidio del que fue víctima un individuo identificado como PAOLO MANUEL CASTRO MANUEL en hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2007 en el sector El Corral, Municipio El Molino – Guajira.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

Informan las diligencias que el día 14 de noviembre de 2007, en el sector EL Corral - jurisdicción del municipio El Molino, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No 2 “Cr. Juan José Rondón” al mando del TE. VÉLEZ ALZATE GONZALO, en cumplimiento de la misión táctica NIRVANA sostuvieron combates con bandas criminales, situación que originó la muerte de un individuo identificado posteriormente como Paolo Manuel Castro Manuel, hallándose en su poder material de guerra.

Por los hechos referenciados, el Juzgado 98 de Instrucción Penal Militar de Buenavista – Guajira ordenó la apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables por el punible de Homicidio, etapa en la cual se recolectaron entrevistas de los militares involucrados, copia de la orden de operaciones, informe de patrullaje, acta de levantamiento de cadáver, lista del personal que participó en los hechos, álbum fotográfico, copia del acta de necropsia, croquis del lugar de los hechos, entre otras. (fls. 29 y siguientes del c.1).

De igual forma, el 15 de noviembre de 2007 la Fiscalía 003 Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar y Villanueva, dispuso el adelantamiento de investigación previa con ocasión de los hechos referenciados, diligencias que fueron remitidas seguidamente a la Fiscalía Seccional 002 Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar y Villanueva, despacho que avocó las mismas y el 4 de junio de 2008 ordenó el envío a la Justicia Penal Militar en razón a que los hechos objeto de investigación fueron presuntamente cometidos en operativos efectuados por el Grupo de Contraguerrilla Corcel 2 del Grupo Rondón. (fl.114 c.1).

Así entonces, el 2 de septiembre de 2008, el Juzgado 98 de Instrucción Penal Militar ordenó la apertura de la investigación penal contra el Teniente Gonzalo Vélez Alzate y otros, allegándose al expediente la orden de batalla BACRIM visible a folio 166 y siguientes del cuaderno No 1.

Se recibieron en esa oportunidad declaraciones de vecinos del sector donde ocurrieron los hechos, quienes manifestaron no haberse percatado de movimientos extraños ni de la existencia de un combate.

El 31 de octubre de 2008, el Juzgado 98 de Instrucción Penal Militar de Buenavista ordenó la práctica de pruebas, recibiendo la entrevista de la Médico que practicó la necropsia a la victima, así mismo se arrimó copia de la hoja de vida del capitán Gonzalo Vélez Alzate.

El 27 de enero de 2009, la Fiscalía 64 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Barranquilla, efectuó inspección judicial al expediente contentivo de la investigación penal, disponiendo el adelantamiento de la misma, oportunidad en la cual se ordenó la realización de labores de vecindario.

El 3 de agosto de 2009, la Procuraduría Judicial I Penal 265 de San Juan del Cesar, solicitó remitir el asunto a la justicia ordinaria, aduciendo que de acuerdo con acta de necropsia se encontró en el orificio no 1 entrada infraclavicular izquierda con presencia de ahumamiento, lo que indica que el occiso fue dado de baja a corta distancia, además se evidenciaron excoriaciones en la pierna derecha que al parecer fueron producidas por golpes o raspaduras, por lo que señaló el representante del ministerio Público que la persona pudo ser golpeada o arrastrada antes de su muerte.

De igual forma, indicó que la declaración de la doctora María Esperanza Dávila Zabaleta, confirmó el dictamen cuando dice que las excoriaciones son heridas que se producen por el contacto de la piel con algún objeto contundente ya sea golpe o raspadura, pero en el presente caso no sabe que lo produjo, confirmando que el orificio de entrada No 1 presenta ahumamiento, pero no tatuaje.

Manifestó que en el plenario obran declaraciones de los militares que se contradicen, por cuanto el TE. GONZALO VÉLEZ ALZATE, adujo que el día de los hechos les dispararon 3 a 5 sujetos a 15 ó 20 metros, reaccionando al ataque, luego realizaron un registro encontrando a un sujeto tendido boca arriba, combate que tuvo una duración de 15 minutos.

Por su parte el SLP Ángel Enrique Balcazar Ramírez, dijo que los recibieron con disparos y eran tres o cuatro sujetos y el SLP Blas Yovanni Cadena Moreno, señaló que el occiso tenía el arma en la mano derecha, situación que sostuvo no concuerda con el informe de investigador de laboratorio sobre exploración lafoscopica, donde se estableció que no se observan fragmentos de huellas dactilares en la superficie del arma de fuego, clase subametralladora, calibre 9mm, prueba que contradice lo dicho por uno de los declarantes, así como las fotos visibles en el álbum, preguntándose porque razón no aparecen las huellas en el arma. (fls. 7 y 8 del c.2).

Con fundamento en lo anterior, el Juzgado 98 de Instrucción Penal Militar de Buenavista en providencia del 26 de agosto de 2009, ordenó la remisión del asunto al Juzgado Quince Militar de Brigada con el fin de desatar el conflicto planteado por el Procurador. (fls. 9 y 10 del c.2).

En el entre tanto, la Directora de Justicia Trasnacional del Ministerio del Interior y de Justicia, informó que una vez indagadas las bases de datos que contienen registros de personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley, no se hallaron coincidencias con el nombre y número de la cédula de la victima.

Así mismo, el Juzgado 98 de Instrucción solicitó a la justicia ordinaria el envío de las diligencias con el fin de evitar trasgresiones al principio del non bis in ídem, petición que negó la Fiscalía 54 UNDH Y DIH de Barranquilla indicando que en el asunto se presentan varias dudas, haciendo improcedente la remisión del mismo a la justicia castrense, para el efecto arguyó que el SLP Barajas Camargo Domingo fue escuchado en ampliación de indagatoria, misma en la que desnaturalizó por completo el combate de fecha 14 de noviembre de 2007, a lo que agregó que en sentencia anticipada celebrada por ese despacho aceptó los cargos que le fueron imputados, - Homicidio Agravado- delito por el cual tiene medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación.

Afirmó además que todos los procesados tienen medida de aseguramiento, según decisión de octubre 29 de 2010, situación que se fundamentó en los siguientes indicios i) presencia en el lugar de los hechos donde supuestamente se desarrolló la operación, ii) oportunidad de delinquir iii) contradicción y mentira habida cuenta que mientras unos sostuvieron en sus diligencias de injuriadas que el operativo se había desarrollado entre 8:30 y 9:30 pm., otros dieron a conocer que el mismo se había suscitado entre 3:00 y 4:30 am, iv) pruebas documentales y diligencias de injurada, tales como acta de necropsia y declaración de la médica donde afirmó y ratificó lo atinente al ahumamiento del orificio de entrada No 1. (fls. 28 a 30 del c.2).

Al respecto, el Juzgado Quince de Brigadas de Valledupar indicó que la muerte del interfecto Paolo Manuel Castro Manuel se presentó dentro de la misión institucional conferida constitucionalmente a los miembros del Ejercito, relativa al mantenimiento del orden institucional y jurídico que se desprenden de la misión táctica “Nirvana” orden de operaciones “Magistral” emitida por el grupo Rondón, manifestando que precisamente la investigación determinará la relación de los hechos con el servicio encomendado, reprochando en este caso que la Fiscalía solo destacara algunos elementos de prueba rechazando otras que demuestran la confrontación armada, no probándose que a los militares los moviera una idea criminal de dar muerte al hoy occiso.

Con fundamento en lo anterior, ordenó la remisión del expediente a esta Superioridad a fin de dirimir el conflicto de competencia planteado (fls. 33 a 41 del c.2).

CONSIDERACIONES

Es competente esta Sala para dirimir el conflicto positivo aquí planteado, en virtud de lo señalado en los artículos 116 y 256, numeral 6° de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 112, numeral 2° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por tratarse de una controversia surgida entre dos Jurisdicciones diferentes, la Penal Militar, representada por el JUZGADO QUINCE PENAL MILITAR DE BRIGADA DE VALLEDUPAR y la Ordinaria, en cabeza de la FISCALÍA 54 UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE BARRANQUILLA, quienes se declararon competentes para conocer de la investigación penal que se adelanta por el homicidio del que fue víctima un individuo identificado como PAOLO MANUEL CASTRO Manuel en hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2007 en el sector El Corral, Municipio El Molino – Guajira.

En ese sentido, el fuero militar, como institución que permite fijar la competencia en la jurisdicción especializada para el conocimiento de delitos cometidos por miembros activos de las fuerzas armadas, se encuentra consagrado en el artículo 221 de la Carta Política en los siguientes términos:

 “ARTÍCULO 221. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.”

A su vez, el ámbito de la competencia atribuida a la Jurisdicción Penal Militar, se encuentra regulada en la Ley 522 de 1999 de la siguiente manera:

 “ARTÍCULO 1°. Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. "

Con base en lo anterior, se ha considerado que el fuero penal militar está integrado por dos elementos, así:

1. Un elemento subjetivo, que consiste en la calidad de miembro de la fuerza pública, o sea, las fuerzas militares y la policía nacional.

2. Un elemento funcional, que consiste en la relación de los delitos con el servicio o las funciones de la fuerza pública, consagradas en los artículos 217 y 218 de la Constitución Política, en virtud de los cuales “las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y el fin primordial de la Policía Nacional es el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Sobre el primero de los aspectos señalados, se tiene el informe suscrito por el TE VÉLEZ ALZATE GONZALO, Comandante CORCEL 2, quien indicó que mediante inteligencia humana obtenida se llevó a cabo la operación Magistral, Misión Táctica “NIRVANA” donde tropas de esa unidad en el sector de la Finca La Elvira -Sector El Corral – Municipio del Molino sostuvieron combates contra miembros de las BACRIM, resultando muerte el hoy occiso encontrando en su poder material de guerra.

Así las cosas, se considera cumplido el primero de los requisitos exigidos por la ley para definir la aplicabilidad o no del fuero militar, es decir la calidad de miembros del Ejército Nacional de los implicados, razón por la cual la discusión debe centrarse en determinar la relación existente entre la conducta desplegada por los orgánicos y los actos que guardan relación con el servicio.

En este contexto, el fuero militar, de acuerdo con la definición dada por el Constituyente, está restringido a dos tipos de delitos: los intrínsecamente militares y los comunes que guardan relación con el mismo servicio, de tal manera que las conductas punibles consumadas en circunstancias diferentes a las establecidas en el artículo 221 de la Constitución Política por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, serán juzgadas por la jurisdicción penal ordinaria.

AI respecto, el artículo 2° de la citada Ley 522 de 1999, enuncia aquellas situaciones que son de la incumbencia de la Justicia Penal Militar, precisamente por guardar relación con el servicio. Esto dice la norma:

 “ARTÍCULO 2°. Delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública derivados del ejercicio de la función militar o policial que Ie es propia. De conformidad con las pruebas allegadas, la autoridad judicial que conoce del proceso determinará la competencia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad de la Fuerza Pública."

La correspondencia que debe existir entre la conducta punible y el servicio activo en la fuerza pública es una exigencia que debe determinarse a través de una sana ponderación de los elementos de juicio disponibles, al respecto la H. Corte Constitucional en Sentencia T-806 de 2000 señaló:

 " ( . .) La Corte precisó dos aspectos de suma importancia que han de tenerse en cuenta a la hora de definir la aplicabilidad o no del fuero militar. EI primero, hace referencia a que en ningún caso los delitos denominados de lesa humanidad podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar, por la evidente contradicción que se presenta entre estos y las funciones asignadas por la Constitución a la fuerza publica, por cuanto su ocurrencia a mas de no guardar ninguna conexidad con estas, son, en sí mismas, una transgresión a la dignidad de la persona y vulneración evidente de los derechos humanos. Por tanto, se dejó sentando que un delito de esta naturaleza, siempre ha de ser investigado por la justicia ordinaria, so pena de vulnerarse la naturaleza misma del fuero militar y, por ende, el texto constitucional. EI segundo, tiene que ver más con la dinámica del proceso, pues se determinó que en el curso de este, deben aparecer pruebas claras sobre la relación existente entre la conducta delictiva del agente de la fuerza pública y la conexidad de ésta con el servicio que cumplía. En caso de no existir aquellas, o duda sobre en que órgano debe radicarse la competencia, siempre habrá de discernirse esta en favor de la justicia ordinaria (...)" (Resaltado fuera de texto.)

Para llegar a la conclusión de si el hecho punible acaeció con relación al servicio es necesario tener en cuenta que debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, esto significa que el exceso o extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las fuerzas militares.

La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad de algunas normas del Código Penal Militar, específicamente las referidas al fuero militar señaló que un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido en cumplimiento del servicio que ha sido asignado por la Constitución y la Ley a la fuerza pública, al respecto indicó:

 “(…) La expresión ‘relación con el mismo servicio’, a la vez que describe el campo de la jurisdicción penal militar, lo acota de manera inequívoca. Los delitos que se investigan y sancionan a través de esta jurisdicción no pueden ser ajenos a la esfera funcional de la fuerza pública. Los justiciables son únicamente los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando cometan delitos que tengan ‘relación con el mismo servicio’. El término ‘servicio’ alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares -defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional- y de la policía nacional -mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica-.

 “(…)

 “El concepto de servicio corresponde a la sumatoria de las misiones que la Constitución y la ley le asignan a la fuerza pública, las cuales se materializan a través de decisiones y acciones que en últimas se encuentran ligadas a dicho fundamento jurídico (…) En efecto, la noción de servicio militar o policial tiene una entidad material y jurídica propia, puesto que se patentiza en las tareas, objetivos, menesteres y acciones que resulta necesario emprender con miras a cumplir la función constitucional y legal que justifica la existencia de la fuerza pública (…)

 “(…)

 “Además del elemento subjetivo -ser miembro de la fuerza pública en servicio activo-, se requiere que intervenga un elemento funcional en orden a que se configure constitucionalmente el fuero militar: el delito debe tener relación con el mismo servicio (…)

 “No obstante que la misión o la tarea cuya realización asume o decide un miembro de la fuerza pública se inserte en el cuadro funcional propio de ésta, es posible que en un momento dado, aquél, voluntaria o culposamente, la altere radicalmente o incurra en excesos o defectos de acción que pongan de presente una desviación de poder que, por serlo, sea capaz de desvirtuar el uso legítimo de la fuerza. Justamente a este tipo de conductas se orienta el Código Penal Militar y se aplica el denominado fuero militar. La legislación penal militar, y el correspondiente fuero, captan conductas que reflejan aspectos altamente reprochables de la función militar y policial, pero que no obstante tienen como referente tareas y misiones que, en sí mismas, son las que de ordinario integran el concepto constitucional y legal de servicio militar o policial.

 “La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o tarea militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental. En este sentido, no todo lo que se realice como consecuencia material del servicio o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la función militar o policiva. El concepto de servicio no puede equivocadamente extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice. De lo contrario, su acción se desligaría en la práctica del elemento funcional que representa el eje de este derecho especial (...)” [1]

De allí que los delitos que se pueden investigar y sancionar a través de la jurisdicción penal militar, están limitados a aquellos ocurridos en la esfera funcional de la fuerza pública, esto es, en el devenir de las actividades que se orienten a cumplir las finalidades propias ya sea de las fuerzas militares -defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional- o de la policía nacional -mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica.

Como consecuencia de lo anterior, anotó la Corte que la sola circunstancia de pertenecer a la fuerza pública e incurrir en una conducta delictiva, ya sea en tiempo de servicio, utilizando o no prendas distintivas, haciendo uso de instrumentos de dotación o aprovechándose de la investidura, no es criterio válido para desplazar al derecho penal común y considerar que el conocimiento del hecho punible corresponde a la justicia penal militar. En realidad, -dijo esta Corporación- para que se pueda aplicar a favor de la jurisdicción penal militar el criterio restrictivo de competencia residual, es necesario examinar si el comportamiento activo o pasivo del miembro de la fuerza pública guarda relación con una específica misión militar o policial.

Por lo anterior, es necesario que la Sala entre a analizar los elementos de juicio que constituyen el expediente penal, con el objeto de determinar, sí como lo indica el Juzgado Quince de Brigadas de Valledupar, la conducta desplegada por los militares implicados guarda relación con la misión a ellos encomendada, o si por el contrario, conforme lo predicó la Fiscalía 54 UNDH y DIH, existen elementos probatorios que ofrecen serias dudas sobre la existencia del nexo causal necesario para el reconocimiento del fuero castrense, tales como las injuradas de los militares y las conclusiones reseñadas en el acta de necropsia.

En ese contexto, obran en el expediente pruebas que, en principio, corroborarían la existencia del nexo causal entre la situación fáctica investigada y el servicio encomendado a los militares que tuvieron participación activa en ella, tales como, el informe de patrullaje y la orden de operaciones.

No obstante lo anterior, se tiene que la Fiscalía 54 UNDH y DIH, sustentó su competencia en la ampliación de indagatoria del SLP Barajas Camargo Domingo misma en la que –afirmó- desnaturalizó por completo el combate de fecha 14 de noviembre de 2007, a lo que agregó que en sentencia anticipada celebrada por el despacho que representa aceptó los cargos que le fueron imputados, - Homicidio Agravado- delito por el cual tiene medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación.

Aseveró la fiscal además, que todos los procesados tienen medida de aseguramiento, según decisión de octubre 29 de 2010, situación que se fundamentó en los siguientes indicios i) presencia en el lugar de los hechos donde supuestamente se desarrolló la operación, ii) oportunidad de delinquir iii) contradicción y mentira habida cuenta que mientras unos sostuvieron en sus diligencias de injuradas que el operativo se había desarrollado entre 8:30 y 9:30 pm., otros dieron a conocer que el mismo se había suscitado entre 3:00 y 4:30 am, iv) pruebas documentales, tales como acta de necropsia y declaración de la médica donde afirmó y ratificó lo atinente al ahumamiento de orificio de entrada No 1.

La Sala considera que le asiste razón a la fiscal, así como al representante del Ministerio Público en tanto existen serios elementos de juicio que evidencian la ruptura de la relación de los hechos ocurridos con el servicio constitucionalmente asignado a las fuerzas militares, caso en el cual contrario a lo manifestado por el representante de la justicia penal militar, el conocimiento de las diligencias le corresponde a la justicia ordinaria.

De lo anterior se puede deducir que no existe certeza y, en cambio, existe duda sobre la forma en que sucedieron los hechos investigados, circunstancia que obliga a que sea el representante de la Justicia Ordinaria el llamado a avocar el conocimiento de la investigación penal, al no quedar plenamente demostradas las condiciones que dan lugar a la aplicación del fuero militar pues, tal y como lo señaló la Corte Constitucional, “en las situaciones en las que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la excepción.”

En consecuencia, conforme a lo planteado, por ser la jurisdicción penal militar de carácter excepcional y especial, el conocimiento de la presente investigación no puede serle atribuido y debe ser asignado a la jurisdicción penal ordinaria, representada por la FISCALÍA 54 DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE BARRANQUILLA.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto positivo de competencia planteado en el sentido de declarar que el conocimiento de la presente investigación penal corresponde a la Justicia Penal Ordinaria representada por la FISCALÍA 54 DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE BARRANQUILLA, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO.- Conforme a lo anterior, remitir el expediente a la precitada Fiscalía y copia de la presente providencia al Juzgado Quince de Brigadas de Valledupar.

CUMPLASE

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|HENRY VILLARRAGA OLIVEROS |JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO |

|Presidente |Vicepresidente |

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|JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ |ANGELINO LIZCANO RIVERA |

|Magistrada |Magistrado |

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|MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA |JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ |

|Magistrada |Magistrado |

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|PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO |

|Magistrado |

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|YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA |

|Secretaria judicial |

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[1] Corte Constitucional, Sentencia C-358 de 5 de agosto de 1997.