JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
Medellín,  trece (13) febrero de dos mil trece (2013)

REFERENCIA :		
RADICADO:	05001 33 33 022 2012-00412	
ACCIÓN:	Nulidad y restablecimiento –Lesividad	
	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL- CAJANAL EICE EN LIQUIDACION	
	JOSE ALVARO RESTREPO TORO	
ASUNTO:	Niega suspensión provisional	

A folio 748 del escrito de la demanda la apoderada de la parte demandante solicita la suspensión provisional de los actos impugnados, argumentando que las Resoluciones Nos. UGM 029196 del 25 de enero y 042511 del 12 de abril de 2012, fueron proferidos por CAJANAL en acatamiento a lo resuelto por el juez de tutela en sentencia del día 30 de mayo de 2008 del Juzgado Séptimo del Circuito de Manizales que ordenó reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor José Álvaro Restrepo Toro, con el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios prestados y no por una doceava parte.

Con base en lo anterior aduce que la decisión adoptada por su representada se dio por razones de fuerza mayor desconociéndose el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, en tanto que dicha corporación ha sostenido que el calculo de las pensiones se debe computar en forma proporcional en cuanto a la bonificación por servicios prestados, debido a que se trata de una prestación que se va causando mes a mes durante el año laborado. 

CONSIDERACIONES

El artículo 238 de la Constitución Política atribuye a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competencia para 

“suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

El artículo 231 del CPACA, establece:

"Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, las suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud,. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

“1) Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

"2) Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

"Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor".
Debe tenerse en cuenta que, entre los requisitos exigidos por la norma está la sustentación expresa de la petición, así lo ha reiterado el Consejo de Estado en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor MARIO ALARIO MÉNDEZ, Referencia: expediente 3069, expresa:

“Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. la sustentación de la solicitud de suspensión provisional, se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal”

Ahora bien, es procedente la suspensión provisional como garantía para el ciudadano, pero desde luego, cuando se demuestren los requisitos necesarios, entre ellos, que la decisión de la administración sea ostensiblemente violatoria de las normas superiores, y según el numeral 2° del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, hay manifiesta violación de una norma superior cuando "se puede percibir a través de una sencilla comparación", esto es, de un sólo golpe de vista, o, como lo ha reiterado la jurisprudencia, prima facie, "sin duda, que no requiere circunloquios ni reflexiones profundas, o sea que de la comparación de una y otra norma colocadas como en doble columna, surja evidentemente sin profundidad. No es posible la suspensión si debe penetrarse con alguna profundidad en el concepto, o sea en la doctrina que lleva consigo las palabras con que esté redactada la norma superior" 

De manera que para que proceda la suspensión provisional la trasgresión de las normas violadas debe surgir de manera ostensible. En estos términos se pronunció el Consejo de Estado, con ponencia de Ana Margarita Olaya Forero, Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00086-00(1474-06), del veinticinco (25) de enero de dos mil siete (2007), indicando que:

“De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda la suspensión provisional de los actos administrativos es menester que la trasgresión de las normas superiores invocadas surja de manera ostensible, es decir, de la simple comparación entre éstas y el acto acusado, sin necesidad de profundos razonamientos, evento que no se presenta en el caso sub lite, pues tal quebranto no se aprecia prima facie, ya que los argumentos expuestos por el demandante en la solicitud de suspensión provisional imponen el examen de fondo del asunto. De la confrontación de los textos pretranscritos, es claro que en efecto el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución política consagra que el Presidente de la República, puede modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. A su vez, el artículo 1° del Decreto 092 del 7 de febrero de 2000, señala que el Banco Cafetero S.A, se encuentra sometido al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, excepto en cuanto al régimen de personal que será el previsto en el artículo 29 de sus estatutos y el de las actividades propias del giro ordinario de sus negocios que se sujetarán a las disposiciones de derecho privado. Deben entonces analizarse con detenimiento las normas demandadas, a saber Decreto 092 del 7 de febrero de 2000 y el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, para establecer si realmente con la expedición del decreto mencionado, se vulnero la facultad consagrada en la ley, que en sentir del peticionario, surgió al excepcionarse del régimen jurídico natural y obvio de los trabajadores oficiales, a los trabajadores del Banco. En este orden de ideas, habrá de negarse la suspensión provisional solicitada y habida consideración de que la demanda reúne los requisitos legales, se ordenará su admisión.”

En el proceso de la referencia, no es procedente la suspensión provisional de los actos impugnados, habida consideración que la alegada violación no surge de manera evidente del cotejo de los actos con las normas que se alegan como violadas, por lo cual no se accederá a la suspensión provisional solicitada.

Por lo expuesto, el JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

RESUELVE

1. NEGAR la suspensión provisional impetrada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE

GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADO el auto anterior.
Medellín, 14 de  febrero de 2013. Fijado a las 8:00 A.M.

MARIA VICTORIA ALEAN JIMENEZ
Secretaria