JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
Medellín, doce (12) de junio de dos mil trece (2013)

REFERENCIA :		
RADICADO:		05001 33 33  022  2013 00525  00	
MEDIO  DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA 	
DEMANDANTE: 	JORGE MARIO ALVAREZ JURADO    	
DEMANDADA:	EDATEL S.A. E.S.P.  	
ASUNTO:	Rechaza demanda por caducidad	
Auto 	186	

El señor  JORGE MARIO ALVAREZ JURADO a través de apoderado judicial, presentó demanda de Reparación Directa contra EDATEL  S.A. E.S.P. fin de que se declararan administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al demandante con ocasión a la denuncia penal realizada en su contra de fraude procesal. 

CONSIDERACIONES

1.  En el presente caso, debe definirse si la demanda se presentó oportunamente o si por el contrario, para la fecha de su presentación había operado el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que éste es un presupuesto de la acción, como se tiene entendido por la doctrina y la jurisprudencia nacional.

2.  Sobre la caducidad de las acciones de reparación directa, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y del lo Contencioso Administrativo CPACA, dispone en su literal i:

“i). Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la presentación de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.”. 

Respecto de la caducidad de las acciones, la Sala Plena del Consejo de Estado, ha sostenido:

“...Para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, sólo bastan dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción.  Iniciado el término con la publicación, notificación o comunicación.  Lo que ocurra de ahí en adelante no tiene virtualidad alguna para modificar el plazo perentorio y de orden público señalado por la ley.  El término se cumple inexorablemente...” (Sentencia del 21 de noviembre de 1991.  Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

 Sobre el mismo fenómeno jurídico, la doctrina nacional enseña:

"Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso, por razones de economía procesal y de seriedad, ya que no tiene sentido que las partes se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza...".  (Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo,  cuarta edición, Pág. 156).

Por otra parte, respecto de la caducidad en casos Falsa Denuncia Penal dicha Corporación señaló 

“(…) el término para presentar la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, era de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho causante del daño. En el caso concreto si bien la demandante señala como causa del daño la denuncia penal que la entidad formuló en su contra, califica esa denuncia como temeraria por haberse acreditado que los hechos denunciados no ocurrieron, calificación que sólo adquirió certeza en el momento en que el Juzgado Ochenta y Ocho de Instrucción así lo declaró, mediante providencia de 19 de junio 1990, en la cual ordenó el cese del procedimiento, que según la constancia expedida por el mismo juez, se notificó por estado el 21 de junio de 1990 (…)” (Negrillas fuera de Texto).

3.  Advierte el Despacho que en el numeral 7 del capitulo de los hechos, la parte actora señala el día 13 de abril de 2011 como la fecha en la cual el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión de decretar la preclusión (fl.3), de igual forma a folio 65 es allegado copia del Acta de Audiencia de Segunda Instancia fechada el día 13 de abril de 2011 y en la misma se señala que la decisión es notificada por estrados y contra ella no procede recurso alguno, por lo cual se advierte que desde este día, esto es, 13 de abril de 2011, la providencia quedó ejecutoriada. 

4. Se observa a folio 72, que la solicitud de conciliación fue presentada el día 1 de abril de 2013,  ante la Procuraduría General de la Nación, es decir, faltando 13 días para que operara el fenómeno de caducidad, celebrándose audiencia de conciliación el 21 de mayo de 2013 y declarándose  fallida la misma y expidiéndose la constancia el mismo 21 de mayo de 2013.

5. Se advierte a folio 15 que la demanda fue presentada el 5 de junio de 2013, ahora entre el 21 de mayo de 2013, fecha en que se expidió la constancia por la Procuraduría y la presentación de la demanda el 5 de junio de 2013, transcurrieron quince (15) días, tiempo que excede los trece (13) días que faltaban para que operara la caducidad de la acción al momento de solicitarse la conciliación,  toda vez que si bien los trece días recaían  en un día no hábil (el festivo 3 de junio de 2013), la demanda debió presentarse al día hábil inmediatamente siguiente, esto es,  el 4 de junio de 2013, siendo solo presentada hasta el 5 de junio de 2013, por lo que se concluye la parte demandante hizo presentación extemporánea de la demanda, operando el fenómeno de caducidad de la acción.

Se impone, en consecuencia, EL RECHAZO de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 y 169 numeral 1° del CPACA. 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, 

RESUELVE:
PRIMERO: RECHAZAR la demanda de la referencia propuesta el señor  JORGE MARIO ALVAREZ JURADO según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.   

SEGUNDO: ORDENAR la devolución de los anexos, sin necesidad de desglose y el archivo de la actuación.

TERCERO: RECONOCER PERSONERIA al doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, abogado en ejercicio, con T. P. 55.499, del C. S. de la J. para representar a la parte demandante en el proceso de la referencia, en los términos del poder conferido visible a folio 16  del expediente.

NOTIFÍQUESE

GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADO el auto anterior.
Medellín, 13 DE JUNIO DE 2013. Fijado a las 8:00 A.M.

MARIA AUXY TIRADO BULA 
Secretaria