JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
Medellín, treinta (30) de enero de dos mil trece (2013)

REFERENCIA :		
RADICADO:	05001 33 33 022 2012 00274 00	
ACCIÓN:	CONCILIACION	
DEMANDANTE:	COMFENALCO ANTIOQUIA  	
DEMANDADO:	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO –ITM  	
ASUNTO:	Resuelve recurso de reposición y Niega recurso de apelación. 	

Mediante escrito presentado el día once (11) de diciembre de 2012 el apoderado de la entidad convocante- COMFENALCO ANTIOQUIA  (fl.129 y 130.) interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en contra de la providencia del día cinco (5) de diciembre de 2012, notificada por estados a las partes el día seis (6) de diciembre de 2012, (fl.126 a 128) y al Ministerio Público el día veintitrés (23) de enero de 2013, por la cual se improbó la presente conciliación.

Como motivos de inconformidad el apoderado señala que en respuesta al requerimiento que realizó el Despacho se aportó el poder conferido por la representante legal de la entidad convocada en que indicaba que el apoderado contaba con todas las facultades y que además para el momento de la diligencia la misma se encontraba presente y que le confirió en la diligencia todas las facultades para conciliar; así mismo señala que en la conciliación no se requiere actuar a través de apoderado porque el representante legal tiene toda la disponibilidad de los derechos y que no por haber conferido poder no se le excluyó de participar en el trámite conciliatorio.

Por otra parte el apoderado manifiesta que  el auto desconoce la competencia  consagrado en el artículo 73 de la Ley 446 de 1998 toda vez que no se improbó el acto por falta de prueba, por existir violación a la ley y que además no se indican las razones que conduzcan a concluir que el acuerdo es lesivo para el patrimonio público y que por tanto debe aprobarse el acuerdo. 

Procede el despacho a resolver los recursos, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

El artículo 243 del CPACA consagra:

“Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos.

(…)
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.” (Negrillas fuera del texto)

Ahora bien, el artículo 242 del CPACA establece:

“Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. 

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en Código de Procedimiento Civil.”

Así las cosas es claro que contra la providencia recurrida, esto es, mediante la cual se improbó la conciliación, procede el recurso de reposición interpuesto. 

Revisado el expediente advierte el Despacho que mediante providencia del día diecinueve (19) de octubre de 2012, notificada por estado el día veintidós (22) de octubre de 2012 se requirió a la parte para que en el término de 5 días acreditara lo siguiente: “copia autentica	contrato de prestación de servicios P-2194 de 2011, así mismo original o copia autentica del informe y/o certificación de control de ejecución o interventoría en el cual conste que el contrato se cumpli ó a cabalidad y finalmente deberá acreditarse que el apoderado judicial de la entidad demandada –ITM estaba expresamente facultado para conciliar en el asunto de la referencia mediante poder otorgado por el representante legal de dicha entidad, toda vez que en el poder que obra a folio 22 no se otorgó de forma expresa la facultad de conciliar de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.” (Negrillas fuera del texto)

Con base en lo anterior y en atención al requerimiento citado anteriormente el apoderado de  la parte convocada- INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM allegó escrito en el que manifestó que si bien es cierto no se concedió la facultad expresa para conciliar, la representante legal se encontraba en la diligencia; así mismo allegan poder con la facultad expresa para conciliar, sin embargo se advierte que la presentación personal del mismo es posterior a la fecha de la diligencia de conciliación (fl.124)

Frente a la facultad expresa para conciliar que se debe consagrar en los poderes otorgados a los abogados que representen a las partes en los acuerdos conciliatorios el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección C en auto del día veintiocho (28) de noviembre de 2011, por medio del cual resolvió recurso de apelación contra providencia que improbó acuerdo conciliatorio, expuso lo siguiente: 

“En ese sentido, el art. 59 de la ley 23 de 19912[2], modificado por el art. 70 de la ley 446 de 1998, establece que las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, los conflictos de carácter particular y contenido económico que sean de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, con ocasión de las acciones indemnizatorias, de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y contractual, previstas en el Código Contencioso Administrativo. 

De esta forma, el juez aprobará el acuerdo logrado por las partes, siempre y cuando verifique el cumplimiento de los requisitos, que se pasan a examinar: 

1.	Según el art. 61 de la ley 23 de 19913[3], modificado por el art. 81 de la ley 446 de 1998, el primer aspecto objeto de análisis está relacionado con la caducidad de la acción. Así, es imprescindible determinar que la actuación se haya iniciado dentro del término dispuesto para ello. 

(…)

2.	De otro lado, conforme al art. 59 de la ley 23 de 1991, modificado por el art. 70 de la ley 446 de 1998, el acuerdo conciliatorio al que lleguen las partes se restringe a las acciones o derechos de naturaleza económica. 
(…)

3.	Un tercer requisito exige que las partes estén debidamente representadas, y especialmente que los apoderados cuenten con la facultad para conciliar. 

En el caso concreto, se advierte que, efectivamente, las partes acudieron al proceso a través de apoderado judicial, constituido en forma legal, y de acuerdo con los poderes aportados, tanto por el apoderado de la convocante6[6] como por el de la convocada7[7], tienen la facultad para conciliar, total o parcialmente. No obstante, se razonará con más detalle este punto, porque el Tribunal, en la providencia apelada, llegó a otra conclusión. 

En el análisis de la representación de las partes, el a quo consideró que el apoderado de Caprecom carece de facultad para conciliar, al advertir que dentro de las funciones especificas que fueron delegadas por la Directora General de Caprecom en la Subdirectora Jurídica, en materia de representación judicial y prejudicial, no consta la de otorgar poderes a los abogados de la entidad para conciliar8[8] en los procesos. En consecuencia, al cuestionar la validez del poder que le confirió la Directora Jurídica al abogado que representa a la entidad con facultad expresa para conciliar en este trámite, el Tribunal estimó pertinente compulsar copias de la providencia a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación. 
En este punto es preciso hacerle claridad sobre la figura de la delegación de competencias administrativas, que se define como una alteración legítima de la competencia atribuida a un órgano. Se trata de una institución de derecho público, en virtud de la cual un órgano superior puede entregarle a otro inferior – delegación vertical -, las funciones asignadas por la ley9[9]. 

En el sub lite se está frente a un típico caso de lo que se denomina delegación inter-orgánica, porque la Directora General de Caprecom, mediante acto administrativo, delegó en la Subdirección Jurídica la competencia general para representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, lo que es distinto a la representación que ejerce un abogado que recibe tan sólo un poder del delegado para hacerlo, como quiera que en la primera actuación se entrega una competencia asignada originalmente por la ley, mientras que en el acto de otorgar poder sólo confiere facultades específicas a un letrado para representar en un proceso concreto a una entidad. 

Por lo anterior no es aplicable a la delegación de una competencia la exigencia de manifestar, expresamente, la facultad para conciliar, que si se requiere a efectos de otorgar el poder a un abogado, porque se debe entender, en la delegación del caso concreto, que al entregarse la representación judicial completa está incluida la potestad de constituir mandatos judiciales, con o sin capacidad de conciliación. Por las razones expuestas, la Subdirectora Jurídica de Caprecom, si tenía competencia para darle poder al abogado representante de la entidad, incluida la facultad de conciliar. 

(…)” (Negrillas fuera del texto)

De conformidad con la providencia en cita el poder otorgado a un abogado para actuar en un acuerdo conciliatorio debe consagrar expresamente la facultad para conciliar, así mismo debe señalarse que la facultad de conciliar recae expresamente sobre el representante legal o quien se encuentre delegado para ejercer dicha facultad y por tanto quien la ostenta debe otórgala de manera explícita en el poder. 
 
Aunado a lo anterior el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil señala:

ARTÍCULO 70. FACULTADES DEL APODERADO. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 26 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos: 
Solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas en aquélla. 
El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan. 
El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros. 
El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma; tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa. (Negrillas fuera del texto)

En cuanto a lo planteado por el recurrente en el sentido de que no era necesaria otorgar la facultad en el poder toda vez que la representante legal concurrió a la diligencia, debe advertirse  que si bien a la diligencia se presentó la doctora Luz Mariela Sorza Zapata  representante legal de la entidad convocada, del acta se desprende que la misma actuó a través de apoderado, el doctor Jesús Alonso Arroyave Pérez, tal como fue señalado en el acta de la audiencia (fl.111) “le confirió poder para representarla en la presente diligencia”, igualmente se advierte que en la diligencia tampoco se hizo mención alguna respecto de la facultad expresa para conciliar del mencionado apoderado en el asunto de la referencia.   

Ahora bien, respecto de la afirmación realizada por el apoderado de la parte convocante en relación a que el Despacho desconoce la competencia consagrada en el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, se pone de presente que de conformidad con el artículo 24 de la Ley 640 de 2001 le corresponde al Juez la aprobación de dicho acuerdo conciliatorio, sin desconocer la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos reiterando que en el presente asunto no existía facultad expresa para conciliar que hubiese sido otorgada por el representante legal de la entidad convocada a su apoderado. 

En razón de lo expuesto, el Despacho NO REPONDRÁ LA DECISIÓN RECURRIDA, y estará a lo resuelto en la providencia del día cinco (5) de diciembre de 2012.

En cuanto al recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria contra el auto del día cinco (5) de diciembre  de 2012, se determina que no es procedente toda vez que el numeral 4 del artículo 243 del CPACA solo consagró este recurso para el auto que impartiera aprobación al acuerdo conciliatorio condicionándolo a que solo podría ser interpuesto por el Ministerio Público; igualmente debe traerse a colación que aunque el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no derogó expresamente el artículo 73 de la Ley 446 de 1998 en el cual se consagra el recurso de apelación para las providencias que aprobaran o improbaran el acuerdo conciliatorio, lo hizo de manera tácita con el articulo 243 anteriormente citado norma posterior y especial que reguló el asunto, lo que implica que para el caso concreto de improbación no es procedente el recurso de apelación por lo cual se NEGARÁ el mismo.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTIDÓS  ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,

RESUELVE:

PRIMERO:	No reponer el auto del día cinco (5) de diciembre de 2012, por el cual se improbó la presente conciliación, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

SEGUNDO: NEGAR el recurso de apelación interpuesto por improcedente.

NOTIFÍQUESE

GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL  DE MEDELLÍN

CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADO el auto anterior.
Medellín, 31 DE ENERO DE 2013 Fijado a las 8:00 A.M.

MARIA VICTORIA ALEAN JIMENEZ
Secretaria 

JUEZ