JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
Medellín,  ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013)

REFERENCIA :		
RADICADO:		05001 33 33 022 2013 00418 00	
ACCIÓN:	POPULAR	
DEMANDANTE: 	JAIME ALBERTO PEREZ LOPERA  	
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
ASUNTO:	INADMITE DEMANDA	

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, SE INADMITE la presente demanda, para que la parte actora, en el término de tres (3) días, SO PENA DE RECHAZO, subsane los defectos simplemente formales de que seguidamente se señalan:

El artículo 88 de la Constitución, dispuso que la Ley regulará las Acciones Populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;  la seguridad y salubridad públicas, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y otros de similar naturaleza que definiera la ley.

Mediante el artículo 2º de la Ley 472 de 1.998, “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares [...]”, se definió que las acciones populares son “los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos”, y que esas acciones se ejercen “para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

El artículo 4 de la señalada normatividad, hace saber cuáles son los derechos e intereses colectivos, el actor en los hechos y derechos vulnerados señala los literales a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; g) La seguridad y salubridad públicas; h) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el literal m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, como derechos vulnerados para la presente acción.

En relación con la exigencia del derecho o interés colectivo amenazado la parte accionante señala como vulnerado el derecho a la seguridad y salubridad públicas, por tanto deberá enunciar con claridad y precisión la relación que se establece entre el mencionado derecho colectivo y los hechos relacionados en el escrito de la demanda.  Lo anterior teniendo en cuenta que el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera  en sentencia del día dieciocho (18) de marzo de 2010 radicación 25000-23-24-000-2005-01083-01(AP) respecto a la seguridad y salubridad pública señaló lo siguiente: 

“(…) En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad.” “…Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados  proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados (…)”

Igualmente la parte accionante señala como vulnerado el derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, el actor deberá enunciar con claridad y precisión la relación que se establece entre el mencionado derecho colectivo y los hechos relacionados en el escrito de la demanda. Lo anterior teniendo en cuenta la sentencia de la Corte constitucional SU-360 de 1999  M.P. Alejandro Martínez Caballero, estableció:

“(…) lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto en favor de  la colectividad, razón por la cual  no pueden formar parte de esta categoría, aquellos bienes que son objeto de dominio privado  de conformidad con lo  establecido por la ley,  ni aquellos que son del pleno dominio fiscal de los entes públicos, (bienes «privados» del Estado) (…)”

Con la exigencia del derecho o interés colectivo amenazado la parte accionante señala como vulnerado el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, por tanto deberá enunciar con claridad y precisión la relación que se establece entre el mencionado derecho colectivo y los hechos relacionados en el escrito de la demanda.  Lo anterior teniendo en cuenta que el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera  en sentencia del día dieciocho (18) de marzo de 2010 radicación 25000-23-24-000-2005-01083-01(AP) respecto ello señaló lo siguiente: 

(…) El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado (…)”

Así mismo, la parte accionante señala como vulnerado el derecho al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, el actor deberá enunciar con claridad y precisión la relación que se establece entre el mencionado derecho colectivo y los hechos relacionados en el escrito de la demanda. Lo anterior teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia  T-724 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, respecto ello señaló: 

“ (…) el ambiente sano no sólo es considerado como un asunto de interés general, sino como un derecho de rango constitucional del que son titulares todos los seres vivos, incluidas las futuras generaciones, en conexidad con ese inexcusable deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud... 

El derecho al ambiente sano va íntimamente ligado a la vida y la salud de las personas, en la medida en que los factores perturbadores de los recursos naturales invariablemente repercuten contra el ser humano. (…)”

De acuerdo al artículo 161 numeral 4, del CPACA, en concordancia con el artículo 144 inciso tercero ibídem, el actor deberá allegar constancia de la reclamación realizada ante la entidad accionada a fin de dar cumplimiento al requisito de procedibilidad exigido por Ley.

Teniendo en cuenta lo preceptuado en  el artículo 199 ibídem, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, la parte accionante deberá allegar la dirección de correo electrónico de la entidad demandada a fin de notificar de conformidad con la norma señalada. 

Finalmente teniendo en cuenta la entrada en vigencia del CGP Ley 1564 de 2012, según lo preceptuado en los artículos 610 y 612, en los procesos que se tramiten en cualquier jurisdicción la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado podrá actuar en cualquier proceso y su notificación se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere el artículo 199 del CPACA; por tanto se requiere a la parte accionante para que allegue en medio magnético la acción y en medio físico dos copias de la demanda y sus anexos una de ellas para notificar a la Agencia y otra que quedará en la Secretaría del Despacho a disposición de las partes.

De los escritos con que se subsane lo solicitado en este auto, se allegarán copias para los respectivos traslados.

Notifíquese a la parte demandante por estado, de conformidad con el artículo 171 del CPACA. 

NOTIFÍQUESE

GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADO el auto anterior.
Medellín, 9 de mayo de 2013 Fijado a las 8:00 A.M.

MARIA VICTORIA ALEAN JIMENEZ
Secretaria